Abrir los archivos oficiales

Los secretos oficiales son en Espa?a inaccesibles y perennes. Con algunos retoques preconstitucionales, la ley que los protege data de 1968. Para la dictadura franquista, mantener cerrada la puerta de la historia a los investigadores formaba parte de su propia supervivencia, pero ese oscurantismo resulta incompatible con las pr¨¢cticas democr¨¢ticas. Con 40 a?os de retraso, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado una iniciativa presentada por el PNV hace 18 meses para comenzar la tramitaci¨®n de una nueva ley que ponga fin a una normativa obsoleta, an¨®mala e injustificable.

Espa?a no tiene establecido un procedimiento autom¨¢tico que permita la desclasificaci¨®n de documentos e informes p¨²blicos. El texto que ahora empieza a andar en el Congreso prev¨¦ un plazo m¨¢ximo de 25 a?os, con la posibilidad de que en casos determinados los secretos oficiales se puedan prorrogar otros 10 a?os siempre y cuando cuente con una decisi¨®n ¡°excepcional y motivada¡± del Consejo de Ministros. Salvaguardar la informaci¨®n delicada o que afecte a la seguridad del Estado es una cuesti¨®n indiscutible. Pero no todos los documentos requieren el mismo grado de protecci¨®n.

La ley que permitir¨¢ abrir los archivos que albergan documentos secretos, reservados, confidenciales o de difusi¨®n limitada no solo es una exigencia de transparencia y acceso a la informaci¨®n de todos los ciudadanos. Es tambi¨¦n la justa respuesta a una vieja reclamaci¨®n de la comunidad acad¨¦mica. Los historiadores han visto demasiadas veces obstaculizadas sus investigaciones por la inexistencia de una ley que establezca el momento preciso en el que puedan indagar en los archivos custodiados.

La reforma beneficiar¨¢ de manera especial a los historiadores espa?oles que a menudo se han visto obligados a bucear en registros y ficheros extranjeros para saber lo que pas¨® en su propio pa¨ªs.

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