El Estado de derecho flexible

EL ESTADO DE DERECHO FLEXIBLE

Desde el 19 de julio y durante m¨¢s de diez d¨ªas, se ven¨ªa dando por hecho que la Mesa del Congreso atender¨ªa la solicitud de los ocho diputados de CDC para constituir grupo parlamentario propio, a pesar de que su interpretaci¨®n del requisito del "15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" que exige el art¨ªculo 23.1 del Reglamento del Congreso era absolutamente inveros¨ªmil (ponderar los porcentajes obtenidos en cada provincia olvidando el n¨²mero absoluto de votos en cada una). Seg¨²n su portavoz, Francesc Homs, los precedentes avalaban su interpretaci¨®n flexible, como por ejemplo cuando se le permiti¨® al PNV formar grupo propio a pesar de que en Navarra no obten¨ªa el 15% de los votos.

Me parece muy buena idea estudiar los precedentes de esa solicitud, aunque me temo que los resultados no son exactamente los que dice Homs. As¨ª, su referencia a la formaci¨®n de grupo del PNV nos lleva hasta las elecciones celebradas entre 1982-2000 en el que el PNV nunca obtuvo el 15% en Navarra, pero como superaba ese porcentaje en la suma total de las cuatro provincias en las que se present¨® (?lava, Guip¨²zcoa, Vizcaya y Navarra), la Mesa le permiti¨® formar grupo. Esa interpretaci¨®n literal del art¨ªculo 23.1 del Reglamento no sirve para que se constituya el "Grupo Parlamentario Catal¨¢n (PD)" porque CDC solo ha obtenido el 13'92% en el total de las cuatro provincias en las que se ha presentado.

Otro caso en el que la Mesa tuvo que estudiar si un partido ten¨ªa derecho a constituir grupo fue en 2004 cuando consider¨® (con el voto a favor del PSOE) que los ocho diputados de Esquerra Republicana pod¨ªan formar grupo porque en las cuatro provincias catalanas hab¨ªan logrado el 15'89% y no le sum¨® los paup¨¦rrimos porcentajes obtenidos en Valencia, donde Esquerra no logr¨® representaci¨®n. M¨¢s que una interpretaci¨®n flexible, fue una interpretaci¨®n arbitraria porque el Reglamento habla de "circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" y no "en las que hubiera obtenido diputados". Pero, fuera lo que fuera, este precedente tampoco le sirve al CDC porque sus ocho diputados obtenidos en Catalu?a en 2016 no alcanzan el 15% de los votos.

El tercer precedente de interpretaci¨®n pol¨¦mica del art¨ªculo 23.1 sucedi¨® en 2011 cuando la Mesa -entonces controlada por el PP- decidi¨® que los siete diputados de Amaiur no ten¨ªan derecho a formar grupo porque en Navarra hab¨ªa obtenido el 14,86% de los votos aunque en el conjunto de las cuatro provincias en las que se hab¨ªa presentado (Navarra m¨¢s las tres vascas) hab¨ªa obtenido un 22%. Como CDC no ha conseguido el 15% de los votos ni en el conjunto de Catalu?a ni en las provincias de Barcelona (12'26%) y Tarragona (13'72%), su situaci¨®n es mucho peor que la de Amaiur.

Por tanto, los precedentes no es que no le sirvan al CDC para fundamentar su petici¨®n, es que le son absolutamente contrarios. Y sin embargo, hay un detalle en esos precedentes que permit¨ªa que la Mesa del Congreso cometiera la arbitrariedad de crear el grupo del PDC sin que pudiera ser reparada jur¨ªdicamente: cuando el PP (iron¨ªas de la pol¨ªtica) recurri¨® ante el Tribunal Constitucional en 1986 la formaci¨®n del grupo del PNV y en 2004 la de Esquerra, el Constitucional le neg¨® legitimidad para hacerlo porque no se ve¨ªa afectado ning¨²n derecho del PP. En el tercer caso, Amaiur recurri¨® la denegaci¨®n de su grupo y el Tribunal Constitucional inadmiti¨® el recurso por una "manifiesta inexistencia de violaci¨®n de un derecho fundamental tutelable en amparo". Por eso, la Mesa pod¨ªa estar tranquila: decidiera lo que decidiera, ning¨²n tribunal la iba a controlar.

As¨ª que en 2011 a los independentistas vascos, cumpliendo las condiciones del Reglamento del Congreso, el PP (con la vergonzante abstenci¨®n del PSOE y, nueva paradoja, de CDC) les deneg¨® el grupo parlamentario propio y ahora en 2016 a los independentistas catalanes, incumpli¨¦ndolas claramente, los mismos de hace cinco a?os estaban dispuestos a conced¨¦rselo alegando una fantasmag¨®rica ¡°cortes¨ªa parlamentaria¡± hasta que un hecho extrajur¨ªdico se ha cruzado en su camino: el desaf¨ªo del Parlamento de Catalu?a al Tribunal Constitucional. A¨²n as¨ª, PP, PSOE y Unidos Podemos han preferido abstenerse en la votaci¨®n de la Mesa, demostrando que la concesi¨®n del grupo de Convergencia se ha afrontado como una cuesti¨®n pol¨ªtica: en las cuestiones jur¨ªdicas no cabe la abstenci¨®n, porque los derechos se tienen o no se tienen, tertium non datur. Espa?a tiene muchos problemas como para fijarse en esta minucia de permitir o no grupo parlamentario. Si acaso, la historia de la interpretaci¨®n del art¨ªculo 23.1 (a la que se le a?ade la c¨ªnica pr¨¢ctica del pr¨¦stamo de senadores) es un mensaje que las Cortes env¨ªan a toda la sociedad y que un lector de Jaime Gil de Biedma puede leer as¨ª: de todos los Estados de Derecho, el de Espa?a es el m¨¢s triste porque siempre se flexibiliza al gusto del que tiene el poder y solo por casualidad del que tiene la raz¨®n jur¨ªdica.

Agust¨ªn Ruiz Robledo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

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