Espa?a no es una dictadura

El pasado 31 de octubre, en una carta abierta al presidente de la Comisi¨®n Europea, Jean Claude Juncker, y al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, un grupo de acad¨¦micos, pol¨ªticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo (PE), acusaba a la Uni¨®n Europea de haber ¡°consentido la violaci¨®n del Estado de derecho en Espa?a¡± el pasado 1 de octubre, d¨ªa en el que se celebr¨® el refer¨¦ndum ilegal de independencia de Catalu?a. Seg¨²n ellos, si bien las cuestiones de soberan¨ªa constituyen sin duda un asunto de pol¨ªtica interior, ¡°la violaci¨®n del Estado de derecho por el Gobierno espa?ol¡± tendr¨ªa que haber suscitado la misma oposici¨®n desde la UE que cuando el Gobierno de Polonia ¡°menoscab¨® la independencia de los jueces¡± o cuando el Gobierno de Hungr¨ªa tom¨® medidas para limitar las libertades de los ciudadanos y de los medios de comunicaci¨®n.

Los firmantes de la misiva, entre ellos el exministro de econom¨ªa griego Yanis Varoufakis, la experiodista y diputada del PE, Barbara Spinelli, el soci¨®logo Arjun Appadurai o Philip Pettit, profesor de la universidad de Princeton, consideraban que ¡°en sus esfuerzos por salvaguardar la soberan¨ªa del Estado y la indivisibilidad de la naci¨®n¡±, el Estado espa?ol ¡°viol¨® las libertades y derechos b¨¢sicos garantizados por la Convenci¨®n Europea sobre los Derechos Humanos, la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos, as¨ª como los art¨ªculos 2 y 6 del Tratado de Lisboa.

La respuesta, que firmaron m¨¢s de 300 catedr¨¢ticos de Derecho espa?oles, entre ellos Francesc De Carreras y Josu De Miguel, fue inequ¨ªvoca. ¡°Las afinidades ideol¨®gicas que despiertan las aspiraciones separatistas no pueden ser un pretexto para retratar a Espa?a como una dictadura¡±, se puede leer en el pre¨¢mbulo, en el que aseguran querer dar su versi¨®n de lo ocurrido el 1-O. Los firmantes no solo denuncian un error de lectura jur¨ªdica y pol¨ªtica del 1-O sino que tambi¨¦n critican una ¡°espantosa falta de conocimiento sobre los problemas¡± que abordan, ¡°incluida la grave ignorancia de la Constituci¨®n y la ley espa?ola¡±.

Lo que realmente deber¨ªa preocupar a los firmantes de la carta ¡°si estuvieran bien informados¡±, recalca el texto, es la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum que no cont¨® con las garant¨ªas m¨¢s b¨¢sicas seg¨²n los est¨¢ndares europeos de la Comisi¨®n de Venecia del Consejo de Europa y que tampoco fue respaldado por la mayor¨ªa de los diputados del Parlament. ¡°La Mesa del Parlamento catal¨¢n, por decisi¨®n mayoritaria, ignor¨® no solo las sentencias del Tribunal Constitucional sino tambi¨¦n las del propio Consejo de Garant¨ªas Estatutarias¡±, a?ade. La carta se?ala adem¨¢s que el derecho a la autodeterminaci¨®n revindicado por los independentistas no se fundamenta ni en el Derecho espa?ol ni en el Derecho internacional y que tanto el Parlament como el president de la Generalitat ¡°no tienen el poder de convocar un refer¨¦ndum cuyos resultados afectan directamente al pueblo espa?ol en su conjunto¡±.

Los autores de la carta abierta, que consideran que la acusaci¨®n de violaci¨®n de los derechos fundamentales de los ciudadanos por la legislaci¨®n espa?ola es ¡°burlar la verdad¡±, apuntan la sustituci¨®n de ¡°hechos espec¨ªficos¡± por ¡°consideraciones generales sin entrar en detalles¡±. Recuerdan que el 20 de septiembre, la justicia espa?ola decret¨® la detenci¨®n preventiva de Jordi Cuixart y Jordi S¨¤nchez despu¨¦s de que ¡°patrullas de la Guarda Civil fueran atacadas mientras intentaban ejecutar una orden judicial¡± y ¡°no pudieron salir del edificio hasta las siete de la ma?ana del d¨ªa siguiente, 23 horas despu¨¦s de su ingreso¡±.

Tambi¨¦n rechazan las acusaciones de represi¨®n del Gobierno contra funcionarios, diputados, alcaldes, medios de comunicaci¨®n, empresas y ciudadanos los d¨ªas previos al refer¨¦ndum y aseguran que las acciones no fueron represivas adem¨¢s de ser respaldadas por el Tribunal Constitucional. ¡°Una alegaci¨®n de que una medida adoptada por un juez es represiva solo puede ser confirmada si se demuestra que la decisi¨®n es arbitraria, ilegal o, por supuesto, una violaci¨®n de los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Nada de esto ha sido demostrado, ni siquiera discutido, en la carta abierta¡±, se?alan.

Los autores, que recuerdan que los Mossos d?Esquadra no acataron la orden judicial de impedir el refer¨¦ndum, aseguran que la Polic¨ªa Nacional ¡°fue objeto de una verdadera emboscada¡± que hizo ¡°necesaria utilizar alguna fuerza f¨ªsica como suele ocurrir durante las manifestaciones¡±. Aseguran que el uso de la fuerza f¨ªsica fue ¡°limitado¡± y que las im¨¢genes falsas que circularon en las redes sociales son ¡°el reflejo de la deshonestidad de las noticias que formaban parte de la campa?a de propaganda orquestada por las organizaciones independentistas catalanas en connivencia con la Generalitat¡±.

Pero lo que los autores de la misiva consideran m¨¢s sorprendente es el hecho que en ning¨²n momento la carta abierta del 31 de octubre mencion¨® al Parlamento catal¨¢n ni al ¡°incumplimiento reiterado y flagrante por parte del Govern de la Constituci¨®n espa?ola, del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a y de todas las dem¨¢s disposiciones del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol¡±.