?Qu¨¦ falla en el Pacto por la Ciencia?

Hace s¨®lo unos d¨ªas aparec¨ªa en EL PA?S un atinado art¨ªculo de la Sociedad de Cient¨ªficos Espa?oles en el Reino Unido, ¡°Tiempo de Pactos en Ciencia¡±,? que repasa distintos problemas de la ciencia en Espa?a, las propuestas electorales de los partidos y su actuaci¨®n durante los cien primeros d¨ªas de legislatura. Concluye que es imprescindible y acuciante alcanzar un pacto por la ciencia. En esa l¨ªnea, se?ala que Unidos Podemos (UP) y Ciudadanos (C¡¯s) han presentado sendas iniciativas parlamentarias orientadas, respectivamente, a impulsar la I+D+i y a propiciar un Pacto por la Ciencia.

A diferencia de lo ocurrido con las pol¨ªticas de educaci¨®n, en las de ciencia, tecnolog¨ªa e innovaci¨®n disponemos de un precedente de consenso general relativamente reciente: la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnolog¨ªa y la Innovaci¨®n, auspiciada por la ministra Garmendia, que fue aprobada en mayo de 2011 pr¨¢cticamente por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido con la educaci¨®n, en ciencia, tecnolog¨ªa e innovaci¨®n disponemos de un consenso en la ley de 2011

Analizando la gestaci¨®n de la Ley, resulta muy ilustrativo consultar en las hemerotecas las declaraciones de los entonces portavoces parlamentarios, felicit¨¢ndose por el texto aprobado. Gabriel Elorriaga, portavoz y negociador del Partido Popular (PP), destac¨® entonces la profunda transformaci¨®n que hab¨ªa experimentado el borrador inicialmente enviado por el Gobierno al Parlamento, queriendo poner el acento, sin duda, en la contribuci¨®n significativa de su propio grupo al texto definitivo de consenso. ¡°Contiene los instrumentos que van a permitir la gesti¨®n eficaz del sistema de I+D+i¡±, dec¨ªa, si bien ¡°queda mucho trabajo por hacer en su desarrollo¡±.

Ciertamente, eran muchas las medidas que hab¨ªa que adoptar para desarrollar la Ley y su an¨¢lisis exhaustivo queda fuera del reducido espacio de este art¨ªculo. Por ello, analizaremos ¨²nicamente el devenir de varias de ellas que, por su urgencia, importancia y servir de base para otras reformas posteriores enunciadas en la Ley, se presentan en forma de mandatos imperativos, con plazos de ejecuci¨®n tasados que expresamente se especifican en la misma. El primero de tales mandatos dispone que la Agencia Estatal de Investigaci¨®n, piedra angular del sistema de evaluaci¨®n y asignaci¨®n de recursos a la investigaci¨®n, deb¨ªa constituirse en el plazo m¨¢ximo de un a?o. Pese a las continuas denuncias en sede parlamentaria, lideradas por el principal partido de la oposici¨®n, la Agencia no llegar¨ªa a ver la luz hasta poco antes de las elecciones del 20D, m¨¢s de cuatro a?os despu¨¦s de aprobarse la Ley.

El segundo mandato tasado en el tiempo se refiere a la reorganizaci¨®n y unificaci¨®n de las escalas de personal cient¨ªfico de los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n (OPIS). Un aspecto crucial de dicha reorganizaci¨®n tiene que ver con la universalizaci¨®n de la evaluaci¨®n del desempe?o, de forma que la actividad de todos los cient¨ªficos ser¨ªa objeto de evaluaci¨®n peri¨®dica por comisiones independientes, atendiendo a criterios p¨²blicos y objetivos, cuyos resultados condicionar¨ªan sus retribuciones. La Ley otorgaba al Gobierno un par de a?os para implementar el sistema de evaluaci¨®n, que deb¨ªa empezar a aplicarse ¨Cinexcusablemente- a partir del 1 de enero de 2014. Han pasado m¨¢s de cinco a?os y el sistema de evaluaci¨®n a¨²n no tiene visos de establecerse, por lo que ¨Cobviamente- no pudo aplicarse en la fecha prevista en la Ley, ni tampoco puede aplicarse en el d¨ªa de hoy.

Aviso a navegantes: llegar a un pacto no es garant¨ªa de que se cumpla si queda al arbitrio del Gobierno

Hace apenas unos d¨ªas, representantes del grupo parlamentario de C¡¯s y del Grupo Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados registraron, independientemente, sendas proposiciones no de ley (PNL) denunciando, nuevamente, el incumplimiento flagrante de la Ley 14/2011 e instando, otra vez, al Gobierno a que ponga inmediatamente en pr¨¢ctica medidas correctoras.

As¨ª pues, el ¨²nico ¡°pacto nacional¡± por la Ciencia, la Tecnolog¨ªa y la Innovaci¨®n que ha llegado a materializarse en una Ley, ha quedado bloqueado durante un lustro en aspectos esenciales por la mera inactividad del Gobierno. Es probable que si determinadas medidas nucleares de la Ley, como la creaci¨®n de la Agencia Estatal de Investigaci¨®n, la reorganizaci¨®n de los OPIS, o la plena integraci¨®n de los cient¨ªficos en el sistema de evaluaci¨®n del desempe?o ya existente, hubieran quedado explicitados en la propia Ley no hubi¨¦ramos tenido que lamentar todos estos a?os perdidos.

El corolario de nuestro escueto repaso al prolongado devenir de nuestra norma estrella, en cuanto a la amplitud del consenso alcanzado, no puede ser otro que un aviso a navegantes. Un aviso para todos los que hoy conf¨ªan en los ¡°pactos nacionales¡±. Si dichos pactos llegaran a materializarse ¨Cy ojal¨¢ que as¨ª sea- no estar¨ªa de m¨¢s preguntarse si se puede confiar en que las leyes que eventualmente se deriven de los mismos llegar¨¢n a aplicarse con diligencia o si, por el contrario, su redacci¨®n permite que su cumplimiento pueda quedar durante a?os al arbitrio del gobierno de turno.

Luis V.Garc¨ªa? es cient¨ªfico titular del Departamento de Biogeoqu¨ªmica, Ecolog¨ªa Vegetal y Microbiana del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog¨ªa de Sevilla (IRNAS). Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC). Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad (MINECO).