Archidona II: Otra patada a los derechos humanos
Utilizar una prisi¨®n para internar a personas indocumentadas es una barbaridad desde el punto de vista de la propia legislaci¨®n espa?ola
El ritmo de la informaci¨®n y la cantidad de noticias que se generan parecen habernos convertido en visitantes de una exposici¨®n de arte puntillista. Pegados a los cuadros vemos el detalle, pero nos cuesta alejarnos para superar cada peque?a marca y ver el sentido global del lienzo.
Podemos aplicar esta idea a todos los ¨¢mbitos de la realidad. Si nos ce?imos al de las migraciones, sobre un fondo de incremento de las llegadas a Espa?a a ra¨ªz del cierre de las v¨ªas del Mediterr¨¢neo Oriental y Central, podemos intuir la tem¨¢tica del cuadro a trav¨¦s de esos trazos en los ¨²ltimos meses.
El primero, al inicio de agosto, es la agresi¨®n de un agente de polic¨ªa nacional en la frontera de Ceuta. Le propin¨® una patada a un migrante sin que se aprecie intenci¨®n de retenerlo en su entrada irregular en Espa?a. El segundo mucho m¨¢s triste, la muerte, ahogadas y sin socorro, de al menos siete mujeres en la costa melillense sin ser auxiliadas por los cuerpos de seguridad que estaban en las inmediaciones. Finalmente, llegamos a la noticia estrella de estos d¨ªas: La reclusi¨®n de m¨¢s de 600 personas sin haber cometido delito alguno en el Centro Penitenciario Archidona II.
Este ¨²ltimo internamiento ha levantado protestas de m¨²ltiples actores, pues utilizar una prisi¨®n para internar a personas indocumentadas es una barbaridad desde el punto de vista de la propia legislaci¨®n espa?ola.
La merma en el reconocimiento de la dignidad humana no admite tonalidades
Pero este tema es mucho m¨¢s que una cuesti¨®n jur¨ªdica. Es el ¨²ltimo punto dibujado en nuestro cuadro puntillista sobre el trato que da Europa y Espa?a a las personas migrantes. ?Cu¨¢ntos trazos m¨¢s debemos aceptar para que reconozcamos estas pr¨¢cticas como inhumanas? ?Dos patadas, tres? ?Cuatro muertas, siete, m¨¢s de trescientas como este a?o? ?Internar en una prisi¨®n sin delito a 500, a 600 personas, a 700?
Cuando un Ministerio incumple la propia legislaci¨®n del pa¨ªs, cuando los cuerpos de seguridad que est¨¢n para servir y proteger son dudosos de abuso de fuerza o negaci¨®n de socorro, podemos empezar a sentirnos preocupados. Si el trato humano es exigible s¨®lo despu¨¦s de mirar la nacionalidad, puede que estemos acostumbr¨¢ndonos a que algunas cosas b¨¢sicas de un Estado democr¨¢tico dependan de a qui¨¦n se le apliquen. ?De qu¨¦ depende el comportamiento de nuestro Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad: de la nacionalidad, del posicionamiento pol¨ªtico, del g¨¦nero? La merma en el reconocimiento de la dignidad humana no admite tonalidades.
Lo que ocurre en Archidona II no es un elemento aislado que se resuelva restituyendo la situaci¨®n a lo que dicta el ordenamiento jur¨ªdico nacional.
Lo que ocurre en Archidona II no es un elemento aislado que se resuelva restituyendo la situaci¨®n a lo que dicta el ordenamiento jur¨ªdico nacional. Lo que ocurre en ese centro penitenciario es la constataci¨®n de un proceso de degradaci¨®n del trato humanitario y del reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas migrantes que llegan a Espa?a. Independientemente de las grav¨ªsimas irregularidades legales que se han cometido en el internamiento de m¨¢s de 600 personas en Archidona II, las condiciones son similares a lo que ocurre en los CIE: Humillaci¨®n de la dignidad humana a trav¨¦s de dificultar las condiciones de higiene personal, ausencia de ropa interior, negaci¨®n de elementos de abrigo en pleno invierno o impedir el acceso a pertenencias personales. Y por encima de todo, privar de la libertad a personas absolutamente inocentes de delito alguno salvo de la b¨²squeda de una vida digna.
Deber¨ªa preocuparnos que el cuadro acabe integrando a los espectadores mientras estos observan punto por punto su composici¨®n sin entender la tem¨¢tica general. Es muy posible que al final un Ministerio y una polic¨ªa acostumbrados a que la dignidad humana sea agredida acaben abusando de su poder con cualquier persona que tenga un comportamiento inc¨®modo para el Estado.
Jos¨¦ Miguel Morales Garc¨ªa es secretario general de Andaluc¨ªa Acoge
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