Se impone el Estado de derecho

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado sentencia por el caso N¨®os, ocho meses despu¨¦s de que concluyera el juicio y tras a?os de investigaciones y procedimientos. Frente a los que aseveraban que nadie se atrever¨ªa a investigar y juzgar a un miembro de la Familia Real, la justicia ha actuado de forma eficaz, ha sentado en el banquillo a quien ha considerado oportuno y ha decidido con independencia. Queda demostrado que en Espa?a funciona el Estado de derecho y que nadie est¨¢ por encima de la ley.

Los 17 acusados, entre los que se encontraban la hermana de Rey, Cristina de Borb¨®n, y su marido I?aki Urdangarin, han recibido el mismo trato procesal, tanto durante el periodo de instrucci¨®n como en el juicio oral. Este fallo judicial certifica el fin de la sensaci¨®n de impunidad que acompa?aba en Espa?a a los asuntos en que est¨¢n implicadas altas personalidades, y hay que resaltar que se ha juzgado a un miembro de la Familia Real, como nunca se hab¨ªa hecho en otras casas reales europeas.

Cab¨ªa esperar un fallo justo y equilibrado, y as¨ª ha sido. Respetando todas las opiniones, es razonable que la Audiencia de Palma haya optado por seguir la petici¨®n del fiscal para absolver a la Infanta, a la vista de los informes del abogado del Estado y del Ministerio de Hacienda. Las magistradas consideran que no hay delito en su caso, aunque habr¨¢ de pagar una multa de 265.000 euros como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo. Se zanja tambi¨¦n el bochornoso espect¨¢culo ofrecido por la organizaci¨®n Manos Limpias, que ped¨ªa ocho a?os de c¨¢rcel para Cristina de Borb¨®n mientras actuaba de forma presuntamente delictiva junto a otra organizaci¨®n oscura, Ausbanc, intentando chantajear al entorno de la Infanta para retirar su acusaci¨®n.

En cuanto al resto de la sentencia, la Audiencia de Palma ha fijado unas penas muy inferiores a las solicitadas por la fiscal¨ªa, ha absuelto a 11 de los 17 acusados y ha desestimado algunas casos, como los sucedidos en Madrid y Valencia. La mayor condena recae sobre Diego Torres, socio de I?aki Urdangarin, y la segunda m¨¢s alta en el marido de la Infanta, aunque muy inferior (6 a?os y 3 meses de c¨¢rcel) a los 19 a?os solicitados por el fiscal para Urdangarin. Que el yerno de don Juan Carlos se condujo err¨®neamente desde el principio ha quedado acreditado: abus¨® de su posici¨®n de privilegio incurriendo, como la sentencia concluye, en delitos tan graves como la prevaricaci¨®n, falsedad, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude, tr¨¢fico de influencias y delitos contra la Hacienda p¨²blica. Pese a ello, se empe?¨® en negar cualquier irregularidad, forzando a don Juan Carlos a separarle, junto con do?a Cristina, de toda actividad oficial en diciembre de 2011.

La sentencia confirma que la estrategia adoptada por Cristina de Borb¨®n desde que se iniciara la investigaci¨®n contra su marido ha sido err¨®nea. Si hubiera renunciado a sus derechos din¨¢sticos, como le pidi¨® el rey Juan Carlos en repetidas ocasiones, hubiera sido mejor para ella y para la imagen de la Monarqu¨ªa. Afortunadamente, la distancia mantenida por el rey Felipe VI ha sido encomiable y devuelve a la jefatura del Estado toda la dignidad que se espera de un ¨®rgano constitucional que debe caracterizarse por la ejemplaridad.