Restablecer el orden constitucional

La democracia y el orden constitucional que los espa?oles nos dimos en 1978 tras largos a?os de dictadura se encuentran en un momento cr¨ªtico. El reto planteado por el Govern y la mayor¨ªa parlamentaria que lo sostiene amenazan con destruir la unidad y convivencia. De forma irresponsable, vaciando las instituciones y abusando de la buena fe de los dem¨®cratas y de las garant¨ªas que rigen en un Estado de derecho, los independentistas se han embarcado en un desaf¨ªo sin precedentes al Estado. El Gobierno, como el resto de las instituciones, tiene la obligaci¨®n de actuar con firmeza y todos los medios legales para defender la vigencia de la Constituci¨®n, la democracia y los derechos y libertades de todos los espa?oles.

Restaurar el orden constitucional implica evitar el anunciado refer¨¦ndum secesionista. Es una consulta ilegal, que viola la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa, aprobada por el Parlament y el Govern en flagrante violaci¨®n de sus propias disposiciones y suspendida por el Tribunal Constitucional. Es una votaci¨®n sin ninguna garant¨ªa democr¨¢tica, destinada a socavar los fundamentos del Estado y cuyos promotores no dudan en amedrentar, amenazar y discriminar a quienes no se muestran de acuerdo con ellos, cercenando sus libertades individuales.

La desobediencia del Govern al Constitucional y a la Fiscal¨ªa General del Estado no deja lugar a dudas sobre su determinaci¨®n de continuar adelante con las incitaciones a la sedici¨®n. Celebrar la consulta supondr¨ªa reconocer que la Constituci¨®n ha dejado de regir en Catalu?a y dejar desamparados a los millones de ciudadanos que quieren seguir adelante con el proyecto de convivencia que nos dimos en 1978.

El Govern viola de forma reiterada y deliberada la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa

Dentro de esta deriva ilegal, hay que denunciar la actitud de los Mossos d¡¯Esquadra, un cuerpo armado cuya misi¨®n principal, como la de todas las fuerzas de seguridad del Estado, es garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos y libertades. Tras haber recibido la orden de la fiscal¨ªa de impedir la celebraci¨®n de la consulta, este cuerpo policial, que se debe a todos los catalanes, y no solo a una parte de ellos, permanece imp¨¢vido ante la comisi¨®n de delitos que socavan el orden constitucional y estatutario. Es inadmisible que una fuerza policial se ponga al servicio de una causa y no del Estado y la Constituci¨®n a quienes deben su lealtad. El Gobierno debe poner fin al constante abuso y desviaci¨®n de poder en el que se han instalado las instituciones que el secesionismo ha puesto bajo su control. Se trata de restaurar los derechos establecidos en la Constituci¨®n y el Estatut que han sido arbitrariamente derogados o suspendidos por los secesionistas.

La legalidad democr¨¢tica est¨¢ por encima de la pol¨ªtica, las opiniones y las emociones. Promover o apoyar una rebeli¨®n contra un Estado democr¨¢tico en la Europa del siglo XXI es una ofensa a la libertad de los ciudadanos, a la convivencia entre ellos y a sus derechos m¨¢s inalienables. Frente a la demagogia imperante, esparcida por algunos oportunistas l¨ªderes pol¨ªticos y los aprendices de brujo de la Generalitat, es preciso poner de relieve que no hay tensi¨®n entre democracia, legalidad y legitimidad. Los tres conceptos caminan juntos y no puede ser de otra manera en una democracia establecida y s¨®lida como la espa?ola.

El Gobierno tiene la obligaci¨®n de actuar con firmeza para defender la Constituci¨®n y la libertad

EL PA?S ha defendido siempre desde su fundaci¨®n la legalidad democr¨¢tica frente a cualquier intento involucionista. Est¨¢ en la memoria de todos los espa?oles la edici¨®n especial de la noche del 23-F de 1981, con el t¨ªtulo ¡°EL PA?S, con la Constituci¨®n¡±. En estos momentos de especial gravedad nos vemos en la obligaci¨®n de volver a expresar con firmeza nuestro apoyo a la Ley Fundamental y nuestra defensa de los derechos de los catalanes y de todos los espa?oles. Esta defensa no ha impedido nuestra reiterada petici¨®n de reformas y apoyo a una revisi¨®n del texto constitucional que incorpore el federalismo como f¨®rmula de organizar la convivencia de los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios. Pero ante el desaf¨ªo planteado por la Generalitat lo primero e inmediato es frenar este descarado golpe contra la democracia. Ya llegar¨¢ el tiempo de pedir responsabilidades.

El presidente del Gobierno debe convocar de urgencia a los principales partidos parlamentarios para informarles de las medidas que adoptar¨¢ para restaurar la legalidad con eficacia y pedir su apoyo. Y debe comparecer p¨²blicamente para explicar la situaci¨®n a todos los espa?oles. Tiene la raz¨®n y la legitimidad de su parte. Pero, sobre todo, tiene la responsabilidad y la obligaci¨®n de actuar para evitar que Espa?a se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes y de que se respete su Constituci¨®n.