Un mensaje contra la impunidad

El primer juicio en Per¨² contra militares del Ej¨¦rcito que cometieron violaciones sexuales colectivamente en dos distritos de Huancavelica (sierra central) comenz¨® el pasado viernes, tras ocho a?os de investigaciones y 31 a?os despu¨¦s de la primera agresi¨®n perpetrada por las fuerzas armadas, cuando ten¨ªan el control militar y pol¨ªtico (entre 1984 y 1994) en el contexto de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

El presidente del tribunal de la Sala Penal Nacional, Marco Serna Baz¨¢n, ha ofrecido realizar ¡°el menor n¨²mero de audiencias posibles¡±, a diferencia de la mayor¨ªa de casos por violaci¨®n de derechos humanos en Per¨², que toman de dos a cinco a?os.

El juicio oral es una nueva etapa para las 14 mujeres que denunciaron su caso en 2007 contra once militares, entre ellos tres oficiales. Uno de los abogados defensores de las v¨ªctimas, Carlos Rivera, explica que la demora se debe a que la investigaci¨®n fiscal fue realizada en Huancavelica, que hasta hace cinco a?os era la regi¨®n m¨¢s pobre del pa¨ªs. "No hab¨ªa informaci¨®n oficial del Ministerio de Defensa que diera cuenta del personal militar de las bases militares de Manta y Vilca, a lo que se suma la falta de recursos. Luego de la acusaci¨®n fiscal de 2014, el inicio del juicio tard¨® porque en la Sala Penal Nacional solo hay un tribunal [de cinco] que juzga derechos humanos, est¨¢ casi colapsado por la cantidad de casos que maneja, sumamente complejos, y de audiencias¡±, detalla.

Seg¨²n el informe final de la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n, que report¨® por primera vez en 2003 las decenas de violaciones sexuales en los distritos de Manta y Vilca, las v¨ªctimas ¨Cpobres y quechuahablantes¨C no denunciaron los hechos en las d¨¦cadas de los 80 y 90 porque los soldados las amenazaban con hacerlas desaparecer o agredir a sus familiares si se atrev¨ªan a hablar.

La violaci¨®n como tortura

La Comisi¨®n de la Verdad, basada en testimonios de civiles y en expedientes del fuero militar, relata que en marzo de 1984, el Ej¨¦rcito instal¨® bases contrasubversivas en Manta y Vilca y desarroll¨® una pol¨ªtica de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y saqueos, como forma de obtener informaci¨®n sobre miembros de Sendero Luminoso o castigar a quienes supuestamente colaboraban con ellos. La agrupaci¨®n mao¨ªsta quiso destruir al Estado peruano al declararle la guerra en mayo de 1980, y su estrategia era ir ¡°del campo a la ciudad¡±.

Las campesinas que acud¨ªan a las bases del Ej¨¦rcito a buscar a sus familiares desaparecidos o detenidos eran luego golpeadas y violadas en esas instalaciones militares, pero tambi¨¦n en sus casas o en las calles, adonde los soldados las segu¨ªan. ¡°Fueron sometidas a un r¨¦gimen de terror bajo las amenazas de violaci¨®n¡±, indica el informe de la entidad que investig¨® la violencia entre los a?os 1980 y 2000.

Las campesinas que acud¨ªan a las bases del Ej¨¦rcito a buscar a sus familiares desaparecidos o detenidos eran golpeadas y violadas, indica un informe

La Comisi¨®n revela que hubo actos de violencia sexual en 70 instalaciones militares en 12 regiones del Per¨², pero tambi¨¦n en sedes policiales y en prisiones. Con los testimonios recogidos entre 2002 y 2003, contabiliz¨® 527 mujeres v¨ªctimas de violaci¨®n sexual, pero al 2014 la cifra ha crecido. El Estado ha registrado 3.063 v¨ªctimas de ese delito en los a?os del conflicto interno en el Registro de V¨ªctimas de la Violencia.

Rivera destaca que la acusaci¨®n fiscal para el caso de Manta y Vilca califica el conjunto de violaciones sexuales en ambos distritos como un crimen de lesa humanidad, ¡°porque fue parte de la pol¨ªtica de Estado, hubo un patr¨®n sistem¨¢tico, y las v¨ªctimas fueron civiles, por ello el delito no prescribe¡±, explic¨®, aludiendo a los testimonios sobre m¨¢s de 30 mujeres violadas en esas jurisdicciones.

La Fiscal¨ªa ha pedido penas de ocho a 18 a?os de prisi¨®n, porque en algunos casos las mujeres fueron violadas m¨¢s de una vez. De los catorce acusados, uno ha fallecido; siete asistieron a la primera audiencia, y seis se ausentaron.

