Las elecciones no son la soluci¨®n

Asoman en estos d¨ªas a los medios creadores de opini¨®n que sugieren, como soluci¨®n a la crisis provocada por el desacato de la Generalitat al orden constitucional, la celebraci¨®n de elecciones auton¨®micas en virtud de una decisi¨®n in extremis del president Puigdemont, quien, de grado, har¨ªa uso de su facultad de disolver el Parlament antes de la publicaci¨®n en el BOE de las medidas que acuerde el Gobierno en ejecuci¨®n de lo propuesto al Senado el pasado s¨¢bado.

Con esta decisi¨®n del president ¡ªse dice¡ª quedar¨ªa constatada la vuelta a la legalidad de la Generalitat, que, sin hacer un acto revocatorio expreso de la declaraci¨®n del 10 de octubre ni de lo suscrito por la mayor¨ªa secesionista declarando ¡°constituida la Rep¨²blica catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democr¨¢tico y social¡±, habr¨ªa sin embargo renunciado t¨¢citamente a su supuesto inconstitucional m¨¢ximo.

Debe denunciarse que este parecer parte de una premisa falsa: la de que las medidas del art¨ªculo 155 son la consecuencia jur¨ªdica prevista en la norma para un supuesto de hecho consistente en una declaraci¨®n de independencia m¨¢s o menos inequ¨ªvoca que no haya sido revocada; cabiendo que esa revocaci¨®n ¡ªelusiva del 155¡ª viniera de actos propios del Govern al punto que su conducta posterior indicara que la declaraci¨®n no era del todo efectiva.

Abstracci¨®n hecha de que una cosa es que lo sucedido en el Parlament el pasado 10 de octubre careciera de efectos jur¨ªdicos y otra que no vaya a tener consecuencias legales (desacato al Tribunal Constitucional con calificaci¨®n penal m¨¢s all¨¢ de la mera desobediencia), hay que recordar que el aut¨¦ntico supuesto de hecho para el art¨ªculo 155 es el incumplimiento por una comunidad de sus obligaciones legales cuando atente gravemente contra el inter¨¦s general, siendo desde luego la declaraci¨®n de independencia (ya sea palmaria, ambigua o por fases) el supuesto perjudicial m¨¢ximo, pero no el ¨²nico que legitima el expediente.

Porque ?es que hasta el 10 de octubre la Generalitat no hab¨ªa incumplido sus obligaciones en perjuicio del inter¨¦s general? ?Es que la acci¨®n exterior, atribuy¨¦ndole a Espa?a la condici¨®n de Estado ¡°autoritario¡± o ¡°represor¡±, no es un da?o al inter¨¦s general? ?Es que la inseguridad jur¨ªdica y la huida de empresas no han perjudicado la inversi¨®n en la econom¨ªa espa?ola? ?Qu¨¦ son los incumplimientos de sentencias en materia ling¨¹¨ªstica en la educaci¨®n? ?Y las desobediencias para celebrar el refer¨¦ndum del 9-N y cargar su coste al erario p¨²blico? ?Es que las ¡°estructuras de Estado¡± no da?an el inter¨¦s general? ?El espect¨¢culo de los d¨ªas 6 y 7 del Parlament no atent¨® contra el inter¨¦s com¨²n?

Por otra parte, pensar que la salida a la crisis se resuelve con unas elecciones en Catalu?a es obviar temerariamente que esos comicios se celebrar¨ªan en precarias condiciones de limpieza democr¨¢tica, con una total patrimonializaci¨®n a su favor por parte del Govern de los recursos p¨²blicos, en un clima de acoso a los no secesionistas, en un contexto de imp¨²dica parcialidad del aparato medi¨¢tico ¡ªp¨²blico y subvencionado¡ª en defensa de la Generalitat rebelde (v¨¦ase el art¨ªculo publicado en estas p¨¢ginas el pasado 10 de octubre, Adi¨®s al circo del odio, que describe el papel que se reserva a los no secesionistas) y con unos precedentes que aventuran una ausencia tal de neutralidad institucional que har¨ªa de dudos¨ªsima legitimidad democr¨¢tica los resultados de esas elecciones.

No. Por dif¨ªcil y tenso que vaya a resultar enfrentar la inercia insurreccional que se alienta desde la Generalitat, instando a desacatar las medidas del Consejo de Ministros, en ning¨²n caso debe caerse en la trampa de una tregua falsa que traslade el problema, a¨²n agravado, a dentro de unos meses. Puigdemont, desde su perspectiva insurreccional, cometi¨® un error el d¨ªa 10 de octubre: dejar en el limbo su declaraci¨®n al albur de una inviable mediaci¨®n exterior, cuando esa ambig¨¹edad, precisamente, pudo disuadir a quien tuviera la tentaci¨®n de injerencia. El Estado, por el contrario, desde su perspectiva del restablecimiento del orden constitucional, no debe caer en el mismo error de dejar a medias su tarea. M¨¢xime cuando tiene a su disposici¨®n el respaldo exterior contrario a la mediaci¨®n, teniendo adem¨¢s un ins¨®lito capital pol¨ªtico inesperadamente expresado en los balcones de toda Espa?a en favor de la Constituci¨®n y del Estado de derecho.

Alejandro Molina es abogado.