La mentira de vincular la entrada en prisi¨®n de los exconsellers con el 155
El encarcelamiento de los pol¨ªticos catalanes es fruto de una decisi¨®n judicial, mientras que la aplicaci¨®n del art¨ªculo constitucional es una prerrogativa del Gobierno
La entrada en la c¨¢rcel del exvicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras y siete exconsejeros ¡ªadem¨¢s de Santi Vila, ya en libertad tras pagar una fianza¡ª no es fruto de la aplicaci¨®n en Catalu?a del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n por parte del Gobierno, como sugiri¨® el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont, que afirm¨® en Twitter que "el clan furioso del 155" los quiere en prisi¨®n. Los ocho pol¨ªticos fueron encarcelados por decisi¨®n de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, al considerarlos supuestos autores de los delitos de rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos.
El clan furi¨®s del 155 ens vol a la pres¨®. El clam ser¨¨ dels catalans ¨¦s de llibertat! pic.twitter.com/kdHEaF0aQz
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 2, 2017
El art¨ªculo 155 prev¨¦ que el Gobierno de Espa?a ¡°podr¨¢ adoptar las medidas necesarias para obligar¡± a una comunidad aut¨®noma al ¡°cumplimiento forzoso de sus obligaciones¡± si no las cumple o act¨²a ¡°de forma que atente gravemente contra el inter¨¦s general de Espa?a¡±. Para ello, previamente debe requerir al presidente de la comunidad en cuesti¨®n que cumpla con sus obligaciones y, en el caso de no ser atendidas, se podr¨¢ intervenir la autonom¨ªa siempre que se cuente con ¡°la aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta del Senado¡±.
El pasado 27 de octubre, el Senado aprob¨® la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en Catalu?a por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstenci¨®n, casi un mes despu¨¦s de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum independentista (1 de octubre) y el mismo d¨ªa en el que el Parlamento catal¨¢n vot¨® a favor de declarar la independencia. La medida, que cont¨® con el respaldo del PP, PSOE, Ciudadanos y Coalici¨®n Canaria, autorizaba al Gobierno a cesar al presidente catal¨¢n ¡ªya expresident¡ª, Carles Puigdemont y a su Gobierno, a restringir los poderes del Parlament, a intervenir organismos y servicios de la comunidad aut¨®noma y a convocar elecciones en un plazo de seis meses. Pero en ning¨²n caso, el Senado autoriz¨® al Gobierno a encarcelar a un pol¨ªtico ¡ªni a nadie¡ª, ya que en Espa?a, una democracia avanzada en la que los tribunales garantizan el Estado de derecho y la divisi¨®n de poderes, solo los jueces deciden qui¨¦n va a prisi¨®n.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, utiliz¨® efectivamente la autorizaci¨®n de la C¨¢mara alta y destituy¨® a Puigdemont junto a todos los miembros de su Ejecutivo y a los delegados de la Generalitat en Madrid y en Bruselas. Entre otras medidas, convoc¨® elecciones auton¨®micas en Catalu?a el 21 de diciembre y dio por extinguidas las llamadas embajadas de Catalu?a en el exterior ¡ªa excepci¨®n de la de Bruselas¡ª. El Ministerio del Interior orden¨®, a su vez, el cese del jefe policial de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Llu¨ªs Trapero.
El Gobierno de Mariano Rajoy no orden¨® de ninguna manera la entrada en prisi¨®n de los ocho pol¨ªticos catalanes, una potestad que no posee y que recae exclusivamente en los jueces. Fue la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien orden¨® este jueves la entrada en la c¨¢rcel de Junqueras y otros siete exconsejeros por ser presuntos autores de los delitos de rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n, seg¨²n argument¨® en un auto, en el que describe ¡°una estrategia del secesionismo perfectamente organizada¡± que llevar¨ªa a ¡°la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal el d¨ªa 1 de octubre y a la declaraci¨®n unilateral de independencia¡±. El Gobierno catal¨¢n ya cesado, consider¨® la juez, desobedeci¨® ¡°sucesiva, sistem¨¢tica y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional¡±.
Por lo tanto, aunque la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n y el encarcelamiento de los exconsejeros se han producido en el mismo contexto, la entrada en prisi¨®n de los pol¨ªticos catalanes no es una consecuencia del 155, sino de una decisi¨®n exclusivamente judicial.
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