Expectativa por un juicio p¨²blico

¡°No podemos ser ajenos a que este juicio tiene una particular atenci¨®n por la trascendencia de lo que se discute, para la ciudadan¨ªa¡±, coment¨® en la primera audiencia el juez Serna, aunque plante¨® a sus dos colegas que las siguientes sesiones podr¨ªan ser reservadas, de acuerdo con un art¨ªculo del C¨®digo de Procedimientos Penales para los casos de violaci¨®n sexual.

Los defensores de los acusados pidieron audiencias reservadas: ¡°Cada uno tiene su propia familia y pueden verse afectados de manera negativa¡±, dijo una de las abogadas.

Al final de la primera audiencia, Rivera coment¨®: ¡°Aqu¨ª las v¨ªctimas son las se?oras, y hemos planteado un precedente: en el juicio por violaci¨®n sexual a M.M.B. (iniciales del nombre de la v¨ªctima), las audiencias han sido p¨²blicas, solo una fue reservada cuando una testigo, que tambi¨¦n fue v¨ªctima de violaci¨®n, reconoci¨® f¨ªsicamente a quien orden¨® las acciones¡±.

El caso de M. M. B. es el primer juicio individual por una violaci¨®n sexual cometida por miembros de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ej¨¦rcito en octubre de 1992 contra una estudiante de la Universidad La Cantuta. Detuvieron a la joven, sin la presencia de un fiscal y sin mediar una orden judicial o policial, la encerraron cuatro d¨ªas en una instalaci¨®n militar en Lima, la violaron varias veces, y la obligaron a firmar un documento en el que se autoinculpaba de pertenecer a Sendero Luminoso. Una ni?a naci¨® a ra¨ªz de dichos abusos.

Mar¨ªa Ysabel Cedano, otra de las abogadas de las v¨ªctimas de Manta y Vilca, tambi¨¦n exigi¨® el derecho a la publicidad del juicio. ¡°A pesar del dolor que significa revivir lo sucedido, ellas quieren que se conozca su verdad y haya sanci¨®n porque desean que esto no vuelva a suceder. Algunas ten¨ªan 14 o 17 a?os en ese tiempo y dicen que les hicieron perder su vida, porque si quiz¨¢ tuvieron educaci¨®n y trabajo, les privaron de una vida de familia, y los hijos (producto de violaci¨®n) han tenido que enfrentar mucho dolor¡±, asever¨®.

La polit¨®loga estadounidense Jo-Marie Burt, quien actu¨® como observadora internacional en las audiencias del caso Sepur Zarco en Guatemala ¨Ccon dos jefes militares condenados por someter a mujeres a servidumbre sexual¨C estableci¨® un paralelo y destac¨® la importancia del car¨¢cter p¨²blico del proceso ¡°porque tiene un efecto educativo en la sociedad y en la memoria colectiva, pero tambi¨¦n porque solo as¨ª se puede monitorear qu¨¦ ocurre en el juicio¡±.

Contra la impunidad

Para la autora del libro Violencia sexual en la guerra y en la paz. G¨¦nero, poder y justicia posconflicto en el Per¨², Jelke Boesten, el juicio por los delitos en Manta y Vilca "tiene un valor enorme para las v¨ªctimas, sus familias, y la sociedad en conjunto". "Es important¨ªsimo para todas las mujeres violadas por militares durante el conflicto armado. Adem¨¢s, en un pa¨ªs con altas tasas de violencia hacia mujeres y ni?as, y poca justicia, un proceso de esta dimensi¨®n debe enviar un mensaje de que no se puede violar con impunidad".

Boesten, profesora e investigadora de g¨¦nero y desarrollo en King¡¯s College en Londres, remarca que las v¨ªctimas de Huancavelica han pasado por un dif¨ªcil proceso de diez a?os, acompa?adas por dos ONG de defensa legal, ¡°para poder enfrentar los hechos en una Corte¡±.

A su vez, la antrop¨®loga Mercedes Cris¨®stomo, la primera investigadora que en 2002 entrevist¨® a ciudadanos de Manta y Vilca para documentar estas historias, espera que ¡°el Poder Judicial logre crear jurisprudencia y sancione la violencia sexual que las mujeres de Manta sufrieron durante el conflicto armado interno¡±. ¡°En aquellos a?os las mujeres acompa?adas de sus familiares denunciaron la violencia sexual primero ante los jefes de los comandos pol¨ªticos militares y, luego, ante la prefectura de Huancavelica. Pero reci¨¦n este a?o el Estado acepta iniciar el proceso judicial¡±, asegura Cris¨®stomo.

La investigadora y profesora de la Universidad Cat¨®lica plantea que la justicia debe contemplar ¡°medidas para sus familias, comunidades y para los muchos hijos e hijas producto de la violaci¨®n sexual". "Tambi¨¦n ser¨¢ fundamental medidas sancionadoras no solo para los soldados y oficiales que cometieron estos hechos sino a la instituci¨®n del Ej¨¦rcito que en su momento recibi¨® denuncias y no hizo nada para sancionar a los agresores", a?ade.