Interior bajo sospecha

El funcionamiento del Ministerio del Interior es uno de los temas m¨¢s oscuros de este pa¨ªs. Se habla poco de ello durante la campa?a electoral, y no ser¨¢ porque falten datos. El ¨²ltimo es la presunta red de corrupci¨®n en el seno de la Polic¨ªa Nacional, puesta de manifiesto por el levantamiento del secreto del sumario en una pieza separada del llamado caso Nicolay (el procedimiento contra El Peque?o Nicol¨¢s).

Tan solo la intervenci¨®n de la fiscal¨ªa ha evitado, por el momento, la investigaci¨®n sobre cuatro comisarios por presuntos delitos de revelaci¨®n de secretos, encubrimiento y, en el caso de Jos¨¦ Manuel Villarejo, organizaci¨®n criminal. No es la primera vez que los responsables de Interior miran para otro lado. En este caso, el informe de la comisi¨®n judicial de la Polic¨ªa Nacional se?alaba al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, y a otros altos cargos por actuar en connivencia con Villarejo para ¡°acabar con la instrucci¨®n del procedimiento¡±. Puede que el fiscal tenga raz¨®n cuando dice que las acusaciones desbordan el ¨¢mbito formal de la investigaci¨®n en que estaban hechas. Sin embargo, Interior y la fiscal¨ªa no pueden quedarse quietos ante asuntos que afectan a la c¨²pula policial e incluso al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, al que se incluye en decenas de llamadas realizadas entre polic¨ªas y ciertos periodistas durante los momentos previos a la filtraci¨®n de una grabaci¨®n ¡ªilegal y manipulada¡ª que buscaba la nulidad del procedimiento contra El Peque?o Nicol¨¢s.

Lejos de acabar de ra¨ªz con lo que parece un servicio policial paralelo, nos encontramos con un ministerio convertido en una presunta f¨¢brica de dosieres pol¨ªticos. Entre ellos, los referidos a la familia Pujol, a Xavier Trias ¡ªexalcalde de Barcelona¡ª o el llamado informe PISA (siglas de Pablo Iglesias Sociedad An¨®nima), documentos difundidos p¨²blicamente sin membrete ni responsable alguno con el fin de forzar una investigaci¨®n oficial. Villarejo lleva muchos a?os compaginando la actividad policial con negocios particulares. Cuando EL PA?S ha dado cuenta de ello, el ministro, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, se ha limitado a resaltar sus servicios al Estado.

Estos hechos cuestionan al Ministerio del Interior, una instituci¨®n b¨¢sica en un Estado de derecho que en ning¨²n caso puede ser motivo de sospecha. Se a?ade a esta pol¨¦mica la controvertida ley de seguridad ciudadana (o ley mordaza), que atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de castigar una serie de conductas cuya sanci¨®n correspond¨ªa antes a los jueces y que permite sancionar la negativa a identificarse o la celebraci¨®n de manifestaciones sin comunicaci¨®n previa ante las Cortes, Parlamentos aut¨®nomos o altos tribunales.

No hab¨ªa motivos que aconsejaran incrementar los instrumentos a disposici¨®n de las fuerzas de seguridad para afrontar los excesos, que han sido escasos. Al contrario, pese a la dureza de la crisis econ¨®mica, Espa?a ha sido un pa¨ªs ejemplar en cuanto al orden p¨²blico y la seguridad ciudadana. Prueba del escaso apoyo a esa ley, que desde el principio fue rechazada por los penalistas m¨¢s importantes de este pa¨ªs, es la petici¨®n de derogaci¨®n que las fuerzas pol¨ªticas pactaron en la pasada legislatura. El ministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz ha tenido una gran ventaja sobre cualquiera de sus antecesores: en esta etapa no ha necesitado gestionar la lucha contra ETA. Y las numerosas investigaciones para prevenir el terrorismo yihadista se han hecho con m¨¢ximo consenso pol¨ªtico y con el respaldo judicial. No era tan dif¨ªcil llevar a cabo una buena gesti¨®n. Lamentablemente, se impuso la ideolog¨ªa y la voluntad de utilizar procedimientos oscuros contra enemigos pol¨ªticos.