Driblar al Estado

En v¨ªsperas de la consulta-r¨ªo de noviembre de 2014, Artur Mas revel¨® la clave para poder celebrarla salt¨¢ndose los impedimentos legales, Tribunal Constitucional incluido: ¡°Tenemos que enga?ar al Estado¡±. La estratagema funcion¨® sin que el contenido an¨®malo del procedimiento suscitase el descr¨¦dito que temieron algunos catalanistas. De entrada fue el doble juego de preguntas trampa: la primera para sumar apoyos heterog¨¦neos, pues todo federal, sin ser independentista, apoya la existencia de un Estado catal¨¢n, y la segunda para eliminar toda posibilidad de rechazo, al restringir la participaci¨®n a quienes en la primera votasen a dicho Estado. El resultado es conocido y sus efectos alcanzan hasta hoy: la manifiesta desobediencia del presidente de la Generalitat, precedida adem¨¢s de un zigzag de gestos y declaraciones orientadas a despistar al Gobierno central, provoca la consiguiente querella, con el procesamiento del astuto pol¨ªtico, no sin los problemas derivados de la dif¨ªcil aplicaci¨®n de la ley a un caso in¨¦dito, donde un refer¨¦ndum se rebaja a consulta alegal sin otra repercusi¨®n formal que el eco obtenido dentro y fuera de Espa?a.

Import¨® como precedente. Aun con participaci¨®n poco estimulante, la Cosa se celebr¨® en medio del desconcierto gubernamental. Ahora, ante la figura m¨¢rtir de Mas en el banquillo ¡ªen un pa¨ªs donde es f¨¢cil invocar el antecedente de Companys¡ª, toca aprovechar el episodio para invertir su significaci¨®n, convirti¨¦ndolo en ejemplo de la opresi¨®n espa?ola, a la cual el pueblo catal¨¢n debe responder masivamente desde la calle.

La t¨¢ctica de enga?ar al Estado, anunciada entonces por Mas, asociada inevitablemente a enga?ar al conjunto de los ciudadanos, ha sido una constante en la actuaci¨®n pol¨ªtica de la Generalitat, y es lo que de forma m¨¢s clara cuestiona su contenido democr¨¢tico. Aun dejando de lado el marco constitucional, una exigencia m¨ªnima hubiera supuesto que los partidos independentistas, incluido CiU, desarrollasen su propaganda por la independencia con el objetivo de ganar el respaldo de una opini¨®n catalana mayoritaria, mientras la Generalitat cumpl¨ªa con su papel de ¨®rgano constitucional, encargado de garantizar la pluralidad de opiniones, de modo que los mensajes del sector p¨²blico respondiesen de forma equilibrada al principio de libertad de expresi¨®n e informaci¨®n, de isegor¨ªa por volver a la polis. No ha sido as¨ª: todos los instrumentos de comunicaci¨®n dependientes directa o indirectamente de la Generalitat, desde los informativos a los programas de humor y los documentales, se han consagrado desde septiembre de 2012 a allegar argumentos para la soberan¨ªa catalana y para impulsar la desconexi¨®n respecto de Espa?a.

Resulta inaceptable la excusa de que hubo en Madrid medios de comunicaci¨®n dispuestos siempre a satanizar la idea misma de independencia, cosa cierta, igual que actuaron otros catalanes en direcci¨®n contraria, ya que si de algo cabe acusar al Gobierno de Rajoy es de pasividad, en espera siempre de que el proc¨¨s se anulase por s¨ª mismo. Incluso falt¨® al deber de utilizar sus recursos para analizar y exponer a la opini¨®n ese desv¨ªo visceralmente partidista de la conducta institucional que estaba teniendo lugar en Catalu?a. Ignor¨® que el constitucionalismo made in Spain ya no serv¨ªa. El Gobierno de Mas pudo as¨ª invertir las relaciones entre quien recibe su poder y sus competencias de la Constituci¨®n y el Estado espa?ol, titular de la soberan¨ªa.

