Ley fraudulenta
La norma para el refer¨¦ndum catal¨¢n cercena la democracia y las libertades
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La ¡°ley del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n¡± presentada por los dos grupos secesionistas de la C¨¢mara catalana (Junts pel Si ¡ªEsquerra y la ex-Converg¨¨ncia¡ª y la CUP) es un fraude.
Un fraude pol¨ªtico, en primer lugar, porque su presentaci¨®n se revisti¨® de la apariencia de celebrarse en el hemiciclo del Parlament. Pero no fue as¨ª, sino en una sala del mismo, para as¨ª hurtar el debate democr¨¢tico, la rendici¨®n de cuentas ante los representantes de la ciudadan¨ªa y el cumplimiento de la ley.
Se trata, adem¨¢s, de una presunta norma, carente por completo de estatuto jur¨ªdico parlamentario. Ni es borrador, ni es proyecto, ni es moci¨®n. No es nada m¨¢s all¨¢ del vac¨ªo, al menos de momento. ?A qui¨¦n se pretende obligar con una norma que se disfraza y esconde para no ser tal?
Las leyes otorgan una necesaria formalidad e inevitables formalismos a la voluntad del legislador, deben elaborarse siguiendo unas pautas institucionales muy regladas (borrador, proyecto, en comisi¨®n, luego en Plenos...) para perfeccionarlas y para posibilitar la labor legislativa de la oposici¨®n. Todo lo que no sea observar estos procedimientos es despreciar al Parlamento y arrogarse tanto la legitimidad como la legalidad de hacer leyes sin pasar por ¨¦l: es curioso que este pecado de leso Estado de derecho lo cometa en este caso la propia mayor¨ªa (aunque exigua) secesionista. Algo que dice bastante de su cultura democr¨¢tica y de su visi¨®n del futuro.
El texto es, adem¨¢s, un fraude jur¨ªdico, sustantivamente, porque se trata de un texto con apariencia de ley que incurre en ruptura legal y en fraude de ley.
En ruptura legal ¡ªm¨¢s conocida en cuanto a su intencionalidad pol¨ªtica¡ª porque pretende quebrar el ordenamiento democr¨¢tico catal¨¢n y espa?ol, al violar la soberan¨ªa constitucional que radica en toda la ciudadan¨ªa espa?ola; anular de facto el Estatut y convocar un refer¨¦ndum unilateral, tampoco incardinable en las normas de convivencia que en su momento vot¨® la ciudadan¨ªa catalana (y espa?ola).
La segunda, m¨¢s novedosa, establece lo que el Govern hab¨ªa preanunciado como ¡°garant¨ªas del refer¨¦ndum¡±. En realidad se trata de garant¨ªas de lo que sin duda ser¨ªa el acto fundador de un r¨¦gimen que dif¨ªcilmente escapar¨ªa al calificativo de autoritario. Es as¨ª t¨¦cnica y pol¨ªticamente porque el texto aborda cuestiones propias de una ley electoral: la autoridad electoral, el censo, los qu¨®rums requeridos... Pues bien, esa ley electoral, prevista en el Estatut (art¨ªculo 56) nunca se ha redactado, pues nunca alcanz¨® la mayor¨ªa reforzada de dos tercios (90 diputados) del Parlament que requiere. Sustituirla por una ley de refer¨¦ndum que solo exige el voto de 69 diputados (el bloque secesionista dispone de 72) es trampa. Constituye una anulaci¨®n de la oposici¨®n y la suspensi¨®n efectiva de la democracia.
Contradice, por lo dem¨¢s, las condiciones que el Consejo de Europa (en su Comisi¨®n de Venecia) establece para un refer¨¦ndum solvente: antelaci¨®n m¨ªnima de un a?o de la ley que lo ampare; negaci¨®n de una consulta unilateral en vez de pactada; censo solvente y fiable. En su af¨¢n rupturista, el secesionismo, una vez m¨¢s, se desconecta del sentido com¨²n, la realidad y los m¨ªnimos democr¨¢ticos exigibles a cualquier proyecto pol¨ªtico.
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