Entrar en la trampa

Entrar en la trampa y cerrar la puerta: es lo que el Gobierno de la Generalitat pretende que hagan los catalanes, con su insistencia en celebrar un refer¨¦ndum de independencia el pr¨®ximo 1 de octubre. Caer en la misma trampa en la que est¨¢n cayendo otras muchas sociedades occidentales, es decir, asumir el deterioro de normas democr¨¢ticas, como si no tuviera importancia ni se derivaran consecuencias, a cambio de objetivos lejanos y quiz¨¢s inasequibles.

La trampa del Gobierno de la Generalitat exige provocar un conflicto de legitimidades, no de legalidad, lo que ser¨ªa menos peligroso, aun a riesgo de que se produzca una fuerte divisi¨®n en su propia sociedad. Para colmo de desgracias, es posible que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calculen que ese conflicto de legitimidades, claramente a su favor, les termine proporcionando, incluso, r¨¦ditos electorales.

En muchos pa¨ªses se est¨¢ enraizando una manera de actuar en pol¨ªtica que hace relativamente poco se hubiera considerado anormal desde un punto de vista democr¨¢tico y que, sin embargo, vamos ahora convalidando, casi sin darnos cuenta, pese al formidable peligro que supone.

Son normas desali?adas, descuidadas, sujetas siempre al vertiginoso andamio del fin que justifica los medios y sientan precedentes muy da?inos. La ley de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica elaborada en un intencionado secreto, en Catalu?a, por JxS y la CUP es una ex¨®tica muestra de ese descuido democr¨¢tico que se presenta como una obra jur¨ªdica necesaria para satisfacer al ¡°pueblo verdadero¡± (el que vote ¡°s¨ª¡± en el refer¨¦ndum) cuando realmente lo que configura es una especie de estado de excepci¨®n. Anular esa ley, caso de que se apruebe, ser¨ªa curiosamente no una suspensi¨®n de la autonom¨ªa de Catalu?a, sino justamente lo contrario: restablecer la legalidad auton¨®mica.

El Gobierno de la Generalitat est¨¢ recorriendo a marchas forzadas el camino de la devaluaci¨®n de las normas democr¨¢ticas con el pretexto del supremo fin que se busca: la independencia. Pero en realidad lo que sucede es que se abandonan normas democr¨¢ticas que parec¨ªan inamovibles y que empiezan a estar m¨¢s desdibujadas en Catalu?a que en cualquier otra parte del Estado. Muchos catalanes convalidan la idea de que hay que celebrar un refer¨¦ndum de independencia porque existe un mandato popular, cuando realmente no existe, ni ha existido nunca. Por mucho que les digan lo contrario, en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, los partidos que defend¨ªan la independencia no obtuvieron una mayor¨ªa de votos. Para colmo, ese refer¨¦ndum no re¨²ne los est¨¢ndares democr¨¢ticos habitualmente exigidos. ?Qu¨¦ extra?a figura es la del ¡°funcionario voluntario¡± que controlar¨¢ la votaci¨®n? Los funcionarios no son ¡°voluntarios¡±, sino personas que ocupan, generalmente mediante oposici¨®n, un cargo en la Administraci¨®n p¨²blica.

Los responsables de la Generalitat buscan plantear un problema de legitimidades. Es posible que crean que superando la consulta del 1 de octubre pr¨®ximo lograr¨¢n poner en marcha unas nuevas instituciones derivadas de esa ley de transitoriedad, pero no se les puede ocultar que ese procedimiento ya se ha utilizado en otras partes del mundo (sin ir m¨¢s lejos, el presidente Maduro acaba de ponerlo en marcha en la muy mencionada Venezuela) y que casi siempre ha sido suicida. El conflicto de legitimidades se crear¨ªa no solo con las instituciones espa?olas, sino, sin duda, dentro de la propia Catalu?a. Est¨¢ claro que una parte importante de la ciudadan¨ªa no acudir¨¢ a votar, no porque no tenga opini¨®n respecto a la eventual independencia, sino porque considera que se trata de un refer¨¦ndum privatizado y niega, precisamente, su legitimidad. La ¨²nica manera de salvar el conflicto ser¨¢ celebrar, con la m¨¢xima urgencia, nuevas elecciones auton¨®micas.