?Una respuesta democr¨¢tica a la tragedia de Barcelona?

Conforme la niebla se va escampando, Espa?a debe afrontar una decisi¨®n trascendental: c¨®mo responder ante futuros ataques terroristas. La ley vigente ofrece dos modelos, el primero es democr¨¢tico y se inscribe en la Constituci¨®n. Cuando la pr¨®xima c¨¦lula terrorista inicie una nueva ola de atentados, este modelo faculta al presidente del Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, a solicitar al Parlamento que autorice la proclamaci¨®n del estado de emergencia, facultando medidas de car¨¢cter extraordinario. Durante 30 d¨ªas, las fuerzas de seguridad pueden arrestar sospechosos sin las garant¨ªas procesales y penales establecidas para situaciones normales. Entre estas medidas se incluyen la detenci¨®n y el arresto por meras sospechas y la exposici¨®n a m¨¦todos interrogativos intrusivos. La autorizaci¨®n parlamentaria debe ser renovada en un mes, de lo contrario fiscales y polic¨ªas deben retornar a las pr¨¢cticas est¨¢ndar que otorga a los sospechosos plena protecci¨®n penal.

El segundo modelo es burocr¨¢tico, no cuenta con un acomodamiento constitucional expl¨ªcito y se sustenta b¨¢sicamente en enmiendas introducidas en el C¨®digo Penal en 2015. Como consecuencia de la nueva legislaci¨®n antiterrorista insertada en el c¨®digo, se otorgan amplias facultades al Gobierno para calificar las amenazas como "terroristas" bajo normas muy vagas e indeterminadas. A partir de dicha reforma, entre otras medidas, se ampl¨ªa el tipo penal y redefine el delito de terrorismo as¨ª como las actividades consideras como terroristas, se tipifica el fen¨®meno de los combatientes terroristas extranjeros para quienes colaborar o cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero, todo ello sin ning¨²n tipo de supervisi¨®n parlamentaria.

El camino de las iniciativas antiterroristas poco transparentes no tiene fin. Una vez iniciadas, la misma inercia burocr¨¢tica sigue impuls¨¢ndolas sin la certeza de que el Consejo de Ministros se comprometa a reconsiderar su aplicaci¨®n sistem¨¢tica incluso ante una constante negaci¨®n de los derechos fundamentales, aunque esta sea equilibrada por consideraciones convincentes de seguridad nacional.

En t¨¦rminos generales, un ataque terrorista serio toma a los servicios de seguridad por sorpresa

El modelo burocr¨¢tico parecer¨ªa justificado por el notable ¨¦xito obtenido en el desmantelamiento de la c¨¦lula terrorista en Catalu?a. Pero esto ser¨ªa un terrible error. Es posible que Espa?a no tenga tanta suerte la pr¨®xima vez. En t¨¦rminos generales, un ataque terrorista serio toma a los servicios de seguridad por sorpresa; de lo contrario, se habr¨ªan detenido a los protagonistas de antemano. Consecuentemente, se tendr¨¢n grandes dificultades para localizar el resto de la red terrorista y prevenir siguientes ataques.

De todo ello se deduce que las medidas de excepci¨®n a corto plazo est¨¢n plenamente justificadas. La ¨²nica manera de minimizar de manera decisiva las posibilidades de un segundo ataque parecer¨ªa ser detener e interrogar a los sospechosos de terrorismo sin proporcionarles todas las protecciones y garant¨ªas legales. Si los servicios de seguridad tuviesen que convencer a jueces y fiscales en condiciones normales, los terroristas podr¨ªan eludir f¨¢cilmente su acci¨®n, d¨¢ndole tiempo suficiente a la c¨¦lula terrorista para atacar nuevamente e incrementar el p¨¢nico y erosionar la confianza p¨²blica de que la crisis llegar¨¢ a su fin. Sin embargo, el coste de ¨¦stas medidas extraordinarias es muy elevado, cientos o miles de inocentes pueden llegar a ser confinados injustamente para luego tener que lidiar con el estigma y las consecuencias que dicha detenci¨®n lastra cuando finalmente se les permite regresar a la vida ordinaria.

Esta es la raz¨®n fundamental por la cual el modelo democr¨¢tico inscrito en la Constituci¨®n proporciona un camino mucho m¨¢s adecuado y garantista con proyecci¨®n de futuro. Una declaraci¨®n solemne y p¨²blica de emergencia significa reconocer los enormes costes que inocentes sufrir¨¢n en pro de la seguridad nacional. Adem¨¢s, la proclamaci¨®n deber¨ªa prever una autoridad civil independiente, supervisada por los tribunales, para prevenir casos de tortura y otras pr¨¢cticas contrarias a los derechos humanas en los centros de detenci¨®n.

Tambi¨¦n debe concederse una compensaci¨®n econ¨®mica a los detenidos que fueron arrestados por las fuerzas de seguridad siendo inocentes. No solamente han sacrificado su libertad personal por el bien p¨²blico, sino que durante su periodo de reclusi¨®n en celdas normalmente superpobladas, podr¨ªan haber perdido sus empleos y generado ansiedad y estigma a sus familias y amigos.

El desaf¨ªo es lograr un sistema realista que respete las exigencias de la dignidad humana y la seguridad nacional

Esto es simplemente inaceptable. El ordenamiento jur¨ªdico deber¨ªa proporcionar a todas las v¨ªctimas inocentes del estado de emergencia un pago sustancial por cada semana que hayan pasado en cautividad. Esta indemnizaci¨®n no solo responder¨¢ por p¨¦rdidas materiales, sino que tambi¨¦n les ayudar¨¢ a mitigar las consecuencias provocadas por el estigma asociado con el hecho de su encarcelamiento. Al pagarles generosas compensaciones, el Gobierno adem¨¢s demostrar¨¢ que la respuesta de emergencia a un ataque terrorista se centra en el hecho penal cometido por parte de los individuos culpables, y no representa una campa?a indiscriminada contra grupos estigmatizados como desleales.

El modelo constitucional tambi¨¦n es correcto al enfatizar la necesidad de una reautorizaci¨®n parlamentaria mensual de las medidas de emergencia. La inminente amenaza de un ataque terrorista durar¨¢ mucho tiempo despu¨¦s de que ISIS y Al Qaeda hayan sido derrotados. Esto refleja el hecho de que en nuestra era tecnol¨®gica, cada vez es m¨¢s sencillo para grupos m¨¢s peque?os tener acceso a materiales explosivos con un impacto terrible. Sin embargo, esta amenaza bruta no deber¨ªa permitir destruir la preciada tradici¨®n de libertad que hemos heredado de la Ilustraci¨®n. Corresponde a un Parlamento democr¨¢ticamente elegido y no a los funcionarios y cuerpos de seguridad, decidir si la amenaza terrorista es tan inminente que las libertades fundamentales deben sacrificarse temporalmente.

Al defender la primac¨ªa del modelo democr¨¢tico, no negamos la transcendencia e importancia de la vigilancia continua por parte de los servicios de seguridad. El desaf¨ªo es integrar los dos modelos en un sistema realista que respete las exigencias de la dignidad humana y la seguridad nacional. Esto no suceder¨¢ sin una nueva ronda de debate que desaf¨ªe las premisas de un enfoque puramente burocr¨¢tico del problema.

Bruce Ackerman es sterling professor de Derecho y Ciencias Pol¨ªticas de la Universidad de Yale y autor de Antes de que nos ataquen de Nuevo (Atalaya)

Antoni Abat i Ninet es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Copenhagen (Dinamarca).