Amnist¨ªa indultada en el Congreso

Los partidarios de la reforma de la Ley de Amnist¨ªa de 1977 invocan razones t¨¦cnico-jur¨ªdicas, como la necesidad de adaptarla a tratados internacionales, pero su defensa pol¨ªtica se apoya en argumentos simplistas y m¨¢s bien demag¨®gicos. As¨ª, la portavoz de Unidos Podemos dej¨® dicho en el pleno del Congreso del pasado d¨ªa 19 sobre la reforma propuesta que, si bien la ley ten¨ªa de entrada la finalidad de exonerar a presos y exiliados antifranquistas, acab¨® amparando tambi¨¦n los delitos del franquismo, ¡°igualando a v¨ªctimas con verdugos, a torturadores con torturados y al fascismo con la democracia¡±.

La reforma planteada consist¨ªa en a?adir a la ley un art¨ªculo que except¨²a su aplicaci¨®n a ¡°delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos¡±. Pero sus patrocinadores invocaron para justificarla razones ideol¨®gicas, como la necesidad de poner fin a la ¡°excepcionalidad de que Espa?a sea el ¨²nico Estado europeo que tras sufrir el fascismo ha aprobado leyes que garantizan la impunidad de sus cr¨ªmenes¡±. La iniciativa no prosper¨® sobre todo por la oposici¨®n del PSOE, cuyos portavoces argumentaron que aprobar la reforma supondr¨ªa quebrar una base esencial de la reconciliaci¨®n que hizo posible la Transici¨®n.

En el tiempo de su aprobaci¨®n, octubre de 1977, cuatro meses despu¨¦s de las primeras elecciones democr¨¢ticas, muchos espa?oles de ideolog¨ªas diferentes vieron en esa ley un pacto de convivencia entre ganadores y perdedores de la Guerra Civil.

En palabras de Julio J¨¢uregui, negociador del PNV en Madrid, se trataba de perdonar y olvidar ¡°a los que mataron al presidente Companys y al presidente Carrero, a Garc¨ªa Lorca y a Mu?oz Seca, al ministro de la Gobernaci¨®n Salazar Alonso y al ministro de la Gobernaci¨®n Juli¨¢n Zugazagoitia, a las v¨ªctimas de Paracuellos y a los muertos de Badajoz¡±.

Esa visi¨®n, que part¨ªa de considerar la Guerra Civil como un fracaso colectivo y no solo la interrupci¨®n por los golpistas de un prometedor proyecto encarnado en la Segunda Rep¨²blica, era compartida entonces por la gran mayor¨ªa de los partidos y de sus votantes, pero hacia el cambio de siglo comenz¨® a ser puesta en cuesti¨®n por la generaci¨®n siguiente a la que protagoniz¨® la Transici¨®n. En octubre de 2008, el auto del juez Baltasar Garz¨®n proponiendo abrir una investigaci¨®n judicial sobre los cr¨ªmenes del franquismo y la anulaci¨®n retrospectiva de los juicios contra militantes antifranquistas celebrados durante la Dictadura provoc¨® una desagradable pol¨¦mica en la prensa espa?ola en la que se lleg¨® a equiparar la Ley de Amnist¨ªa con la de punto final de Argentina y a proclamarse que hab¨ªa habido un pacto de silencio sobre el franquismo, que hab¨ªa lastrado con un cierto d¨¦ficit democr¨¢tico al sistema pol¨ªtico espa?ol. Algo que fue acogido con m¨¢s entusiasmo por quienes carec¨ªan de un pasado antifranquista que por muchos de los que lo ten¨ªan.

Con la paradoja de que quienes nada hab¨ªan hecho contra Franco pasaron a reprochar a los que hicieron ¡°lo que pudieron¡± por no haber hecho ¡°lo suficiente¡± para evitar que Franco ¡°muriera en la cama¡±, como literalmente tuite¨® una joven que polemiz¨® en la Red con el periodista Juan Cruz, a quien consideraba incapacitado como interlocutor por su pertenencia a la generaci¨®n que consinti¨® ese desenlace.