Un acuerdo crucial

El desaf¨ªo econ¨®mico y geopol¨ªtico que propone el Tratado Transatl¨¢ntico para el Comercio y la Inversi¨®n (TTIP) definir¨¢ probablemente la econom¨ªa mundial en este siglo. Pretende crear una zona libre comercial de 800 millones de consumidores, capaz de negociar ventajosamente con el bloque asi¨¢tico (incluida China) e impulsar las econom¨ªas de Estados Unidos y Europa mediante una gran cirug¨ªa de trabas comerciales (aranceles y tarifas). Para Europa supondr¨ªa un impulso financiero equivalente a 120.000 millones anuales, unos 400.000 empleos m¨¢s y un aumento estimado de medio punto en el PIB conjunto de los 28 Estados.

Es un est¨ªmulo apetecible en una fase de bajo crecimiento econ¨®mico. Y una oportunidad estrat¨¦gica, porque, tarde o temprano, el comercio mundial tendr¨¢ que circular por los ra¨ªles que quiere construir el TTIP: eliminar tasas, tarifas y barreras. Firmar el TTIP significar¨ªa, por ejemplo, que las empresas europeas podr¨ªan acudir libremente a licitaciones p¨²blicas en Estados Unidos; o la eliminaci¨®n de muchos aranceles que gravan con hasta el 30% los intercambios de productos y servicios. Firmar ese tratado supondr¨ªa un incentivo considerable para el ¨¢rea del d¨®lar y para la alica¨ªda econom¨ªa del euro.

Pero probablemente no se firmar¨¢ este a?o. Europa se ha dividido en dos bandos acuciados por elecciones pr¨®ximas: los que aprecian las ventajas econ¨®micas y quienes alertan sobre los riesgos potenciales de perder derechos y calidad en los productos y servicios europeos. Lo peor es que la decimotercera ronda de conversaciones ha confirmado diferencias aparentemente irreconciliables. La m¨¢s importante ata?e a la cl¨¢usula Investor State Dispute Settlement (ISDS), que reconoce el derecho de una compa?¨ªa a demandar un cambio en la legislaci¨®n de un Estado si considera que es lesiva para su actividad. Tal como se propone hoy, la ISDS subvierte la l¨®gica de que los Estados son soberanos y sus decisiones predominan sobre las de las empresas. Francia ya ha anunciado que no firmar¨¢ el TTIP en las condiciones actuales. Es toda una concepci¨®n del Estado la que est¨¢ en juego.

Otra disensi¨®n enconada afecta al sistema de resoluci¨®n de conflictos entre partes. Las multinacionales no aceptan la justicia ordinaria, quiz¨¢ porque creen que en caso de litigio se inclinar¨ªa hacia la parte europea. Pero la f¨®rmula de arbitraje que se propone desde Estados Unidos (un ¨¢rbitro por cada una de las partes, m¨¢s un tercero decidido por ambas) no garantiza la aplicaci¨®n de la legislaci¨®n europea. Europa objeta que sus tribunales son suficientes para dirimir las diferencias y, de nuevo, la preeminencia de la legalidad p¨²blica sobre el pacto privado.

Hay m¨¢s razones para el disenso. Las leyes sanitarias, de salud p¨²blica, medioambientales y laborales son m¨¢s garantistas en Europa. En pura l¨®gica, Estados Unidos no puede aspirar a una igualaci¨®n sistem¨¢tica a la baja de toda la regulaci¨®n. Todo apunta a un retraso que, como es l¨®gico, no tiene por qu¨¦ ser una tragedia. La clave es evitar la precipitaci¨®n. Es mejor esperar ¡ªsiempre que la negociaci¨®n no se eternice¡ª a que las posiciones maduren y Europa logre un acuerdo compatible con los derechos vigentes, que forzar un mal acuerdo para adelantarse a un proceso electoral.