Sociedad mojigata

La casu¨ªstica no deja de aumentar. La pol¨¦mica sobre una obra expuesta (y retirada) en la feria art¨ªstica Arco por tratar como presos pol¨ªticos a l¨ªderes independentistas encarcelados se suma a una larga serie de esc¨¢ndalos que alertan sobre el retroceso de la libertad de expresi¨®n en Espa?a. Son casos muy dispares. Un d¨ªa es una multa por un montaje fotogr¨¢fico que pone el rostro propio al Cristo Despojado, otro d¨ªa es un a?o de c¨¢rcel por burlarse del atentado que mat¨® a Luis Carrero Blanco hace cuarenta a?os y otro causa alarma por tr¨¢nsfoba la campa?a Hazte O¨ªr.

La tradicional fiebre normativa de los legisladores espa?oles, que consideran que los problemas se resuelven dictando leyes, ha permanecido durante las ¨²ltimas d¨¦cadas y sufri¨® un gran impulso en la pasada legislatura del Gobierno de Rajoy, que con su Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, y su reforma del C¨®digo Penal reforz¨® una perversa din¨¢mica. La potestad policial para imponer multas sin intervenci¨®n judicial a la cobertura informativa de algunos actos, por ejemplo, el endurecimiento de penas y la interpretaci¨®n amplia de los delitos de incitaci¨®n al odio fomentan las denuncias y las consiguientes multas y condenas.

As¨ª, la ciudadan¨ªa espa?ola, tradicionalmente tolerante en cuestiones morales, se repliega hacia una sociedad mojigata e intolerante. La ley mordaza ha sido recurrida ante el Constitucional y muchos penalistas rechazan la reforma del C¨®digo Penal, pero la sociedad ya se ha lanzado hacia la denuncia de versos, relatos, obras de arte o campa?as susceptibles de ¡°herir sensibilidades¡±. Es el efecto perverso de algunas leyes.

La deriva es peligrosa. Como advirti¨® Voltaire hace dos siglos, ¡°la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas¡±. En el ADN de la intolerancia germina, adem¨¢s, la semilla de la arbitrariedad con la que se penalizan o, por el contrario, se disculpan opiniones o comportamientos en funci¨®n de los propios prejuicios y no de su capacidad objetiva de ofender.

A jueces y fiscales toca la dif¨ªcil tarea de desbrozar el camino en asuntos en los que hay colisi¨®n de derechos, porque es evidente que la libertad de expresi¨®n tiene y debe tener l¨ªmites. Esta, sin embargo, no puede ser torpedeada sistem¨¢ticamente gracias a un C¨®digo Penal que castiga duramente la incitaci¨®n al odio, incluso indirecta, y la incitaci¨®n a la ¡°hostilidad¡± (ambiguo concepto) contra un grupo o una persona. Que haya hoy m¨¢s condenas por apolog¨ªa de terrorismo que cuando ETA mataba es otro indicador de lo que est¨¢ ocurriendo.

Ciertamente, las sociedades actuales deben adaptarse y poner orden en el nuevo y potente utensilio que suponen las redes sociales para difundir noticias falsas, insultos y calumnias. Una sociedad madura no deber¨ªa utilizar el nuevo entorno digital como coartada para reprimir opiniones libres que, por muy ofensivas que parezcan, no conducen al delito. Por el contrario, caminar hacia una mayor tolerancia cerrar¨ªa el paso hacia esa sociedad asfixiante que algunos pretenden. Es una deriva dif¨ªcil de resolver con nuevas normas. M¨¢s bien se trata de emprender la senda contraria.