Debi¨® de ser un hallazgo del magistrado Carles Viver, art¨ªfice al parecer de esta imaginativa estrategia (y de las siniestras preguntas de 2014). Desde un primer momento no se trat¨® de reivindicar nada respecto del orden normativo que los catalanes votaron en 1978, sino de afirmar y consolidar la exigencia supraconstitucional de soberan¨ªa plena. La coartada de Viver a t¨ªtulo personal, y de tantos m¨¢s, es que viv¨ªa satisfecho con la reforma estatutaria, de la cual fue inspirador, suponemos que luciendo las condecoraciones de Isabel la Cat¨®lica y del M¨¦rito Constitucional, hasta que la sentencia restrictiva de este organismo sobre el Estatut le llev¨® a un giro copernicano. Es un argumento f¨¢cil, olvidadizo de que tal sentencia no fue obra de los conservadores, sino de los jueces progresistas, y que frente al recurso del PP, convalid¨® la gran mayor¨ªa de art¨ªculos, anulando 14 y reinterpretando otros, entre ellos el que ahora permitir¨ªa a la Generalitat organizar la consulta sobre la independencia. Ante todo pusieron coto a la pretensi¨®n de asignar competencias que interfer¨ªan o anulaban las constitucionales reservadas para el Estado. Pero nada import¨® que la legalidad procedimental en el TC ni que sus resultados confirmasen gran parte del Estatut. Antes de leerlos, cont¨® la humillaci¨®n, y as¨ª de la respuesta en la calle de Som una naci¨°! surgi¨® la nueva legitimidad, enfrentada a un Estado que ahora solo ser¨ªa reconocido de dar luz verde al proc¨¨s, l¨¦ase de aceptar la secesi¨®n, a pesar de que el independentismo no fuese a¨²n mayoritario. Di¨¢logo no cab¨ªa.

Nada import¨® que el TC confirmase gran parte del Estatut; solo cont¨® la humillaci¨®n

?Para qu¨¦ indagar si esos catalanes, que en 2010 solo la apoyaban en un 20%, quieren la independencia? Prevalecen las esencias: Catalunya, la naci¨®n catalana, la exige. De ah¨ª tambi¨¦n que en su gestaci¨®n, seg¨²n el esquema de Viver, cuente antes alcanzar el objetivo deseado que averiguar la voluntad pol¨ªtica de los ciudadanos. La labor de nuestro jurista se desarrolla en dos planos. El primero, poco glorioso pero muy eficaz, comparable a la de los abogados especializados en la defensa de la ilegalidad, tantas veces ilustrada por el cine americano, ha consistido en descubrir los resquicios de las normas y los posibles fraudes de ley para bloquear las actuaciones estatales de defensa del orden constitucional, denostadas adem¨¢s como judicializaci¨®n, pues la ley no debe oponerse al ¡°derecho a decidir¡±. El segundo, trazar los esquemas normativos e institucionales dirigidos a construir el Estado catal¨¢n independiente desde el interior de la autonom¨ªa, con el fin de articular la desconexi¨®n a partir del momento en que proclame la independencia un Parlament fruto de elecciones plebiscitarias. Menos de un 50% de votos independentistas rompen tal barrera en esca?os. Las consecuencias reales para Catalu?a y Espa?a, simplemente no importan.

Aun sin ser mayoritario, ese independentismo dispuesto ahora a sortear al Estado responde desde hace tiempo a la activaci¨®n del efecto-mayor¨ªa, haciendo ver a todo ciudadano los inconvenientes personales de oponerse a la marea totalista, de homogeneizaci¨®n pol¨ªtica bajo la estelada. La conclusi¨®n es sencilla: la canalizaci¨®n por v¨ªa constitucional de la presi¨®n independentista constituye el ¨²nico recurso, ya casi imposible, para evitar la deriva antidemocr¨¢tica en curso. A favor del menosprecio a las normas de dicha voluntad secesionista, avanza la construcci¨®n de una Catalunya dominada por un nacionalismo narcisista y maniqueo. De exclusi¨®n. As¨ª las cosas, di¨¢logo bien, pero sobre qu¨¦.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.