Fallos judiciales

La sentencia del caso Manada ha abierto una fractura entre judicatura y sociedad, con la ciudadan¨ªa manifest¨¢ndose masivamente contra semejante injusticia mientras las corporaciones judiciales se enrocan defendiendo a los autores de la sentencia y reclamando su acatamiento respetuoso. Una fractura que se a?ade a las que ya est¨¢n desintegrando nuestra convivencia c¨ªvica para crear una crisis sist¨¦mica: la econ¨®mica causada por la creciente desigualdad, la generacional que condena a los j¨®venes a la precariedad, la institucional derivada del aumento de la desconfianza p¨²blica, la pol¨ªtica por quiebra del sistema de partidos, la territorial que realimenta el secesionismo...

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Editorial | Pol¨¦mica sentencia

Jueces y fiscales denuncian la ¡°temeridad¡± de Catal¨¢ y piden su dimisi¨®n

Pero la sentencia de La Manada no ha sido m¨¢s que el acontecimiento precipitante y catalizador, pues semejante fallo judicial, en el doble sentido de la palabra ¡°fallo¡±, ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana, tras la cascada de m¨²ltiples fallos previos que han venido acumul¨¢ndose por goteo incesante con efectos contraproducentes y perversos. Entre ellos destacan los fallos que deniegan protecci¨®n a mujeres maltratadas que luego son asesinadas, las condenas a tuiteros por meras expresiones de odio, la sistem¨¢tica ejecuci¨®n de desahucios con lanzamiento por impago de alquileres o hipotecas, la desproporci¨®n entre las fuertes condenas al menudeo delincuente frente a las livianas penas de los delitos de cuello blanco, o la acusaci¨®n de terrorismo contra los linchadores de Alsasua.

Pero adem¨¢s ha habido grandes fallos que act¨²an como hitos en la escalada de la desconfianza c¨ªvica frente a la acci¨®n de la justicia, entre los que destacan la sentencia del Constitucional sobre el nuevo Estatut ya refrendado por los catalanes, la degradaci¨®n del juez Garz¨®n por haber osado instruir el caso G¨¹rtel, la obstrucci¨®n o resoluci¨®n favorable de m¨²ltiples casos de corrupci¨®n pol¨ªtica que afectan al PP y, sobre todo, la desproporcionada prisi¨®n preventiva impuesta a los l¨ªderes secesionistas acusados de sedici¨®n o rebeli¨®n.

Es verdad que algunos de esos fallos judiciales, como el encarcelamiento de los pol¨ªticos catalanes, han estado propiciados por la incapacidad del Gobierno central para enfrentarse al desaf¨ªo catal¨¢n, prefiriendo inhibirse para judicializar la pol¨ªtica. Pero, aunque no fuera por iniciativa propia, lo cierto es que en todos esos fallos el poder judicial ha optado por la ¨¦tica de las convicciones y no por la ¨¦tica de la responsabilidad. Fiat iustitia et pereat mundus parece ser su lema, sin importarles las consecuencias sociales y pol¨ªticas de su acci¨®n justiciera. Es verdad que el poder judicial ha de ser independiente para merecer confianza. Pero la politizada justicia espa?ola no est¨¢ en condiciones de reclamar independencia, debiendo sus cargos jer¨¢rquicos al bipartidismo alternante. La independencia solo se demuestra asumiendo la responsabilidad por los propios fallos, no eludi¨¦ndola para descargarla sobre los dem¨¢s. Y si el R¨¦gimen de la Transici¨®n est¨¢ en crisis es en parte por responsabilidad de esos fallos judiciales. Lo que viene a corroborar el relato victimista del independentismo catal¨¢n.