Fraude secesionista

Pocas veces ha habido tanta distancia en la democracia espa?ola entre la palabra y los hechos como ayer. Los ciudadanos pudieron conocer desde las p¨¢ginas de este diario el contenido de la ley secreta de ruptura o desconexi¨®n preparada por el secesionismo (Junts pel S¨ª y la antisistema CUP) para lanzar la independencia.

Se trata de una ley de contenidos extraordinariamente preocupantes, antiestatutarios y anticonstitucionales, s¨ª, pero a¨²n peor: de contornos autoritarios, antidemocr¨¢ticos y divisivos de la ciudadan¨ªa catalana. Y sin embargo, en la misma jornada el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, formulaba en Madrid una propuesta en apariencia amable para un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n pactado. Exactamente lo contrario de lo que prev¨¦ el (a¨²n oficialmente clandestino) proyecto de ley.

Esa ley de ruptura es jur¨ªdicamente un dislate y un fraude. Pretende regular una ¡°transici¨®n¡± y se autodenomina ¡°fundacional¡±: t¨¦rminos antit¨¦ticos. Es una ley ordinaria que busca derogar la m¨¢xima norma catalana (el Estatut) y espa?ola (la Constituci¨®n) sin siquiera atender el requerido quorum reforzado previsto para reformas estatutarias menores. Se pretende someter a votaci¨®n s¨²bita y expr¨¦s mediante un cambio capcioso del reglamento del Parlament, para asfixiar a la oposici¨®n. Y contempla la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal (otros podr¨ªan ser legales), sin neutralidad, sin normas, con una ¡°sindicatura¡± o junta electoral (a¨²n) secreta y parcial.

Es un esc¨¢ndalo democr¨¢tico may¨²sculo, que en primer lugar atenta contra los derechos y las libertades catalanas tal como vienen reconocidos en el ordenamiento vigente. Por lo dem¨¢s, el perfil del Estado catal¨¢n que propugna (para cuya creaci¨®n el refer¨¦ndum servir¨ªa de mera ¡°ratificaci¨®n¡± de hechos consumados, ni siquiera neutral y libremente optativos para el votante) no es ya un modelo de baja calidad democr¨¢tica, sino de frontal violaci¨®n de los pilares de las democracias avanzadas asentadas en Estados de derecho.

As¨ª, la justicia no ser¨ªa independiente, sino que seguir¨ªa las pautas sectarias (selecci¨®n de jueces) y autoritarias (nombramiento de la m¨¢xima autoridad judicial por el Ejecutivo) de las que avis¨® con exactitud el exjuez Santiago Vidal. La libertad de informaci¨®n se restringir¨ªa a los medios no oficiales, sobre los que planea el esp¨ªritu sancionador enarbolado por el exartista Llu¨ªs Llach. Y el Estado catal¨¢n usurpar¨ªa leg¨ªtimas funciones propias tanto del Estado espa?ol como de la UE.

Nada de todo eso explic¨® ayer Puigdemont. Pidi¨® al Gobierno central voluntad sincera de di¨¢logo; un acuerdo para un refer¨¦ndum; y grandeza como la de Adolfo Su¨¢rez al restablecer provisionalmente la Generalitat republicana, en 1977.

Cualesquiera que sean la viabilidad o imposibilidad de sus propuestas ¡ªhay de todo¡ª, el Gobierno no debe parapetarse en la inacci¨®n: le corresponde contribuir a encauzar el problema. Y el president de la Generalitat solo tiene una forma de certificar su sinceridad: la retirada absoluta y sin tapujos del autoritario texto, de forma que se elimine todo indicio de lo que constituye un instrumento de chantaje al Estado y una amenaza sin parang¨®n a los derechos democr¨¢ticos de los catalanes.