Ruido judicial y fiscal

I?aki Urdangarin no ingresar¨¢ en prisi¨®n. Es l¨®gico que as¨ª sea, pues el fiscal no solicitaba tal medida y tampoco hab¨ªa razones que aconsejaran desviarse de lo que es habitual en estos casos: que el ingreso en prisi¨®n no tenga lugar hasta que la sentencia sea firme.

M¨¢s an¨®malo parece, sin embargo, que se le permita continuar residiendo en Suiza y se le autorice a comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial competente de ese pa¨ªs, al tiempo que se le indica que habr¨¢ de comunicar todo desplazamiento que realice ¡°fuera del espacio de la Uni¨®n Europea¡±. Precisamente ocurre que Suiza no forma parte de la UE. I?aki Urdangarin es un espa?ol que vive en ese pa¨ªs no por especial arraigo en el mismo, sino por una decisi¨®n personal y familiar adoptada hace pocos a?os vinculada con los procesos abiertos contra ¨¦l y su deseo de salir del foco p¨²blico. Por eso, el efecto pr¨¢ctico de la medida judicial es el de una ventaja dif¨ªcil de justificar a quien ha sido condenado a seis a?os y tres meses de c¨¢rcel, por recurrible que esta sea.

Es verdad que en Espa?a se abusa de la prisi¨®n provisional en otras muchas causas y es correcto que las jueces de Palma no hayan seguido ese camino. Adem¨¢s rechazan de plano la fianza que hab¨ªa pedido Pedro Horrach, el fiscal del caso, que en los d¨ªas previos se hab¨ªa prodigado ante los medios de comunicaci¨®n en titubeos y en los ¡°no descarto¡± sobre cu¨¢l iba a ser su actitud, en vez de guardar la discreci¨®n que habr¨ªa convenido tras su pol¨¦mica conducci¨®n del caso N¨®os.

El contexto en que se ha producido la decisi¨®n sobre Urdangarin a?ade gravedad a lo sucedido ante la opini¨®n p¨²blica. Acaba de producirse el relevo de 28 titulares de ¨®rganos clave del ministerio p¨²blico, entre ellos el fiscal jefe de Murcia, Manuel L¨®pez Bernal, que se hab¨ªa querellado contra el presidente de esta comunidad por presuntos delitos cometidos en el caso Auditorio y que ahora denuncia en p¨²blico las intimidaciones y presiones vividas en coincidencia con la investigaci¨®n de casos de corrupci¨®n y el desamparo del que han sido v¨ªctima ¨¦l y algunos de sus compa?eros.

El propio relevo de tantos titulares de fiscal¨ªas clave, algunas tan sensibles como la de Anticorrupci¨®n y la jefatura de la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, exige una explicaci¨®n. El fiscal general, Jos¨¦ Manuel Maza, est¨¢ obligado a dar cuenta de las razones de tales cambios, m¨¢s all¨¢ del argumento formal de que hab¨ªan vencido los plazos para hacerlo y que nombrar a otras personas entra dentro de sus competencias. El ministerio p¨²blico es un ¨®rgano constitucional que depende jer¨¢rquicamente del fiscal general ¡ªa su vez nombrado por el Gobierno¡ª, que deber¨ªa ser una garant¨ªa para los ciudadanos. Lejos de ello se ha convertido en una fuente de desconfianzas, dadas las continuas sospechas sobre intervenciones del Ejecutivo.

La justicia debe expresarse a trav¨¦s de la solidez de sus procedimientos y sentencias, no a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n ni de las opiniones personales de aquellos que tienen encomendada impartirla o instar la investigaci¨®n desde el Gobierno. El ruido continuo y las interferencias pol¨ªticas en nada contribuyen a prestigiarla ante la ciudadan¨ªa.