La CPI se desangra en ?frica

Laurent Gbagbo, ex presidente marfile?o, durante su reciente en juicio en La Haya. / EFE

Primero fue Burundi, luego Sud¨¢frica y ahora Gambia. En apenas veinte d¨ªas, tres pa¨ªses africanos han iniciado el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), el ¨®rgano creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a personas acusadas de cometer cr¨ªmenes de guerra, genocidio y contra la Humanidad. En el fondo de la cuesti¨®n est¨¢ el malestar que existe en el continente contra un organismo al que acusan de abrir causas s¨®lo contra africanos, mientras cr¨ªmenes cometidos en otros lugares del mundo no son sometidos a esta jurisdicci¨®n. ?frica ya hab¨ªa amagado en varias ocasiones con desconectarse de la CPI, pero por primera vez la amenaza se ha concretado y se est¨¢ produciendo una cascada de retiradas que supone un duro golpe para la arquitectura de la justicia internacional.

El terremoto comenz¨® el pasado 12 de octubre cuando el Parlamento burund¨¦s aprob¨® con 94 votos a favor, dos en contra y 14 abstenciones el proyecto de ley presentado por el Gobierno para iniciar el proceso de desconexi¨®n de la CPI. El gran impulsor de esta iniciativa es, sin lugar a dudas, el propio presidente Pierre Nkurunziza, cuyo r¨¦gimen se encuentra en el visor de la justicia internacional despu¨¦s de que agentes del Estado hayan cometido (y sigan cometiendo) graves violaciones de los Derechos Humanos y posibles cr¨ªmenes contra la Humanidad y genocidio, seg¨²n concluy¨® el pasado mes de septiembre una misi¨®n de expertos de Naciones Unidas. ¡°Estas graves violaciones son sistem¨¢ticas y constantes y la impunidad es omnipresente¡±, asegura el informe de la ONU. A la luz de todo ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas orden¨® la apertura de una investigaci¨®n contra doce altos cargos del r¨¦gimen, entre los que se encuentra el hombre fuerte de Nkurunziza, el general Alain-Guillaume Bunyoni.

Una mujer sujeta un retrato de Nkurunziza durante una marcha de apoyo en Bujumbura. / AFP

Burundi, un pa¨ªs de ?frica oriental de algo m¨¢s de diez millones de habitantes, se sumergi¨® en una grave crisis pol¨ªtica en abril del pasado a?o 2015 despu¨¦s de que Nkurunziza anunciara su intenci¨®n de volver a presentarse a las elecciones presidenciales pese a que ya hab¨ªa cumplido dos mandatos, l¨ªmite recogido en la Constituci¨®n. Esta decisi¨®n provoc¨® una inmediata reacci¨®n ciudadana y de la oposici¨®n en forma de manifestaciones que fueron duramente reprimidas por el r¨¦gimen. Unos d¨ªas m¨¢s tarde un intento de golpe de estado fracasa y eleva, a¨²n m¨¢s, el nivel de violencia y represi¨®n que ha provocado cientos de muertos y desaparecidos. En este contexto, Nkurunziza gana las elecciones celebradas en julio con el 64% de los votos.

Seg¨²n los investigadores de la ONU, ¡°aunque la intensidad de la violencia ha disminuido en la actualidad, el nivel global de opresi¨®n y de control de la sociedad ha aumentado lo que se pone de manifiesto mediante asesinatos arbitrarios y desapariciones forzosas que se suman a relatos cre¨ªbles sobre la existencia de lugares secretos de detenci¨®n, casos de tortura y otras formas de malos tratos y detenciones arbitrarias a escala masiva¡±. Se cree que puede haber fosas comunes en diferentes lugares del pa¨ªs con cientos de cad¨¢veres en su interior. Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicaci¨®n est¨¢n sufriendo con especial virulencia esta campa?a de represi¨®n orquestada por el r¨¦gimen de Nkurunziza, que, como se ha visto, tiene buenos motivos para tratar de esquivar a la justicia internacional. El martes 18 de octubre la ley de retirada de la CPI era promulgada y firmada por el presidente.

Zuma y Al Bashir bromean durante la toma de posesi¨®n de Museveni en Uganda este a?o. / REUTERS

Sin embargo, la decisi¨®n de Burundi no ha venido sola. El pasado d¨ªa 21 nada menos que Sud¨¢frica, la gran potencia econ¨®mica del continente y uno de los pa¨ªses con m¨¢s peso e influencia de toda ?frica, adoptaba la misma decisi¨®n. La tensi¨®n entre el r¨¦gimen de Pretoria y la Corte Penal Internacional se hab¨ªa elevado notablemente a partir de junio de 2015. El presidente sudan¨¦s, Omar al Bashir, imputado por el alto tribunal por cr¨ªmenes de guerra y contra la Humanidad por el conflicto de Darfur, se encontraba entonces de visita en Sud¨¢frica cuando un juez emite un auto por el que le proh¨ªbe salir del pa¨ªs. R¨¢pidamente, y contraviniendo esta orden judicial, el presidente Jacob Zuma toma las disposiciones necesarias para permitir que el dictador sudan¨¦s tome un avi¨®n de vuelta a casa. En los d¨ªas posteriores, Sud¨¢frica anunci¨® que se retirar¨ªa de la CPI. Ahora ha cumplido su amenaza mediante el env¨ªo de una carta dirigida al secretario general de la ONU, que es el procedimiento legal establecido para ello. El plazo para que se haga efectiva esta retirada es de un a?o.

