Crimen contra la mujer

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, pronunci¨® unas palabras sobre la sentencia de La Manada que constituyen todo un ejemplo de indiferencia burocr¨¢tica. En este caso no hay r¨¦ditos a ganar de la expresi¨®n de rechazo contundente al delito, as¨ª que todo se queda en una declaraci¨®n de obligado cumplimiento, el acatamiento de la sentencia, y otra de buenas intenciones, que la misma sirva para que tales hechos no se repitan. Sin contravenir lo primero, hubiera bastado con afirmar que el Gobierno se encuentra decididamente al lado de las mujeres sexualmente agredidas y que har¨¢ todo cuanto est¨¦ en su poder para que tales situaciones sean definitivamente eliminadas. Era esto al parecer un excesivo compromiso con las v¨ªctimas y con la justicia.

M¨¢s cuestionables a¨²n son las opiniones expresadas por algunos juristas que no entran en el fondo del asunto y se limitan a contraponer el imperio de la ley, aplicado supuestamente por los jueces del 102, con la indignaci¨®n popular, presentada casi al modo de una ley de Lynch carente de validez jur¨ªdica alguna. As¨ª que hasta que tenga lugar un cambio en los art¨ªculos 178 a 182 del C¨®digo Penal, a acatar y basta.

El problema, respecto de lo dicho por la vicepresidenta, es que en la sentencia (y no hablemos del voto particular) se contiene una negaci¨®n de haberse cometido delito de violaci¨®n, en un caso l¨ªmite y despu¨¦s de buen n¨²mero de sentencias sobre el tema, vejatorias para las v¨ªctimas. Luego, no hay ejemplaridad, sino razones sobradas para alarma social, para la indignaci¨®n. Respecto de la posici¨®n de los "juristas puros" habr¨ªa que decir que en esta ocasi¨®n el obst¨¢culo a la justicia no viene del texto legal, sino de una interpretaci¨®n del tribunal que lleva a algo tan grave como ignorar que una violaci¨®n es una violaci¨®n.

La base para ello es la desviaci¨®n operada al calificar el delito, apart¨¢ndose de los agresores en direcci¨®n de la v¨ªctima. Sobrevive la idea de que una mujer debe guardar su honra a toda costa, pues de no hacerlo hasta un riesgo extremo, sin llegar a la pena de muerte para la violada en Jordania, implica una u otra forma de consentimiento. Esta discriminaci¨®n contra la mujer no existe solo en medios judiciales. De mi vida pol¨ªtica, recuerdo el episodio de la respuesta de un dirigente, propagandista de la emancipaci¨®n femenina, sobre el desapego visible hacia una compa?era que hab¨ªa sufrido malos tratos y se convirti¨® l¨®gicamente en defensora de la libertad sexual. "?Y qui¨¦n va a votar a ese put¨®n?", dijo el tipo y se qued¨® tan fresco. En la sentencia de Pamplona, sobre todo al ser aceptado puntualmente el relato de la v¨ªctima, interviene esa desconfianza hacia la mujer que asumi¨® pasivamente ¡ª?qu¨¦ iba a hacer ante cinco tiarrones que incluso pod¨ªan matarla si se resist¨ªa?¡ª su terrible suerte del momento, sin expresar nunca su consentimiento. En esas condiciones, ?tiene una presa ante la agresi¨®n inminente de una manada la sensaci¨®n de que ellos actuan "sin violencia o intimidaci¨®n", como requiere el art¨ªculo 181 para evitar el delito de agresi¨®n sexual? La intimidaci¨®n no es una percepci¨®n subjetiva.

Porque no fue una persona de sexo femenino en concreto quien ha sido objeto del "abuso" por La Manada. Ellos no iban contra nadie en particular, sino contra la Mujer, gen¨¦ricamente destinada a ser objeto de sus acciones brutales, probadas. No importar¨ªa siquiera que la v¨ªctima tuviese el complejo de Mesalina y gozara, ni que en sentido contrario sufriera una grav¨ªsima crisis psicol¨®gica por efecto de los hechos. Ellos practicaron conscientemente la intimidaci¨®n, import¨¢ndoles ¨²nicamente la satisfacci¨®n de su machismo, y el objeto solo contaba para satisfacerlo. Por eso lo ocurrido en Pamplona no es un delito ¨²nicamente contra una sola mujer, sino contra la mujer, y resulta l¨®gico en consecuencia que todo el g¨¦nero femenino se sienta en condiciones de indefensi¨®n, f¨ªsica y psicol¨®gicamente, ante la sentencia.