Perversos y corruptos

El prop¨®sito pol¨ªtico de la Junta de Andaluc¨ªa de aliviar los costes personales de los colectivos afectados por las reestructuraciones del sistema productivo de la regi¨®n, tratando de impedir una cadena de quiebra de empresas, den el a?o 2000 y subsiguientes, es considerado por el presidente de conservadora Asociaci¨®n de la Magistratura en Andaluc¨ªa e instructor de rebote del caso de los ERE como una iniciativa a sabiendas de vulnerar la ley para de una manera arbitraria disponer de caudales p¨²blicos.

?M¨¢s de 8.000 personas se beneficiaron de este procedimiento y cientos de empresas sobrevivieron gracias a esta iniciativa. Por tanto, los dineros p¨²blicos se emplearon para compensar a los rigores del mercado, la reestructuraci¨®n industrial y la expulsi¨®n de miles de personas del mundo laboral. Puede discutirse pol¨ªticamente esta iniciativa, pero nunca criminalizarla.

Como en cualquier procedimiento de cobertura social hay intrusos y funcionarios que no ejecutan honradamente la finalidad de dichas pol¨ªticas y no por eso estas son delictivas en s¨ª mismas y sus inspiradores son delincuentes. Este razonamiento podr¨ªa generalizarse y sentar en el banquillo a los ministros de Trabajo por los perceptores indebidos de pensiones o seguros de desempleo.

Es evidente que, seg¨²n este juez, Manuel Chaves, Jose Antonio Gri?¨¢n, Magdalena ?lvarez, m¨¢s que corruptos eran muy perversos y dotados de astucia sobrenatural, pues durante 12 a?os se coligaron con m¨¢s de 32 personas en un pacto de silencio para perpetrar este asalto a la legalidad y luego se lo hicieron tragar a todos los parlamentarios andaluces, a?o tras a?o, con la finalidad de delinquir a prop¨®sito.

Esta es la conclusi¨®n a la que llega el juez ?lvaro Mar¨ªn para configurar las bases de lo que se parece, por sus consecuencias pol¨ªticas, a una causa general a los Gobiernos socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa, aunque su objetivo sea impartir justicia.

Los problemas derivados del proceso de los ERE es que se instaura una potencial amenaza al sistema de libertades y a la seguridad jur¨ªdica

Por tanto, es leg¨ªtimo suponer que el juez hace suya, aunque no lo diga, que la finalidad de personas tan diferentes y honradas era favorecer a unos amiguetes pol¨ªticos o crear redes clientelares dependientes. Involuntariamente, se hace realidad la doctrina de Federico Trillo, embajador hoy en Londres, seg¨²n la cual lo que no ganes en las urnas siempre se puede intentar en los tribunales.

Como viene siendo, por otra parte, habitual desde que hace m¨¢s de cinco a?os comenz¨® este culebr¨®n judicial, toda campa?a electoral ha coincidido en su apertura con una actuaci¨®n judicial indiciariamente criminalizadora de la praxis pol¨ªtica de los dirigentes socialistas andaluces

Resulta todav¨ªa m¨¢s preocupante en los terrenos de la seguridad jur¨ªdica efectiva, la presunci¨®n de inocencia para todos los ciudadanos, que este instructor transforma aparentemente en la presunci¨®n de culpabilidad de los encausados en su prolijo auto, que por cierto no es de apertura del juicio oral .

Para mayor evidencia del prop¨®sito pol¨ªtico, deseado o no, de este auto, est¨¢ la nota de prensa remitida por el Tribunal de Superior Justicia de Andaluc¨ªa, cuyo titular dice que el juez acuerda juicio de los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa y eso si no es un delito de la oficina de prensa del se?or del R¨ªo, presidente de dicho tribunal, al menos constituye una falsedad. El propio instructor dice en el escrito que es un auto de continuidad y no supone que ya se vaya a obtener la foto de los encausados en el banquillo, faltando todav¨ªa recursos y actos procesales para se?alar la apertura del hipot¨¦tico juicio

Los problemas derivados de este auto y este proceso de los ERE es que se instaura una potencial amenaza al sistema de libertades y a la seguridad jur¨ªdica, porque est¨¢ fuera de toda duda y los hechos lo avalan que Chaves, Gri?¨¢n y ?lvarez son ciudadanos honrados, servidores p¨²blicos de de primera l¨ªnea, gente de coraje que se enfrentaron a los problemas y trataron de solucionarlos con eficacia y honradez. Nadie ha demostrado que se lucraron, que permitieran que otros lo hicieran y menos que idearan un procedimiento para vulnerar el orden jur¨ªdico y violentar la legalidad.

Un sociedad que se esconde, no sale en defensa de estos trabajadores p¨²blicos, que renunciaron por convicciones a otras dedicaciones m¨¢s productivas, cava su tumba y se adentra en los fangosos terrenos de la inmoralidad y la ignominia c¨ªvica. Por eso, es incomprensible para muchos la timorata actitud del Partido Socialista al enfocar este asunto, como si estos dirigentes honestos no merecieran al menos la presunci¨®n de inocencia efectiva y declarada de sus propios compa?eros.

Augusto Delkader es periodista.