No a la provocaci¨®n

Un pr¨®fugo de la justicia, con sus derechos pol¨ªticos intactos todav¨ªa, pero imposibilitado de ejercerlos por razones legales, jur¨ªdicas y pol¨ªticas, no puede en ning¨²n caso presidir la Generalitat de Catalu?a. No es lo mismo, por tanto, pararle los pies antes de tiempo que hacerlo una vez fuera investido a trav¨¦s de las trampas y los fraudes de ley que el independentismo radical est¨¢ dispuesto a poner en marcha en su estrategia de tensi¨®n contra el Estado.

Ese ser¨ªa el peor de los escenarios en funci¨®n de la imagen y la erosi¨®n de las instituciones del Estado; de ah¨ª el empecinamiento del bloque independentista en defender la candidatura de Puigdemont, aunque tal empe?o aplace o dificulte la recuperaci¨®n del normal funcionamiento de las instituciones catalanas. Si los separatistas tuvieran el m¨¢s m¨ªnimo inter¨¦s en propiciar la normalidad y empezar a gobernar, dado que han logrado la mayor¨ªa absoluta, habr¨ªan optado ya por otro candidato, sabiendo como saben las imposibles opciones del fugitivo. Si pisa suelo espa?ol ser¨¢ detenido. Si pretende ser investido telem¨¢ticamente desoyendo a los letrados, entre otros, del Parlament, el acto quedar¨¢ anulado.

El Gobierno tiene el derecho y el deber de impedir que Puigdemont sea investido presidente, aunque deba pagar un alto precio pol¨ªtico por ello. El coste lo ha vuelto a visualizar el inesperado rev¨¦s del Consejo de Estado al recurso presentado contra su candidatura. El m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del Estado considera que no se puede impugnar un hecho que a¨²n no se ha producido. Es un argumento jur¨ªdicamente inatacable ¡ªaunque sorprende su indiferencia con el contexto pol¨ªtico excepcional en el que se produce¡ª que en absoluto deber¨ªa impedir que el Tribunal Constitucional pueda admitir el recurso del Gobierno en el momento m¨¢s oportuno para lograr el leg¨ªtimo objetivo de cerrarle el paso a Puigdemont.

Tras el dictamen del Consejo de Estado, el secesionismo se ha apresurado a pedir dimisiones, exigir que se respeten los resultados del 21-D y acusar de fraude de ley ¡ªparadojas de la pol¨ªtica¡ª al Ejecutivo de Rajoy. Es una provocaci¨®n m¨¢s, adem¨¢s de un intento de debilitar al Estado, totalmente inaceptable. Ese informe desfavorable no puede conducir al desaliento en los defensores de la ley. Se inscribe en el normal y democr¨¢tico juego de contrapoderes del Estado de derecho y no es la primera vez que contradice a un Ejecutivo. Es una muestra del correcto funcionamiento de las instituciones. Otra cosa es el desgaste pol¨ªtico que todo esto supone para un Gobierno que no supo jugar a tiempo sus cartas pol¨ªticas y el desgaste para las instituciones del Estado, sometidas a un enorme estr¨¦s.

La ¨²ltima palabra la tiene el Constitucional: su mera aceptaci¨®n a tr¨¢mite paralizar¨ªa el proceso buscado por el secesionismo en el Parlament. Hace bien, por tanto, el Ejecutivo en presentar la impugnaci¨®n y hacen bien el PSOE y Ciudadanos, que en vez de aprovechar la ocasi¨®n para erosionar a su rival pol¨ªtico han decidido con responsabilidad de Estado apoyar al Ejecutivo. Porque, aun con tropiezos, el objetivo ¨²ltimo es dar una justa respuesta al ¨®rdago independentista.