Jueces independientes

Una vez que la justicia ha puesto en marcha su maquinaria contra el secesionismo catal¨¢n conviene atenerse a los tiempos y los procedimientos judiciales, porque los espa?oles, como los de los pa¨ªses de nuestro entorno, son especialmente garantistas. En esa l¨®gica, caben las diferencias de criterio basadas en el pormenorizado examen de los hechos y en la interpretaci¨®n correcta del C¨®digo Penal. Con esa ¨®ptica hay que valorar la decisi¨®n del juez Diego de Egea de acusar a Tamara Carrasco, miembro de los CDR (Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica) de des¨®rdenes p¨²blicos y no de terrorismo y rebeli¨®n como ped¨ªa en un principio la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional.

Es, curiosamente, un recorrido similar al registrado hasta el momento en el caso de Carles Puigdemont. El tribunal alem¨¢n de Schleswig-Holstein ha rechazado el criterio de la fiscal¨ªa de entregar al expresident por rebeli¨®n por no considerarlo homologable al delito alem¨¢n de alta traici¨®n. Los fiscales de uno y otro pa¨ªs estudian ahora c¨®mo revisar la resoluci¨®n judicial a la luz de las normas que rigen la euroorden. Pero el caso de Tamara Carrasco indica, una vez m¨¢s, que el Estado de derecho espa?ol s¨ª es plenamente homologable con el del resto de los socios europeos y que el franquismo, a pesar de los empe?os del secesionismo en resucitarlo, hace mucho que qued¨® atr¨¢s. Que hoy mismo prevea el Parlamento de Catalu?a un acto de homenaje a los republicanos espa?oles represaliados por Franco demuestra una evidente sensibilidad, pero tambi¨¦n el inter¨¦s de algunos por mantener viva una p¨¢gina tan negra de la historia de Espa?a. Y es llamativo que se celebre en una instituci¨®n paralizada por la obcecaci¨®n de los independentistas en no presentar a un candidato viable para presidir la Generalitat.

Los CDR act¨²an en esta crisis como los agitadores necesarios para mantener encendida la antorcha del desaf¨ªo en las calles. Y no es de extra?ar que el nivel de violencia ejercido sea motivo de un enconado debate, pues es un extremo que el independentismo ha tratado cuidadosamente. Los propios CDR se organizaron en noviembre en torno a un ideario que defiende la rep¨²blica ¡°de forma pac¨ªfica, pero contundente¡±.

El endurecimiento del C¨®digo Penal espa?ol en 2015 ampliando los supuestos de los delitos de terrorismo han facilitado la petici¨®n fiscal para la cabecilla Tamara Carrasco. El juez De Egea no ha apreciado, sin embargo, un tipo de delito tan grave en las actuaciones de los CDR, que de momento solo han cortado autopistas, han hecho pintadas en el pueblo de vacaciones del juez Pablo Llarena o han inutilizado peajes. Su resoluci¨®n, dejando en libertad a esta activista, demuestra su independencia del poder pol¨ªtico y es un severo rev¨¦s a los que, a lomos de un independentismo unilateral e ilegal, no dudaron en llamar carcelera a la juez Lamela que decret¨® prisi¨®n para algunos de sus l¨ªderes.

En todo caso, los tiempos y la l¨®gica procesal son incompatibles con la precipitaci¨®n a la hora de calificar resoluciones judiciales sin tener ni los datos ni los conocimientos necesarios para ello.