CIE no, para nadie

Los hechos recientes que se han producido en algunos de los CIE que existen en Espa?a han vuelto a poner sobre la mesa del debate p¨²blico ¡ªno tanto del debate pol¨ªtico¡ª la posibilidad de privar de libertad a un ser humano por causas meramente administrativas y las condiciones en las que esa privaci¨®n de libertad se produce en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El internamiento de extranjeros es una aberraci¨®n jur¨ªdica que solo se explica desde una concepci¨®n xen¨®foba y discriminatoria.

La privaci¨®n de libertad es la pena m¨¢s grave en nuestro sistema jur¨ªdico y por ello queda reservada para quienes han atacado de forma grave alguno de los bienes jur¨ªdicos que garantizan nuestra vida en sociedad. Esta visi¨®n restrictiva desaparece en relaci¨®n con las personas extranjeras, a quienes se puede privar de libertad con la finalidad de dar cumplimiento a una mera sanci¨®n administrativa como es la expulsi¨®n.

Tras la introducci¨®n del internamiento de extranjeros en nuestro sistema a trav¨¦s de la LO 7/1985, el Tribunal Constitucional tuvo la ocasi¨®n a analizar la constitucionalidad de esta medida. En la sentencia 115/1987 el TC consider¨® que el internamiento respetaba la Constituci¨®n siempre que se cumplieran tres requisitos. En primer lugar, que cada internamiento fuera autorizado por un juez mediante decisi¨®n motivada y como medida excepcional, aplicable mediante un procedimiento en el que la persona extranjera pudiera presentar sus medios de defensa. En segundo lugar, el internamiento deb¨ªa tener como finalidad la expulsi¨®n. Por ¨²ltimo, el internamiento deb¨ªa realizarse en centros que no tuvieran car¨¢cter penitenciario.

Es una anomal¨ªa privar de libertad a los extranjeros para dar cumplimiento a una mera sanci¨®n administrativa como es la expulsi¨®n.

Casi 30 a?os despu¨¦s de aquella sentencia, en este momento no se cumple con ninguno de los requisitos exigidos por el TC. Basta revisar las cifras de la Memoria de la Fiscal¨ªa para comprobar que la excepcionalidad no es tal: de las 8.765 personas a las que la polic¨ªa intent¨® internar en los CIE en 2015, la Fiscal¨ªa emiti¨® informe favorable en 7.503 casos y los jueces autorizaron el internamiento en 6.930 ocasiones. Es decir, la Fiscal¨ªa informa favorablemente en el 80% de los casos, y de estos los jueces autorizan el 92% de los internamientos. Una excepcionalidad demasiado habitual para ser excepcional. Respecto a la finalidad del internamiento (la expulsi¨®n) y su duraci¨®n limitada, el 52% de las personas internadas en 2015 en un CIE sali¨® de ¨¦l sin que se materializara su expulsi¨®n; fueron internados para no ser finalmente expulsados.

Por ¨²ltimo, el incumplimiento del tercer requisito, el car¨¢cter no penitenciario de los Centros de Internamiento de Extranjeros, apenas requiere argumentaci¨®n. Algunos de estos CIE son antiguas prisiones o cuarteles en desuso y en estos d¨ªas se han puesto de relieve las deplorables condiciones en que viven los internos y la vulneraci¨®n sistem¨¢tica de sus derechos, como el de solicitar asilo. Ello sin olvidar episodios deleznables como los abusos sexuales en el CIE de capuchinos de M¨¢laga o la muerte de los internos Samba Martine e Idrissa Diallo.

Pese a todo, hay quien sigue defendiendo la necesidad de mantener el internamiento con dos argumentos. El primero, que las personas que son sometidas al mismo son delincuentes; y el segundo, la necesidad de un mecanismo eficiente para la gesti¨®n de las expulsiones. Respecto al primer argumento, conviene se?alar que solo un 5% (353) de los 6.930 extranjeros internados en CIE en 2015 lo fueron por haberse decretado su expulsi¨®n en sustituci¨®n de la pena de prisi¨®n por la comisi¨®n de un delito (art. 89 del C¨®digo Penal). Adem¨¢s, la normativa espa?ola permite que estas personas sean ingresadas en prisi¨®n a la espera de su expulsi¨®n. Sobra recordar que la comisi¨®n de un delito no puede suponer justificaci¨®n para someter al responsable a condiciones inhumanas.

Tampoco desde la perspectiva de la eficiencia se puede defender este sistema. Seg¨²n el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevenci¨®n de la Tortura solo un 29% del conjunto de personas extranjeras deportadas en 2014 hab¨ªa pasado previamente por uno de estos centros. El sistema tiene mecanismos suficientes para lograr su objetivo de expulsi¨®n sin necesitar recurrir al internamiento en casi tres de cada cuatro deportaciones. El internamiento de personas extranjeras y los centros en los que este se practica resultan contrarios a los derechos humanos. Su subsistencia en las condiciones actuales, adem¨¢s, es inconstitucional. Son motivos suficientes para continuar exigiendo su desaparici¨®n.

Diego Boza Mart¨ªnez es profesor de Derecho Penal en la Universidad de C¨¢diz.