Una vez que las amenazas africanas se han hecho realidad, sumiendo a la CPI en una de las peores crisis de legitimidad de su corta historia, la reacci¨®n no se ha hecho esperar y ha venido desde otro pa¨ªs africano. Hace diez d¨ªas, el ministro de Justicia senegal¨¦s y actual presidente de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, lanzaba un llamamiento desde Dakar para pedir a Burundi y Sud¨¢frica que reconsideran su decisi¨®n, aunque entend¨ªa las razones alegadas por ambos. ¡°No podemos despreciar las cr¨ªticas y recriminaciones de los pa¨ªses africanos, hay que examinarlas seriamente y corregir lo que sea necesario¡±, dijo Kaba. Igualmente el propio Ban Ki-moon, secretario general saliente de la ONU, ped¨ªa al Gobierno sudafricano, el que sin duda m¨¢s preocupa en la comunidad internacional, que diera marcha atr¨¢s en su decisi¨®n en un intento vano de evitar el contagio a otros pa¨ªses del continente.

Yahya Jammeh, durante una cumbre internacional. / REUTERS

Y es que el incendio se sigue propagando. Horas despu¨¦s, un tercer pa¨ªs africano anunciaba tambi¨¦n su retirada de la CPI. Este martes 25 de octubre el ministro de Justicia de Gambia, Sheriff Bojang, lanzaba un mensaje televisado a la naci¨®n en el que acusaba a este ¨®rgano jurisdiccional de ¡°persecuci¨®n contra los africanos¡± mientras que, asegur¨®, al menos treinta pa¨ªses occidentales han cometido cr¨ªmenes de guerra en los ¨²ltimos 18 a?os sin que sus dirigentes hayan sido investigados o molestados. Por todo ello, Bojang anunci¨® que Gambia hab¨ªa decidido seguir los pasos de Burundi y Sud¨¢frica e iniciar el proceso de desconexi¨®n. Se da la circunstancia de que la Fiscal General de la CPI es la gambiana Fatou Bensouda, ex ministra de Justicia de este pa¨ªs africano.

Gambia, que sufre una feroz dictadura controlada por el presidente Yahya Jammeh en la que periodistas cr¨ªticos y opositores son perseguidos, reprimidos e incluso asesinados (este a?o han muerto dos dirigentes de la oposici¨®n en la c¨¢rcel) y cuyos j¨®venes est¨¢n protagonizando un aut¨¦ntico ¨¦xodo clandestino hacia Europa, hab¨ªa criticado con dureza a la CPI e incluso hab¨ªa intentado que se investigara por cr¨ªmenes contra la Humanidad a la Uni¨®n Europea por la muerte de miles de inmigrantes en el Mediterr¨¢neo. El pr¨®ximo 1 de diciembre se celebran elecciones presidenciales en este peque?o pa¨ªs de apenas 1,8 millones de habitantes que sufre uno de los reg¨ªmenes m¨¢s opresivos del continente.

Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, en una imagen reciente. / REUTERS

Las relaciones entre ?frica y la CPI se han ido deteriorando con los a?os. Aunque este continente aporta 34 de los 123 pa¨ªses firmantes del Estatuto de Roma, del que no forman parte naciones como Rusia, China, EEUU o Israel, lo cierto es que la concentraci¨®n casi en exclusiva de casos relacionados con ?frica y las investigaciones abiertas en su mayor parte contra africanos, como el citado Omar al Bashir o el presidente keniano Uhuru Kenyatta, han acabado por agotar la paciencia de algunos dirigentes del continente. Precisamente fue Kenyatta quien en enero pasado present¨® una proposici¨®n a la cumbre de la Uni¨®n Africana (UA) para considerar la aprobaci¨®n de una hoja de ruta para que los pa¨ªses africanos abandonaran el Estatuto de Roma y, por tanto, la CPI. La propuesta fue aprobada y en la siguiente cumbre de la UA, celebrada en julio de este a?o en Kigali, el tema volvi¨® a estar sobre la mesa. Sin embargo fue Senegal, un pa¨ªs muy respetuoso de los tratados internacionales que acaba de juzgar al dictador chadiano Hiss¨¨ne Habr¨¦ en aplicaci¨®n de la justicia internacional, quien se opuso categ¨®ricamente a que la Uni¨®n Africana profundizara en la resoluci¨®n adoptada en enero, alegando que la UA no forma parte de este organismo y depende de cada estado soberano adoptar o no esta decisi¨®n. Dicho y hecho. Lo est¨¢n haciendo.

Tras Burundi, Sud¨¢frica y Gambia otros pa¨ªses podr¨ªan seguir la misma senda, entre los que se encuentran Kenia, Chad o la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo. Y es que si Nkurunziza y Jammeh tienen buenos motivos para intentar desacreditar a la CPI, tampoco les faltan a Idris D¨¦by, Uhuru Kennyata o Joseph Kabila. ?Ser¨¢n ellos los pr¨®ximos? ?Se les sumar¨¢n tiranos como Mugabe (Zimbabue), Dos Santos (Angola), Denis Sassou Nguesso (Rep¨²blica del Congo) o Paul Biya (Camer¨²n)? Parece claro que la Corte Penal Internacional tendr¨ªa que corregir su rumbo para acallar las cr¨ªticas africanas, cosa dif¨ªcil mientras no se sumen al Estatuto de Roma las grandes potencias y cambie el orden mundial que se expresa, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad concebido como un club de ¨¦lite, pero tambi¨¦n parece evidente que barrer del escenario una de las opciones de Justicia que tienen los pueblos africanos frente a sus s¨¢trapas es un error a¨²n mayor. Esto no es ?frica contra La Haya, es el florido club de dictadores y genocidas africanos peleando por su propia impunidad.