Colombia: la paz acosada

La aprobaci¨®n el d¨ªa de los inocentes de la Ley de Amnist¨ªa e Indulto en Colombia es el primer paso en la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz y la primera norma adoptada por la v¨ªa r¨¢pida -Fast Track, como se ha denominado- que autoriz¨® la Corte Constitucional colombiana. Un instrumento de alto valor simb¨®lico que abre la v¨ªa a la reconciliaci¨®n en ese pa¨ªs y posibilita abandonar el ¡°limbo¡± en el que se encontraban los 53 frentes de las FARC en pleno proceso de concentraci¨®n en 27 lugares: 7 puntos transitorios de normalizaci¨®n y 20 zonas veredales transitorias en donde se proceder¨¢ a la entrega de armas y se iniciar¨¢ el proceso de desmovilizaci¨®n de estos combatientes en todo el territorio.

Sin embargo, Colombia se encuentra viviendo una triste y previsible paradoja. Despu¨¦s de cuatro d¨¦cadas, el 2016 ha sido por fin el a?o de la Paz -con premio Nobel incluido- pero tambi¨¦n el de mayor n¨²mero de asesinatos de l¨ªderes sociales: unos 116 seg¨²n los datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas; levemente inferior seg¨²n las cifras de los organismos colombianos, principalmente la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica y el Ministerio del Interior. Este proceso de asesinatos selectivos se ha recrudecido de una forma exponencial a ra¨ªz de firma de los Acuerdos de Paz y afecta a todas las regiones del pa¨ªs. El ¨²ltimo asesinado, un l¨ªder campesino, Anuar Jos¨¦ ?lvarez, el d¨ªa de Navidad en Cauca.

El perfil de los asesinados no deja lugar a duda de su intencionalidad. Son miembros destacados de diversos movimientos sociales en el medio rural, muy vinculados a las protestas campesinas, un gran n¨²mero han estado implicados en distintos litigios sobre la propiedad o titularidad de la tierra, muchos son l¨ªderes en la defensa de los derechos humanos y, una parte significativa, vinculados a movimientos de izquierdas y/o indigenistas, tambi¨¦n medioambientalistas y afrodescendientes. Es claro que el territorio liberado por las FARC en toda la geograf¨ªa colombiana, ajeno a la presencia reguladora administrativa, militar y policial del Estado, es codiciado por distintos intereses: paramilitares de nuevo cu?o, bandas de delincuencia organizada, extracci¨®n ilegal de minerales, c¨¢rteles de narcotraficantes que pretenden asegurar los pasillos de tr¨¢nsito antes vigilados militarmente, nueva protecci¨®n armada de plantaciones de coca como alternativa de vida a comunidades que, de otra forma, se hubieran consumido en la miseria pero que rechazan las fumigaciones resisti¨¦ndose a la erradicaci¨®n sin m¨¢s.

Los asesinatos son consecuencia de la ruptura del equilibrio de poder, pero responden mayoritariamente a un recrudecimiento del paramilitarismo; ll¨¢mese como se quiera llamar. Posiblemente con distintas formas, caras, intereses y negocios, pero con id¨¦ntico objetivo y sesgo ideol¨®gico: sembrar la muerte, impedir los cambios en el medio rural, mantener la desigualdad end¨¦mica en el campo y dificultar la reforma rural integral; en conclusi¨®n, transformar la violencia tradicional en un ¡°nuevo¡± terror m¨¢s selectivo para llegar por medio de esta capacidad de adaptaci¨®n, a una nueva versi¨®n puesta al d¨ªa del conflicto colombiano. La peor hip¨®tesis en la implementaci¨®n de los Acuerdos respecto a la transformaci¨®n de la violencia por otras v¨ªas para seguir mantenimiento el statu-quo de los intereses presentes en el conflicto, puede estar pasando. Volver, una vez m¨¢s, a la eliminaci¨®n f¨ªsica de los rivales pol¨ªticos como ya ocurriera con la Uni¨®n Patri¨®tica a finales de los a?os ochenta.

La Audiencia P¨²blica llevada a cabo por la C¨¢mara de Representantes promovida por diferentes congresistas liderados por la representante Angela Robledo para que las distintas instancias del Estado dieran cuenta de estos asesinatos y se concienciaran en una pol¨ªtica de respuesta r¨¢pida, deja en evidencia los l¨ªmites y dificultades -incapacidades en muchos casos-, para contrarrestar esta peligrosa deriva de muerte en el territorio. Aun as¨ª, es urgente prevenir estas situaciones con iniciativas que combinen el desarrollo rural integral y las imprescindibles pol¨ªticas de seguridad que deben recibir estos departamentos, alcald¨ªas y veredas, sin tener que recurrir a su militarizaci¨®n.

Si en este delicado momento no se toman estas medidas urgentes de forma integral y contin¨²an con esta intensidad los asesinatos de l¨ªderes sociales campesinos y de defensores de los Derechos Humanos, se puede poner en serio riesgo el a¨²n tierno proceso de superaci¨®n de la violencia y el escenario de post Acuerdo en Colombia. Y de forma muy especial en el medio rural y campesino que, por cierto, ha sido la principal v¨ªctima en esta guerra y tambi¨¦n el principal interesado en que llegue definitivamente la Paz a ese pa¨ªs.

Gustavo Palomares Lerma es profesor de Relaciones Internacionales, catedr¨¢tico europeo en la UNED y presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. En la actualidad, dirige el Proyecto 'Pedagog¨ªa de Paz y gesti¨®n del postconflicto en Colombia'.

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