Fiscal¨ªa bajo sospecha

Intentar frenar una investigaci¨®n en un caso de corrupci¨®n desde la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no es solo un contrasentido; es intolerable. La rebeli¨®n de un pu?ado de fiscales ha dejado al descubierto lo que hasta ahora era una bien fundada pero al fin y al cabo mera sospecha. El fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Manuel Moix, se opuso, en contra de la opini¨®n de los subalternos que llevaban el caso, a parte de los registros y diligencias que el mi¨¦rcoles desembocaron en la detenci¨®n del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, y otras 11 personas.

La llamada Operaci¨®n Lezo pudo seguir su curso en contra del criterio de Moix gracias al apoyo casi un¨¢nime de la Junta de Fiscales a la que tuvieron que acudir sus subalternos. Las diligencias, en definitiva, han destapado un importante caso de corrupci¨®n pol¨ªtica protagonizado, de nuevo, por dirigentes del Partido Popular, pero han puesto al descubierto de manera descarnada hasta qu¨¦ punto el Partido Popular se vale de su presencia en el Gobierno y su control de la fiscal¨ªa para tapar los grav¨ªsimos casos de corrupci¨®n que le asedian.

Es dif¨ªcil inculcar en la ciudadan¨ªa respeto y confianza en la fiscal¨ªa cuando esta es, al mismo tiempo, manipulada por intereses partidistas. El Gobierno de Mariano Rajoy ni siquiera se toma la molestia de aparentar otra cosa. Nombra en la c¨²pula del ministerio p¨²blico a juristas afines y en febrero, cuando los casos de corrupci¨®n le acorralan en los tribunales, permite que el controvertido fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Manuel Moix, releve de sus puestos a los fiscales m¨¢s inc¨®modos, a los que justamente han perseguido los delitos de corrupci¨®n pol¨ªtica del PP que tanto alarman a los ciudadanos.

Entre las destituciones de febrero, cuando el caso del presidente murciano Pedro Antonio S¨¢nchez estaba en plena efervescencia, estuvo la de Manuel L¨®pez Bernal. Este fiscal fue el que destap¨® el esc¨¢ndalo que ha forzado (tard¨ªamente, como siempre) la dimisi¨®n de S¨¢nchez. El propio L¨®pez Bernal ha denunciado intimidaciones e intentos de injerencia pol¨ªtica y ha manifestado p¨²blicamente la desprotecci¨®n en la que quedan, por tanto, muchos fiscales. Flaco favor al Estado de derecho le hacen los que debilitan la independencia de criterio del ministerio p¨²blico, cuya misi¨®n principal es la de perseguir el delito y no dedicarse, en contradicci¨®n manifiesta, a ocultarlo.

La credibilidad de la Fiscal¨ªa General del Estado se ha evaporado por completo. Ante el esc¨¢ndalo destapado por la rebeli¨®n de fiscales, aquella ha alegado que el problema ha estado en meras ¡°discrepancias t¨¦cnico-jur¨ªdicas¡±. Es un argumento dif¨ªcil, cuando no imposible, de creer, dados los precedentes.

El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, y el fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, est¨¢n obligados a comparecer en el Parlamento para dar las explicaciones precisas a la oposici¨®n y a toda la ciudadan¨ªa. No ser¨¢ la primera vez que lo hacen. Su capacidad de convicci¨®n es, por fuerza, limitada. El PP, en su avidez de controlar las instituciones y tapar sus casos de corrupci¨®n, alimenta la desconfianza y amenaza seriamente la salud democr¨¢tica de este pa¨ªs.