Orden constitucional y elecciones

Nadie discute que estamos ante la mayor crisis pol¨ªtica e institucional de nuestra democracia, provocada por los independentistas catalanes. Y que tiene m¨¢s profundidad estrat¨¦gica que la asonada militar del 23 de febrero de 1981. Entonces se trat¨® de un golpe de Estado ¡°cl¨¢sico¡±, abortado gracias al rey Juan Carlos y a las enormes torpezas de sus criminales instigadores.

Hoy estamos tambi¨¦n ante un golpe de Estado. Y el rey Felipe VI se ha expresado con total contundencia y claridad en defensa de la Constituci¨®n y de la democracia. Pero las formas de este nuevo golpe son radicalmente distintas, aunque ahora tambi¨¦n hacen uso de la coacci¨®n y comparten comportamientos fascistoides, desde el impedimento antidemocr¨¢tico de las normas elementales de cualquier Parlamento democr¨¢tico, como vimos hace apenas un mes en el Parlament de Catalunya, al enorme ¡°pucherazo¡± de su pseudorrefer¨¦ndum, manifiestamente ilegal, o a la burda manipulaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica (incluyendo el papanatismo de muchos medios de comunicaci¨®n internacionales), mediante fake news, en el m¨¢s puro estilo populista.

Pero lo revisten de reivindicaci¨®n democr¨¢tica (como si votar al margen de la ley fuese sin¨®nimo de democracia y no de prostituci¨®n de la misma) y pretenden revertir lo obvio, condenando y acosando a los defensores de la legalidad (por cierto, por mandato judicial independiente) y enalteciendo a los que deliberadamente la incumplen. Propio de las revoluciones. E impropio de sociedades democr¨¢ticas.

Por ello, la prioridad ahora debe ser restablecer la legalidad. Y eso significa cumplir y hacer cumplir la Constituci¨®n. E ir, con el imperio de la ley y el Estado de derecho, contra los que la han violado flagrantemente y que no pueden quedar impunes. Pura salud democr¨¢tica.

Sorprende que Puigdemont y Junqueras no est¨¦n ya sometidos a la acci¨®n de la justicia

Son ya demasiadas las pruebas acumuladas. No es admisible que s¨®lo sean ciudadanos, algunos sorprendidos en su buena fe y otros activistas confesos, los que reciban las consecuencias de sus actos y no lo hagan los dirigentes y responsables pol¨ªticos que est¨¢n detr¨¢s de los mismos. Agazapados cobardemente y midiendo sus posibles responsabilidades personales o pol¨ªticas, intentando escudarse en pretendidos movimientos de masas manipuladas.

No hay, ni probablemente sea conveniente que los haya, detenidos por los hechos del pasado domingo (lo que contrasta con las acusaciones de ¡°brutal¡± represi¨®n, que recuerdan las pr¨¢cticas c¨ªnicas y tramposas habituales de los etarras en otros tiempos). Pero s¨ª que sorprende al sentido com¨²n que el mayor de los Mossos ¡ªclaro sospechoso de desobediencia y de sedici¨®n¡ª siga en su puesto, o que los se?ores Puigdemont o Junqueras o la se?ora Forcadell no est¨¦n ya sometidos a la acci¨®n de la justicia, por su comportamiento antidemocr¨¢tico y golpista.

S¨¦ que a los pusil¨¢nimes tales afirmaciones pueden escandalizarles. Pero me gustar¨ªa que respondieran a una cuesti¨®n muy simple: ?es admisible la tolerancia ante el incumplimiento de la ley y el desprecio a las resoluciones judiciales? ?Caben excepciones de ¡°oportunidad pol¨ªtica¡± que justifiquen la inacci¨®n ante tales comportamientos?

