Doble autoridad

Diez d¨ªas despu¨¦s de aprobarse fraudulentamente la primera de las llamadas leyes rupturistas de desconexi¨®n en el Parlament, Catalu?a vive una situaci¨®n contradictoria y desconcertante de doble autoridad y doble legalidad. Por un lado, para casi todos los aspectos de la vida cotidiana, rige el ordenamiento democr¨¢tico. Se cumplen la Constituci¨®n y el Estatut y toda la normativa derivada. Pero para la vida pol¨ªtica, el funcionamiento institucional y la radiotelevisi¨®n p¨²blica auton¨®mica rigen otras reglas, leg¨ªtimamente suspendidas por el ¨²nico que puede hacerlo, el Tribunal Constitucional, y en virtud de cuya suspensi¨®n todo incumplimiento constituye un acto ilegal.

No es que haya dos legalidades paralelas, de similar legitimaci¨®n, entre las que pueda elegirse la m¨¢s conveniente, como si se tratase de un men¨² entre opciones de ofertas equivalentes. Porque legalidad democr¨¢tica solo hay una, la derivada del bloque jur¨ªdico de constitucionalidad: Constituci¨®n y Estatut. Pero esta viene coexistiendo en la pr¨¢ctica con una apariencia de institucionalidad, con un espejismo de normativa, una fantasmag¨®rica legalidad alternativa basada en los hechos consumados, el golpe parlamentario (prolongado en cierre de la C¨¢mara) y el desacato al Estatut.

Los impulsores de esos hechos pretenden culminarlos en una proclamaci¨®n unilateral de independencia que atenta frontalmente contra el derecho interno e internacional. Y que llegar¨ªa tras la pretendida celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal, hu¨¦rfano de requisito democr¨¢tico alguno. Y cuya celebraci¨®n ser¨ªa imposible en ninguno de los pa¨ªses de la Europa democr¨¢tica continental, pues sus Constituciones proh¨ªben sin excepci¨®n tal experimento. Dig¨¢moslo con claridad una vez m¨¢s: el derecho de autodeterminaci¨®n que exigen los independentistas no est¨¢ reconocido en ning¨²n pa¨ªs democr¨¢tico del mundo.

Pero si la ilegalidad del invento est¨¢ bien establecida y no hay dudas sobre ella ¡ªni siquiera entre los secesionistas, aunque solo la admitan en la intimidad¡ª, todas las asociaciones de jueces, que tanto discrepan en muchos asuntos, acaban de remarcarlo, se?alando que un Gobierno que ordena incumplir la ley carece de legitimidad y deja en ese momento de ser autoridad: y que los ciudadanos pueden y deben resistirse a sus dictados.

Frente a la legalidad estatutaria se levanta una ilegal pero aparentemente ¡®normal¡¯

El Govern se parapeta detr¨¢s de su poder para dar apariencia de legalidad a los actos ilegales que comete. Frente a eso, un Estado de derecho democr¨¢tico tiene que operar en la legalidad, actuando sobre los hechos ilegales seg¨²n se vayan cometiendo, desplegando sus instrumentos de forma razonable, instando, advirtiendo: combinando eficacia y prudencia. El resultado de esta din¨¢mica es de un aparente empate. Lo que genera una intolerable inseguridad jur¨ªdica a los ciudadanos: conminados a formar parte de mesas electorales, y alertados de que hacerlo constituye delito.

El caso es que el Govern ha logrado dotar a su insubordinaci¨®n de aparente normalidad, aunque deficitaria. Y el Gobierno logra desguazar elementos de ilegalidad, pero no desactivar su entero edificio. As¨ª que muchos alcaldes prestan locales para el acto ilegal, pero son llamados a declarar; otros muchos que cumplen la ley reciben amenazas del Govern; la polic¨ªa requisa carteles, pero no detecta las urnas (si las hay); el juez cancela la web de la Generalitat pero el Govern la clona, aunque sus d¨²plicas tienen alcance muy inferior; la sindicatura electoral (suced¨¢neo de la junta legal) es conminada a disolverse, pero solo evita reunirse en el Parlament; los anuncios prorefer¨¦ndum remiten en la prensa, pero no los carteles en los autobuses. Y los m¨ªtines de campa?a electoral se siguen celebrando: el activismo del president Puigdemont en ellos rompe la regla del Consejo de Europa que impone una cierta neutralidad a los gobernantes, s¨ª, pero sobre todo constituye un ¨®rdago a la justicia para tratar de que se le reprima o detenga.

Puigdemont se prodiga en actos ilegales como si pretendiese el premio de ser reprimido o detenido

Bastantes de las limitaciones del Estado de derecho derivan de los principios y valores democr¨¢ticos. Solo las dictaduras (y quienes aspiran a montar un Estado autocr¨¢tico, como el secesionismo) se saltan incluso sus normas. En Espa?a hay separaci¨®n de poderes y tribunales independientes que se gu¨ªan por los principios de legalidad y proporcionalidad.

El Govern ha construido un andamiaje pseudoinstitucional complejo y fraudulento: desmontarlo no es f¨¢cil ¡ªmucho menos de lo que se aseguraba desde el Gobierno¡ª, pero no hay m¨¢s remedio que hacerlo, si se quiere evitar el fin de la autonom¨ªa y la derogaci¨®n de la Constituci¨®n por la v¨ªa de los hechos consumados. El empate entre ordenamiento democr¨¢tico y caos es un imposible. No es estable. No es sostenible. Y sobre todo, no es aceptable. El Gobierno no debe permitir que esa legalidad paralela se siga implantando y llegue a ganar legitimidad entre los ciudadanos, confundidos a estas alturas de la crisis. Tal vez no deber¨ªa haber permitido que esa legalidad surgiese en primera instancia; pero desde luego, con la l¨®gica y debida prudencia, no debe consentir que se consolide.