Fuera la ¡®ley mordaza¡¯

La ley mordaza no cabe en una sociedad democr¨¢tica. Esa norma es la m¨¢xima expresi¨®n legal de la pol¨ªtica de seguridad implantada por el PP durante la etapa en que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio confortado por el respaldo de la mayor¨ªa absoluta parlamentaria. Ahora el Grupo Popular es una minor¨ªa y carece de fuerza para bloquear iniciativas como la del PSOE, que el martes pasado logr¨® del Congreso que instara al Gobierno a derogar la Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, nombre oficial de la norma cuestionada.

Los socialistas recurrieron esa ley al Tribunal Constitucional. En particular se discuten el refuerzo del poder policial para controlar y sancionar manifestaciones ante las c¨¢maras parlamentarias o altos tribunales y los fuertes castigos para una serie de conductas: desde el uso ¡°no autorizado¡± de im¨¢genes o datos de la polic¨ªa hasta la resistencia a cacheos y registros personales, o la legalizaci¨®n de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Adem¨¢s, la ley cuestionada atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de sancionar una serie de comportamientos que no eran impunes, pero cuya consideraci¨®n correspond¨ªa hasta entonces a los jueces.

Los niveles de protesta callejera en Espa?a durante los a?os m¨¢s negros de la crisis econ¨®mica y social fueron relativamente moderados. No hab¨ªa motivos que impulsaran a blindar los instrumentos legales a disposici¨®n de las fuerzas de seguridad para sancionar los excesos. Prueba del escaso apoyo a esa ley, que desde el principio fue rechazada por los penalistas m¨¢s importantes, es la petici¨®n de derogaci¨®n, que se ha llevado a cabo en cuanto la oposici¨®n ha tenido ocasi¨®n de plantearlo.

Si el PP pretend¨ªa ayudarse de esta ley para mantener el control del espacio p¨²blico, la realidad es que se le ha vuelto en contra. El derecho a la protesta pac¨ªfica y a expresar colectivamente una opini¨®n es fundamental para la existencia de una sociedad democr¨¢tica.

No tiene ning¨²n sentido el argumento utilizado sobre los peligros de derogar la ley mordaza en un pa¨ªs que tiene ¡°un nivel 4 de riesgo antiterrorista¡±, como sostuvo su portavoz en el debate parlamentario. Los Gobiernos de Rajoy han contado con la gran ventaja de que no han necesitado gestionar la lucha contra la violencia etarra. A su vez, las numerosas investigaciones para prevenir el terrorismo yihadista se han hecho con el m¨¢ximo consenso pol¨ªtico y con amplio respaldo judicial. Es mucho m¨¢s cierto que las fuerzas de seguridad han podido dedicarse a estas tareas exactamente con la misma eficacia antes y despu¨¦s de la ley mordaza.

Lo que se impuso en su d¨ªa fue la voluntad de utilizar procedimientos oscuros frente a adversarios pol¨ªticos y arsenales jur¨ªdicos contra enemigos no manifestados. Ahora toca deshacer los pasos equivocados. Para evitar nuevos errores, es necesario que la derogaci¨®n instada por el Congreso no cree un vac¨ªo legal, sino que se sustituya la ley cuestionada por otra negociada. Y que el poder ejecutivo se conduzca con prudencia mientras la norma discutida contin¨²e en vigor.