Buscar el consenso

Si las renovaciones de miembros del Tribunal Constitucional han sido complicadas en muchas ocasiones, la que se plantea ahora de cuatro magistrados y nombramiento de un nuevo presidente es de las que exigen altura de miras. Adem¨¢s de otros importantes temas pendientes de soluci¨®n, este ¨®rgano no puede convertirse en parte del problema planteado por las autoridades separatistas de Catalu?a. Y en nada ayudar¨ªa a ese objetivo el nombramiento de Andr¨¦s Ollero como nuevo presidente del Constitucional, que, de adoptarse, ser¨ªa una muy mala decisi¨®n.

Nadie discute la trayectoria acad¨¦mica de Ollero ni se le cuestiona ahora por sus conocidas convicciones religiosas. El problema es que ha sido un hombre de acusado perfil partidista, al haber actuado durante cinco legislaturas como diputado del Partido Popular. Diecisiete a?os de actividad partidista le alejan de la imagen de jurista que no solo debe ser equilibrado e imparcial, sino parecerlo. Manifiestamente, Ollero no es la persona adecuada para ello.

La renovaci¨®n se produce en un momento en que el Constitucional ha superado la frustrante divisi¨®n anterior respecto a la cuesti¨®n catalana. Ven¨ªa de un periodo en el que la sentencia de 2010, contraria a varios aspectos del Estatuto de Catalu?a, acentu¨® sus perfiles pol¨¦micos. Sin embargo, bajo la presidencia de Francisco P¨¦rez de los Cobos adopt¨® una l¨ªnea respecto a los conflictos planteados por las autoridades catalanas que le han llevado a tomar por unanimidad todas las decisiones relativas a ese proceso. Y adem¨¢s hil¨® fino al esbozar una v¨ªa de salida en 2014. En su haber queda que, sin reconocer otra soberan¨ªa que la del pueblo espa?ol en su conjunto, descarta que la Constituci¨®n sea un muro infranqueable y considera el ¡°derecho a decidir¡± como una aspiraci¨®n pol¨ªtica a la que puede llegarse, siempre que sea mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional.

Despu¨¦s ha tomado decisiones que anulan las del Parlamento de Catalu?a para desconectarse de la legalidad del Estado y crearse otra a medida, con la que pretenden cubrirse los independentistas, buscando el enfrentamiento de la legitimidad de la C¨¢mara catalana con la de las instancias representativas del conjunto de los espa?oles. Es evidente que el tribunal ten¨ªa que reaccionar contra el desaf¨ªo a la legalidad y as¨ª lo ha hecho, bajo criterios de prudencia y firmeza que refuerzan la solidez de sus actuaciones.

Es cierto que hay un problema de fondo en la designaci¨®n de magistrados constitucionales. Los partidos pol¨ªticos, y en particular el PP y el PSOE, han negociado de facto los nombres de los nuevos magistrados ¡ªque formalmente han de ser elegidos por el Senado¡ª, lo cual siempre conlleva el peligro de convertir al alto tribunal en una tercera c¨¢mara parlamentaria. Pero eso necesita otro debate. Ahora la cuesti¨®n es designar un nuevo presidente y en este punto tiene raz¨®n el l¨ªder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha dicho en el Congreso que no le parece buena idea elegir a un exdiputado como cabeza de la jurisdicci¨®n constitucional. Todas las evidencias conducen a descartar a Andr¨¦s Ollero como candidato id¨®neo y ser¨ªa razonable que los miembros del tribunal lo tengan muy en cuenta al decidir sobre la nueva presidencia.