Indefensi¨®n
La absoluci¨®n de un curandero revela la dificultad de probar los efectos da?inos de las pseudoterapias

La absoluci¨®n del curandero Jos¨¦ Ram¨®n Llorente, acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave e intrusismo por la muerte del joven Mario Rodr¨ªguez, de 21 a?os, pone de manifiesto la dificultad de probar la relaci¨®n de causa efecto entre las pseudoterapias y sus posibles efectos da?inos. El joven sufr¨ªa leucemia y abandon¨® el tratamiento de quimioterapia que le hab¨ªa prescrito el hospital tras acudir a la consulta del acusado. El curandero, que no ha podido acreditar ninguna titulaci¨®n sanitaria homologada, se presentaba como especialista en ¡°medicina naturista y ortomolecular¡±.
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El juez argumenta que no se ha probado que el curandero aconsejara abandonar la quimioterapia, ni que exista una relaci¨®n de causa efecto entre el abandono del tratamiento y la muerte y que, en todo caso, las decisiones ¨²ltimas fueron adoptadas de forma libre y consciente por el propio joven. Este caso revela la indefensi¨®n en que pueden encontrarse quienes conf¨ªan en falsos terapeutas que aplican t¨¦cnicas no acreditadas cient¨ªficamente. Especialmente peligrosas son aquellas que se ofrecen como alternativa absoluta a los tratamientos de la medicina cient¨ªfica, porque eso significa que privan a quienes las siguen de las oportunidades ciertas de curaci¨®n que esta les ofrece.
La normativa espa?ola considera las medicinas alternativas como ¡°actividades sanitarias¡± a condici¨®n de que sean atendidas por licenciados y titulados sanitarios. A pesar de ello, hay abiertas miles de consultas con profesionales que no tienen los t¨ªtulos requeridos ni la preparaci¨®n necesaria para intervenir en problemas de salud. Esta situaci¨®n de alegalidad permite que proliferen los fraudes y, en ocasiones, pr¨¢cticas que ponen en peligro la salud de quienes conf¨ªan en ellas. Las autoridades sanitarias deben poner freno a un problema que va a m¨¢s por la gran desinformaci¨®n que hay al respecto, las deficiencias de marco legal y la escasa actividad inspectora.
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