Repensar la ley de partidos

En su queja, los independentistas algo de raz¨®n tienen. Es contradictorio que sus l¨ªderes puedan ganar unas elecciones al Parlament, como ocurri¨® en 2015 y tal vez vuelva a suceder este jueves, y acaben perseguidos penalmente por llevar a cabo aquello que hab¨ªan prometido en sus programas electorales. A muchos nos satisface que nuestra democracia no sea militante, que la Constituci¨®n tambi¨¦n ampare a quienes la rechazan, y puedan concurrir a las elecciones candidaturas que persigan objetivos que est¨¢n fuera del consenso de 1978. Todo esto est¨¢ muy bien, pero es evidente que lo que ha sucedido en Catalu?a demuestra que algo falla.

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Durante muchos a?os una hiriente paradoja se produc¨ªa en Euskadi hasta que en 2002 se revis¨® la ley de partidos para que una fuerza pol¨ªtica pudiera ser declarada ilegal si ¡°complementa y apoya la acci¨®n de organizaciones terroristas¡±. Poco despu¨¦s, el lehendakari Ibarretxe promovi¨® una consulta soberanista que, tras aprobarse por la m¨ªnima en el Parlamento vasco, muri¨® en el Congreso al ser ampliamente rechazada. Y ah¨ª se acab¨® todo, porque no intent¨® materializarla. Pero el independentismo catal¨¢n no ha seguido este camino. El proc¨¦s ha sido una sofisticada operaci¨®n de desobediencia institucional para ejercer la autodeterminaci¨®n.

Que los votantes puedan avalar programas a favor de la secesi¨®n unilateral, planteando v¨ªas de hecho, genera una contradicci¨®n que deber¨ªa ser resuelta repensando la ley de partidos o con alg¨²n otro tipo de reforma. El objetivo en ning¨²n caso puede ser prohibir la existencia de candidaturas que propugnen el llamado ¡°derecho a decidir¡±; aspiraci¨®n que, como aclar¨® el Tribunal Constitucional en 2014, tiene cabida siempre ¡°que su consecuci¨®n efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constituci¨®n¡±. Ahora bien, lo que no puede ser es que alguien concurra a unas elecciones prometiendo llevar a cabo actuaciones que luego no podr¨¢ hacer sin cometer delitos. Esto es lo que ha pasado con los programas de Junts pel S¨ª y la CUP, situaci¨®n que podr¨ªa volver a repetirse ahora, aunque la implementaci¨®n de la rep¨²blica catalana (que los separatistas consideran ya declarada) no tenga fecha en el calendario. La dura pugna entre ERC y la lista del huido Puigdemont empuja a que el mensaje sea ¡°volveremos a unilateralidad si el Estado no quiere negociar¡±.

Despu¨¦s de lo sucedido urge una reflexi¨®n para evitar que la promesa de respetar la Constituci¨®n que efect¨²an los cargos electos sea mendaz y contradictoria con su programa electoral, que siempre pueden esgrimir como un contrato con sus votantes. En conclusi¨®n, aquellas fuerzas que pretendan avanzar en sus aspiraciones pol¨ªticas utilizando v¨ªas de hecho, al margen de los mecanismos de la reforma constitucional, no deber¨ªan poder presentarse a las elecciones. Porque en democracia el problema no es el qu¨¦, sino el c¨®mo.