Barcelona, Madrid, Bilbao

El Gobierno afronta la tramitaci¨®n del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, entregado el martes a la presidenta del Congreso, sin garant¨ªas de contar con el apoyo de los partidos que completar¨ªan la mayor¨ªa necesaria para su aprobaci¨®n. A estas alturas, esos apoyos solo podr¨ªan venir de Ciudadanos (32 esca?os) y del PNV (5): dos formaciones muy alejadas entre s¨ª, lo que complica el acuerdo. La dificultad mayor es, sin embargo, el compromiso del partido de Urkullu y Ortuzar de descartar cualquier negociaci¨®n con el Gobierno mientras est¨¦ vigente la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

Ese compromiso es una piedra que el PNV, como algunos personajes de Peridis, se ha atado a la espalda. Algo que condiciona sus propias decisiones a las de otros, como esa desactivaci¨®n, que solo se producir¨¢ si se constituye un Govern dentro de la legalidad constitucional. Al plantear su posici¨®n en esos t¨¦rminos, el PNV favorece un desenlace de disoluci¨®n anticipada y convocatoria electoral, escenario que solo prefiere Ciudadanos, partido que encabeza todos los sondeos sobre elecciones legislativas y en cuyo programa para el Pa¨ªs Vasco figura destacadamente el cuestionamiento ¡ªque no plantea el PP¡ª del sistema de financiaci¨®n v¨ªa Concierto Econ¨®mico y que implicar¨ªa como m¨ªnimo una revisi¨®n del c¨¢lculo del cupo anual pagado al Estado por las competencias no transferidas, muy favorable para Euskadi.

As¨ª, el PNV oscila entre la firmeza ideol¨®gica, reiterada por su presidente, Andoni Ortuzar, en su discurso de Aberri Eguna (¡°Ni las alertas naranjas ni las rojas nos van a hacer cambiar de postura; es una cuesti¨®n de principios¡±), y su alma pragm¨¢tica, que busca un pretexto para desdecirse de su compromiso voluntario. Podr¨ªa serlo la subida en un 32% de las inversiones estatales en el Pa¨ªs Vasco, gran parte de ellas destinadas a infraestructuras ferroviarias (la Y vasca), que era una demanda recurrente del nacionalismo. Pero se trata de inversiones plurianuales, por lo que su mantenimiento podr¨ªa presentar problemas si se prorrogan los Presupuestos.

La principal dificultad es que la exigencia de levantamiento de la aplicaci¨®n del 155 en Catalu?a no puede plantearse sin una alternativa viable, lo cual depende de la constituci¨®n de un Govern en el marco legal auton¨®mico. Algo que implicar¨ªa una rectificaci¨®n a fondo por parte de las fuerzas independentistas a la vista de los desastrosos efectos de su aventura: no solo se han quedado sin su imaginaria rep¨²blica independiente sino con su autonom¨ªa intervenida y la fuga masiva de empresas y selectiva de exdirigentes soberanistas.

Con todo, la peor herencia del proc¨¦s ser¨¢ el arraigo adquirido por los llamados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), maquinaria de intimidaci¨®n de disidentes y vigilancia de adictos que no por ser diferente de la kale borroka (en la que era sustancial la presencia de ETA, dando credibilidad a las amenazas de los grupos de acoso) deja de ser un mecanismo de coacci¨®n social que condiciona la convivencia como en su d¨ªa condicion¨® la del Pa¨ªs Vasco. Desde hace a?os, en Catalu?a circulan panfletos sobre pr¨¢cticas de violencia callejera ensayadas luego con motivos diversos ¡ªcumbres internacionales¡ª con el riesgo asumido de que cualquier d¨ªa pueda ocurrir una desgracia, m¨¢s buscada que surgida. Para ¡°radicalizar¡± el proc¨¦s.