Deriva inquisitorial

Una parte de la opini¨®n p¨²blica espa?ola, agitada por informaciones poco contrastadas o incluso dirigidas, est¨¢ atravesando por una fase en la que se persigue con sa?a cualquier atisbo de delito, sospecha de corrupci¨®n o incluso infracciones dudosas o sin confirmar. La persecuci¨®n adopta en muchos casos maneras inquisitoriales o intenciones que van m¨¢s all¨¢ de la l¨®gica reprobaci¨®n social de lo que se consideran conductas inapropiadas. Quiz¨¢ sea excesivo identificar esta percepci¨®n exacerbada con un macartismo arraigado en amplias capas de la sociedad, pero lo que s¨ª es cierto, como ponen de manifiesto algunas reacciones ante casos como los de Imanol Arias y Ana Duato, es que la presi¨®n de informaciones poco matizadas, a veces alentadas desde instancias oficiales, conducen al desprestigio profesional de los aludidos y complica la gesti¨®n jur¨ªdica imparcial de sus casos.

Y una parte de la opini¨®n publicada se ha embarcado en una febril caza del delincuente, sea presunto, real, convicto o falso culpable; esa persecuci¨®n corre el riesgo de extenderse a la consideraci¨®n profesional de los as¨ª proscritos.

Pero lo m¨¢s grave de este caso es que en ese enrarecimiento de la convivencia, que bordea en algunos casos el linchamiento moral con la contribuci¨®n de algunos medios de comunicaci¨®n, participan activamente instituciones p¨²blicas que deber¨ªan tener la distancia y la frialdad como normas. El caso m¨¢s evidente es el uso abusivo de informaci¨®n tributaria, que deber¨ªa ser confidencial y estar a buen recaudo en la Agencia Tributaria, como arma arrojadiza contra enemigos ¨ªntimos o declarados de las facciones en liza en el Gobierno. Es muy notable la desdichada utilizaci¨®n de informaci¨®n fiscal o simples sospechas contra personas y colectivos a los que se pretend¨ªa desplazar, neutralizar o amedrentar, desde Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre hasta miembros de la oposici¨®n o colectivos opuestos al Gobierno.

Los equipos de Rajoy no han sido pr¨®digos en aciertos, pero algunos de sus errores, como la filtraci¨®n interesada de informaci¨®n tributaria, rozan la consideraci¨®n de ataque a los principios del sistema democr¨¢tico. La Agencia Tributaria tiene la obligaci¨®n de custodiar los datos tributarios de los declarantes y, si se producen filtraciones interesadas, se est¨¢ cometiendo un delito grave. Esto es tan aplicable a la Agencia como a cualquier otro organismo p¨²blico que pretenda sustituir un proceso legal y equitativo ¡ªen el cual el acusado tiene derecho a defenderse frente a sus acusadores, o el derecho privado de cualquier ciudadano a zanjar con sus contratadores su situaci¨®n profesional¡ª por evaluaciones morales discutibles o, en todo caso, previo conocimiento total de los hechos. Y, sin embargo, da la sensaci¨®n de que algunas instituciones quieren apresurar las condenas y desatar una caza de brujas. No es descabellado suponer que las manchas de corrupci¨®n se disimulan mejor cuando todos los grupos sociales, partidos o colectivos aparecen marcados con lamparones, sean reales, supuestos o inducidos. Este no es, evidentemente, el camino para combatir la corrupci¨®n con eficacia y serenidad.