Cuando el populismo del PP se apropia de los debates sociales
Rafael Catal¨¢ invade la separaci¨®n de poderes y promete la reforma del C¨®digo Penal
No sorprende, pero s¨ª abochorna la celeridad y campechan¨ªa con que el ministro de Justicia y otros colegas del Ejecutivo se han colocado en la cabeza de la manifestaci¨®n que reivindica una revisi¨®n del C¨®digo Penal como remedio al esc¨¢ndalo social que ha suscitado la sentencia oscurantista de la manada. Es leg¨ªtima la reforma. Y hasta necesaria respecto a la desconcertante ambig¨¹edad legislativa en vigor desde 1995, pero la sobreactuaci¨®n de Rafael Catal¨¢ maltratando la separaci¨®n de poderes y urgiendo incluso iniciativas sancionadoras a uno de los magistrados de Pamplona se atiene al mismo sesgo populista y oportunista con que anta?o se hab¨ªa enfatizado desde el Gobierno el debate de la prisi¨®n revisable preventiva.
El Partido Popular agoniza entre el s¨ªndrome del b¨²nker, el agotamiento y la endogamia, pero se dir¨ªa que los casos de consternaci¨®n social han servido de pretexto a una expectativa de reanimaci¨®n p¨²blica. Bien pod¨ªa haber reformado el PP el c¨®digo penal desde que gobierna (casi siete a?os). Y haber matizado estos d¨ªas un poco su estupefacci¨®n y su incredulidad -la extra?eza del ministro hacia la propia legislaci¨®n-, pero ocurre que los impopulares populares buscan un resuello de popularidad en el escenario de la psicosis.
Se trata de recuperar la calle por los atajos de las indignaciones y las emociones, m¨¢s a¨²n cuando? est¨¢n plenamente justificadas. La sentencia de Pamplona ha puesto en entredicho la arbitrariedad con que un magistrado puede interpretar un delito de violaci¨®n. Le proporciona la ley toda suerte de escapatorias, hasta el extremo de considerarse jur¨ªdicamente posible que pueda abusarse sexualmente de una mujer y penetrarla sin que necesariamente se haya producido una violaci¨®n.
Es el resquicio que han explorado temerariamente los magistrados de la Audiencia Provincial, aunque produce especial desconcierto que hayan eludido el delito de violaci¨®n cuando el texto de la propia sentencia sobrentiende los presupuestos de violencia y de intimidaci¨®n que lo justificar¨ªan. El C¨®digo Penal vigente les hubiera permitido contemplarlo. No hac¨ªa falta una reforma para identificar la violaci¨®n tal como se produjo en el portal de Pamplona, pero el laberinto sem¨¢ntico y conceptual de la propia ley, m¨¢s la espesa doctrina del Supremo, han consentido sustraerse al delito m¨¢s grave sin necesidad de haber prevaricado.
Cabe preguntarse entonces cu¨¢ntas violaciones ¡°verdaderas¡± han sido relativizadas al escal¨®n de los abusos sexuales. Y cu¨¢ntas veces se ha interpretado la pasividad de las mujeres no como una reacci¨®n paralizante, defensiva aterradora, sino como una expresi¨®n aquiescente al violador, de tal forma que a las v¨ªctimas tanto se les atormenta con la violaci¨®n como que se las exige vender cara su piel y su vida, para que no haya dudas sobre la violencia y la intimidaci¨®n.
El c¨®digo penal de 1995 se ha demostrado obsoleto y bizantino pese a haberse ¡°redactado¡± hace un par de d¨¦cadas con amanuenses progresistas y garantistas. Conviene disipar la violaci¨®n de toda indulgencia machista. Y ofrecer al juez un fundamento jur¨ªdico mucho m¨¢s inequ¨ªvoco de cuanto sucede ahora, pero los brochazos en caliente del ministro de Justicia s¨®lo contribuyen al desdoro del Estado de derecho.
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