?Una oportunidad perdida con los minerales?

Muchos de los productos que empleamos en la vida cotidiana, tales como tel¨¦fonos m¨®viles, ordenadores, joyer¨ªa, bater¨ªas de coche o bombillas requieren minerales para su fabricaci¨®n. Minerales cuya extracci¨®n y comercializaci¨®n est¨¢, en demasiadas ocasiones, vinculada a la financiaci¨®n de conflictos armados, la violaci¨®n de derechos humanos, el crimen organizado y la destrucci¨®n medioambiental. Algunas de las regiones m¨¢s inestables del planeta, como el Este de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, la Rep¨²blica Centroafricana, la frontera entre Colombia y Venezuela y muchas otras, son sumamente ricas en materias primas y, especialmente, en algunos de los minerales m¨¢s demandados por las diferentes industrias.

La Uni¨®n Europea (UE) no puede soslayar este problema porque constituye uno de los principales bloques comerciales a nivel internacional. Los niveles de consumo de sus 500 millones de habitantes atraen a cerca del 16% de las importaciones mundiales de cuatro minerales estrat¨¦gicos para las industrias electr¨®nicas (el tantalio, el wolframio, el esta?o y el oro). Por no hablar de las importaciones indirectas de estos minerales a trav¨¦s de la demanda de productos acabados. T¨¦ngase en cuenta que la UE es el segundo mayor importador de m¨®viles y ordenadores port¨¢tiles del mundo, y que tres de los cinco principales importadores mundiales de estos dispositivos son Estados miembros.

Europa atrae cerca del 16% de las importaciones mundiales de tantalio, wolframio, esta?o y oro

El lado oscuro de este comercio est¨¢ bien documentado y es conocido por los organismos internacionales. Cuando Naciones Unidas elabor¨® los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, subray¨® sin ambages la responsabilidad de las empresas a la hora de asegurar que sus actividades comerciales no financian, directa o indirectamente, conflictos o violaciones de derechos humanos, independientemente del lugar geogr¨¢fico donde operen. Y de manera m¨¢s espec¨ªfica, la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE) aprob¨® poco despu¨¦s, con el respaldo de sus 39 pa¨ªses miembros m¨¢s otros 19 pa¨ªses que se sumaron a la iniciativa, la Gu¨ªa de la Diligencia Debida para el comercio de minerales, en la que se proponen una serie de pasos que pueden dar aquellas compa?¨ªas interesadas en garantizar un suministro responsable de minerales procedentes de zonas en conflicto o en alto riesgo de conflicto.

El problema es que dichos marcos de referencia son normativas de cumplimiento voluntario. Es decir, su aplicaci¨®n depende de la libre decisi¨®n de la empresa. Y lo que han constatado diversas? investigaciones desde entonces, es que las empresas raramente incorporan las recomendaciones de la OCDE por voluntad propia. Por el contrario, ¨¦stas s¨®lo son efectivas cuando se traducen en leyes de cumplimiento obligatorio, como sucede en EEUU. All¨ª, la Ley de Reforma de Wall Street y Protecci¨®n al Consumidor Dodd-Frank que se aprob¨® en 2010, incorpora una Secci¨®n (la 1502) que obliga a las compa?¨ªas que emplean tantalio, wolframio, esta?o u oro en la fabricaci¨®n de sus productos a informar al p¨²blico sobre la procedencia de estos minerales y los esfuerzos realizados para controlar los riesgos asociados a la violaci¨®n de derechos humanos en su cadena de suministros.

Las actuales regulaciones de cumplimiento voluntario se han demostrado muy poco efectivas

Siguiendo sus pasos, en 2014 la Comisi¨®n Europea se comprometi¨® a aprobar una legislaci¨®n similar en esta materia. Sin embargo, la deriva que han seguido las negociaciones desde entonces corre el riesgo de conducirnos hacia una v¨ªa muerta, debido a las discrepancias existentes entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Uni¨®n Europea. El 20 de mayo de 2015, la primera de estas instancias, aprob¨® por votaci¨®n una serie de enmiendas a favor de la obligatoriedad de la ley para todas las empresas europeas involucradas en la cadena de suministro de estos minerales. El pasado 17 de diciembre, sin embargo, los Estados miembros decidieron rebajar los est¨¢ndares de responsabilidad definidos por la OCDE y limitar la aplicaci¨®n de la futura ley a unas pocas empresas.

Queda poco tiempo para lograr un acuerdo en esta materia y no podemos seguir esperando. Por eso, desde amplios sectores de la sociedad civil europea y desde la coalici¨®n de 80 oeneg¨¦s nacionales e internacionales que estamos haciendo seguimiento de esta legislaci¨®n, pedimos a los Estados miembros, incluido el nuestro, que acerquen sus posicionamientos a los de la Euroc¨¢mara. S¨®lo si logramos una legislaci¨®n obligatoria que abarque a un n¨²mero significativo de empresas, podremos generar cambios reales en el sector.

Guillermo Otano es responsable de incidencia pol¨ªtica de la Campa?a Tecnolog¨ªa Libre de Conflicto, de la Fundaci¨®n ALBOAN, y Marta Mendiola es la responsable del Trabajo sobre Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales de Amnist¨ªa Internacional.

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