Restablecer el orden constitucional debe ser, pues, condici¨®n necesaria. Y responsabilidad inexcusable de cualquier Gobierno democr¨¢tico cuya legitimidad descansa no en el n¨²mero de manifestantes sino en el voto de los ciudadanos y del ejercicio de mayor¨ªas parlamentarias leg¨ªtimas. Pero cuya circunstancia no les exime de cumplir la ley, que est¨¢ por encima de todos, como s¨ª ha hecho de manera escandalosa la actual mayor¨ªa en el Parlament de Catalunya, silenciando vergonzosamente a la oposici¨®n e impidiendo cualquier tipo de debate.

Y para ese restablecimiento existen diversos mecanismos. Y no cabe excluir ninguno. Desde la aplicaci¨®n inmediata de lo que dispone el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n (tan constitucional, por cierto, como cualquier otro), hasta la aplicaci¨®n de otros art¨ªculos que prev¨¦n diferentes situaciones excepcionales (y qu¨¦ m¨¢s excepcional que un golpe de Estado contra la Constituci¨®n democr¨¢tica de todos) o la directa aplicaci¨®n de la Ley de Seguridad Nacional.

Es responsabilidad inexcusable del Gobierno defender la democracia aunque sea en solitario

Obviamente, ser¨ªa muy deseable que esa imprescindible defensa del Estado democr¨¢tico (que no del Gobierno de turno) se hiciera con el m¨¢ximo consenso entre los partidos constitucionalistas y, por lo tanto, con una clar¨ªsima mayor¨ªa parlamentaria.

Pero si eso no es posible, y la actitud de la actual direcci¨®n del Partido Socialista alimenta el escepticismo al respecto, apl¨ªquese la ley con todas sus consecuencias, restabl¨¦zcanse el orden constitucional, la dignidad de las instituciones y el sosiego ciudadano, y, una vez eso garantizado, ll¨¢mese a los ciudadanos a que expresen su opini¨®n a trav¨¦s de las urnas.

A los ciudadanos de Catalu?a a trav¨¦s de unas elecciones auton¨®micas con garant¨ªas democr¨¢ticas (nada que ver con la gran kermesse antidemocr¨¢tica y chusca del pseudorrefer¨¦ndum del pasado domingo), y a los ciudadanos espa?oles en su conjunto, para que decidan libremente qu¨¦ Gobierno prefieren para afrontar nuestro futuro como naci¨®n unida y democr¨¢tica. Y que garantice la igualdad de todos los espa?oles en el ejercicio de su soberan¨ªa y su libertad.

Hace ya muchos a?os, el general De Gaulle, a la saz¨®n presidente de la Rep¨²blica Francesa, ante los hechos revolucionarios de Mayo del 68 (cuyos lemas y fotos dieron tambi¨¦n la vuelta al mundo y generaron grandes dosis de simpat¨ªa entre los j¨®venes de todo el mundo), decidi¨® defender la V Rep¨²blica, restablecer el orden, acabar con las ilegalidades y los disturbios, e inmediatamente despu¨¦s convocar elecciones. Y las gan¨® con total claridad. Result¨® que el pueblo franc¨¦s no coincid¨ªa con los revolucionarios de los adoquines y de las consignas florales.

M¨¢s adelante, el general De Gaulle tuvo que abandonar el poder al perder un refer¨¦ndum sobre la regionalizaci¨®n de Francia y que expres¨® el descontento de buena parte de los franceses a su pol¨ªtica, aunque aval¨® su continuidad b¨¢sica al elegir como nuevo presidente al que fuera su primer ministro, Georges Pompidou.

Pero en el momento de elegir entre la ruptura o el mantenimiento de las instituciones democr¨¢ticas y constitucionales, decidi¨® apoyar a quien las encarnaba en ese momento.

Siempre es bueno aprender de la historia. Aunque sea para no repetirla ni en forma de tragedia ni en forma de farsa. Tambi¨¦n en eso podemos desmentir a Marx.

Josep Piqu¨¦ fue ministro de Asuntos Exteriores con el PP entre 2000 y 2002.