Justicia y credibilidad social

La justicia es un pilar esencial para la democracia y la sociedad, y el adecuado funcionamiento de la misma es una de las responsabilidades m¨¢ximas de nuestros representantes pol¨ªticos y de los mandatarios de las instituciones que la dirigen. La justicia es, por otra parte, un mecanismo b¨¢sico para prevenir y combatir la corrupci¨®n.

Espa?a se encuentra actualmente sumida en una situaci¨®n preocupante de numerosos casos y esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, que crean una importante alarma e indignaci¨®n social, y que es necesario afrontar de una forma urgente y decidida por los responsables pol¨ªticos y parlamentarios de este pa¨ªs. Para hacer frente a este inadmisible nivel de corrupci¨®n es tan urgente como necesaria la adopci¨®n de un "pacto integral contra la corrupci¨®n" por parte de las formaciones pol¨ªticas que haga frente de forma firme, r¨¢pida e inequ¨ªvoca a este importante y muy preocupante problema social.

La reciente y mayoritaria reprobaci¨®n por el Parlamento espa?ol del ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, y el fiscal Anticorrupci¨®n, pone de manifiesto una amplia sensaci¨®n social de falta de independencia de la Fiscal¨ªa respecto al Gobierno y al poder ejecutivo, y en definitiva una quiebra de la credibilidad social que atraviesa en estos momentos la c¨²pula pol¨ªtica de la justicia y los m¨¢ximos responsables del Ministerio Fiscal. Ello erosiona injustamente, adem¨¢s, la imagen de los miles de jueces y de fiscales que en el d¨ªa a d¨ªa desempe?an adecuadamente sus funciones.

En este contexto, Transparencia Internacional propone una serie de medidas que posibilitan afrontar este importante problema, a un nivel general e integral, y otras especialmente vinculadas a la Fiscal¨ªa. Entendemos que es urgente aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal, as¨ª como su nivel de independencia respecto al poder ejecutivo, y especialmente respecto al Ministerio de Justicia. Sin este urgente y necesario aumento de la transparencia y la independencia en la Fiscal¨ªa, los ciudadanos no ver¨¢n garantizada la necesaria y decidida lucha contra la corrupci¨®n por parte de esta instituci¨®n fundamental del Estado para combatirla. Algunas de estas medidas son las siguientes:

-Promover la despolitizaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales y disminuir de forma significativa el muy amplio poder y representaci¨®n del Gobierno y los partidos pol¨ªticos en ¨¦stos y en otras instituciones del Estado y la Administraci¨®n P¨²blica.

-Prohibici¨®n legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupci¨®n. Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonaci¨®n legal de sus delitos a trav¨¦s de la figura del indulto.

Espa?a se encuentra actualmente sumida en una situaci¨®n preocupante de numerosos casos y esc¨¢ndalos de corrupci¨®n

-Reducci¨®n del n¨²mero de aforados (ning¨²n pa¨ªs en Europa tiene tantos aforados como Espa?a), as¨ª como las caracter¨ªsticas del aforamiento, limit¨¢ndolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo p¨²blico.?

-Transparencia de las formaciones pol¨ªticas. Es necesario un aumento de la transparencia (tanto externa como interna) de los partidos y de las entidades perim¨¦tricas de los mismos (fundaciones, etc¨¦tera), siguiendo las pautas y recomendaciones del GRECO (Grupo de pa¨ªses del Consejo de Europa contra la Corrupci¨®n).

En cuanto al necesario aumento de la independencia y la transparencia de la Fiscal¨ªa General, TI-Espa?a propone:

-Necesidad urgente de un C¨®digo ?tico de la Fiscal¨ªa. Es urgente la aprobaci¨®n y publicaci¨®n de un "c¨®digo etico" de la Fiscal¨ªa General, que garantice ante la sociedad que las actuaciones de los miembros y el personal de los distintos ¨®rganos de la Fiscal¨ªa respondan a unos principios de ¨¦tica, integridad y transparencia.

-Acabar con la dependencia financiera de la Fiscal¨ªa respecto al poder ejecutivo, y clarificar la relaci¨®n entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia. El Ministerio Fiscal precisa disponer de un presupuesto propio para poder ejercer de forma independiente sus funciones. Si, como ocurre ahora, depende financiera y presupuestariamente del poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) ello supone una evidente limitaci¨®n en su independencia. El Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal (2007) establece la necesaria individualizaci¨®n o autonom¨ªa presupuestaria esta instituci¨®n, disposici¨®n legal que 10 a?os despu¨¦s no se ha llegado a cumplir. Por otra parte, el GRECO (Informe 2013) recomienda vehementemente a Espa?a que se regule con transparencia en la ley la relaci¨®n entre el Fiscal General y el Gobierno.

Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sean reuniones p¨²blicas y sean grabadas

-Escasez de recursos humanos y lentitud en la justicia. Resulta urgente afrontar por parte de la clase pol¨ªtica y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la justicia en Espa?a: Hay en este pa¨ªs aproximadamente la mitad de jueces (11) que la media de la Uni¨®n Europea (21) por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada cien mil habitantes frente a los 5 fiscales que hay en Espa?a. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la justicia en este pa¨ªs. La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la justicia penal ello conlleva que el ¨²ltimo resorte de intervenci¨®n y de garant¨ªa del Estado no funciona.

-Transparencia en los nombramientos. Es necesario que el nombramiento, cese y las entrevistas para ocupar la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sean reuniones p¨²blicas y sean grabadas, tal como se hace en numerosos pa¨ªses, y en Espa?a para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Nacional. Es igualmente necesario hacer p¨²blicos los nombramientos por el Fiscal General de cargos como los fiscales decanos, o los Delegados Anticorrupci¨®n, entre otros.?

-Transparencia en los planes de actuaci¨®n de los fiscales. Es necesaria la publicaci¨®n de los planes de actuaci¨®n de los distintos fiscales jefe y de los fiscales de sala, y especialmente el Plan de actuaci¨®n del fiscal Anticorrupci¨®n, para que los ciudadanos puedan conocer con cierto detalle las actividades que desarrollan y las que tienen previstas.

-Reforma procesal. Es necesaria una progresiva reforma procesal, acorde con el sistema judicial existente en la generalidad de los pa¨ªses desarrollados, de manera que el fiscal sea el instructor, en lugar del propio juez que actualmente instruye y dicta sentencia, lo cual podr¨ªa evitar adem¨¢s algunos atascos en la Administraci¨®n de justicia. Deber¨ªa haber un fiscal instructor, un juez de garant¨ªas y la defensa, como los tres ejes fundamentales de los procesos judiciales. La implementaci¨®n de esta reforma, sin embargo, no resulta recomendable si previamente no se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, y se satisfacen suficientemente las mencionadas necesidades personales y materiales de la instituci¨®n, condiciones ambas necesarias para que la Fiscal¨ªa pueda hacerse cargo de la instrucci¨®n penal preservando las garant¨ªas de imparcialidad y eficiencia de esta instituci¨®n.

Las anteriores medidas podr¨ªan contribuir, en definitiva, a aumentar en este pa¨ªs la independencia y la credibilidad social de la Fiscal¨ªa y de la Justicia, necesidades b¨¢sicas de una sociedad realmente democr¨¢tica como todos aspiramos a que sea la nuestra.

Jes¨²s Lizcano es catedr¨¢tico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional Espa?a.