Colombia resiste

Frente a la inminencia de un acuerdo definitivo para cerrar el conflicto armado en Colombia entre el Gobierno de ese pa¨ªs y las FARC-EP, hace unos meses, el ex Presidente ?lvaro Uribe llam¨® a la "resistencia civil" del pueblo colombiano. La resistencia civil se ha visto. Lo singular de su prop¨®sito es que, en la historia, ese tipo de acciones pol¨ªticas se han desarrollado contra la discriminaci¨®n o la tiran¨ªa, jam¨¢s contra la paz. Nunca en la historia de los procesos de paz en el mundo (como en Irlanda del Norte, El Salvador, Sud¨¢frica, Liberia, Nepal o Filipinas, entre otros) se ha visto a un popular dirigente pol¨ªtico tan radical en su contra.

La ¡°oposici¨®n sistem¨¢tica¡± a los acuerdos de la Habana, como los miembros del Centro Democr¨¢tico (partido pol¨ªtico del dirigente de derechas) han definido el movimiento, no es algo novedoso para esa agrupaci¨®n pol¨ªtica que ha estado en oposici¨®n a Santos por su viudez de poder, pero es leg¨ªtima. Divulgar mentiras e interpretaciones ama?adas, adem¨¢s de premoniciones subjetivas y argumentos que explotan y promueven el temor, no lo es.

El acuerdo final es la integraci¨®n de los m¨¢s espec¨ªficos acuerdos entre las partes respecto a los seis puntos de una agenda pactada en 2012, denominada ¡°Acuerdo general para la terminaci¨®n del conflicto y la construcci¨®n de una paz estable y duradera¡±. Dichos puntos son: Pol¨ªtica de desarrollo agrario integral; Participaci¨®n pol¨ªtica; Fin del conflicto; V¨ªctimas del conflicto; Soluci¨®n al problema de las drogas il¨ªcitas e Implementaci¨®n, verificaci¨®n y refrendaci¨®n. Todo muy serio, todo muy claro.

El pacto sobre desarrollo agrario no atenta contra la propiedad privada sino que permite formalizar la tierra bien habida

El acuerdo de desarrollo agrario lejos de atentar contra la propiedad privada es una evoluci¨®n hacia la formalizaci¨®n de la tierra bien habida, como lo ha se?alado el ex Ministro conservador Juan Camilo Restrepo. El acuerdo sobre participaci¨®n pol¨ªtica no significa la entrega del poder al castrochavismo sino la garant¨ªa a todos los ciudadanos (s¨ª, las FARC y sus bases son y se reconocer¨¢n, tras la firma, como ciudadanos colombianos) para participar en pol¨ªtica sin un exterminio de por medio. El acuerdo sobre drogas il¨ªcitas no supone que el pa¨ªs ¡®nadar¨¢¡¯ en coca¨ªna, sino cambiar el paradigma en una guerra perdida y que se d¨¦ una verdadera sustituci¨®n de cultivos. Y el acuerdo sobre v¨ªctimas no es un acuerdo de ¡°impunidad total¡±, porque conduce a los responsables de cr¨ªmenes atroces como la violencia sexual, las masacres y el secuestro, entre muchos otros, ante jueces de la Rep¨²blica para que respondan por sus hechos.

Por si fuera poco, es la primera vez en la historia moderna de la humanidad que un grupo armado organizado y un Gobierno democr¨¢ticamente constituido acuerdan la creaci¨®n de un modelo de justicia penal para que los responsables de cr¨ªmenes internacionales respondan por ellos ante jueces independientes elegidos por entidades del m¨¢s alto reconocimiento y dignidad nacional e internacional.

Con todo, mientras la Uni¨®n Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, el Vaticano, el FMI, el Banco Mundial, la OEA y las Naciones Unidas, por mencionar algunos, celebran los esfuerzos de paz, en Colombia algunos corren a sus trincheras. Algunos se cobijan bajo la falsa creencia de que en Colombia la ignorancia impera y bombardean de miedo al pueblo para blindar sus evidentes intereses particulares. Esos mismos intentan asustar con la intervenci¨®n en Colombia de la Corte Penal Internacional, cuando la realidad revela que el Fiscal adjunto ante ese tribunal ha afirmado que es posible la reducci¨®n de las penas, si hay ¡°reconocimiento de responsabilidad, desmovilizaci¨®n, desarme, garant¨ªa de no repetici¨®n, participaci¨®n plena en los mecanismos de la verdad¡±, precisamente lo acordado en el punto de v¨ªctimas. Y pagar¨¢ c¨¢rcel quien no cuente toda la verdad como lo quieren las v¨ªctimas, ni contribuya a la reparaci¨®n de los da?os causados. En todos los casos, los victimarios tendr¨¢n que verse acorralados por sus v¨ªctimas, quienes les enrostrar¨¢n el dolor y sufrimiento que les han causado. A veces, como dec¨ªa Giorgio Agamaben, la pena es el juicio.

El acuerdo sobre v¨ªctimas no implica "impunidad total¡± pues conduce a los responsables de cr¨ªmenes atroces ante los jueces

Otros se?alan que la guerrilla tiene billones de d¨®lares para financiar su inexorable llegada al solio de Bol¨ªvar, pero no dicen que los acuerdos prev¨¦n expl¨ªcitamente un compromiso para que las FARC-EP contribuyan a la reparaci¨®n material de las v¨ªctimas sobre la base de lo encontrado por el modelo de justicia penal creado.

Los acuerdos no son sino la confirmaci¨®n y el fortalecimiento del estado social de derecho planteado en la Constituci¨®n Pol¨ªtica de 1991 como una luz de esperanza en medio de la oscuridad creada por la violencia y los Carteles. Implican la profundizaci¨®n de la democracia, y en ellos se evidencian elementos de juicio suficientes para no dejar pasar esta oportunidad hist¨®rica. Y, en la vida, las oportunidades son para aprovecharlas.

En definitiva, es hora de la resistencia civil. Colombianos, ?a la resistencia civil! pero frente a la guerra, frente a los discursos que aprovechan el terror y la incertidumbre, pero no frente a una paz que es posible gracias a un acuerdo hist¨®rico, viable, serio, reconocido internacionalmente y respetuoso de los derechos de las v¨ªctimas pero que permite conseguir -a mi parecer, en un ejercicio quiz¨¢s presuntuoso-, los sue?os por excelencia de los colombianos: el fin de las FARC, el fin del conflicto armado interno (el m¨¢s prolongado en el hemisferio occidental) y la paz. Si, la paz. La paz de Colombia.

Juan Manuel Mart¨ªnez Rojas.