La ¨²nica respuesta, dimisi¨®n

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso G¨¹rtel conocida esta semana solo tiene una respuesta adecuada: la dimisi¨®n inmediata del presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy. El interesado har¨¢ lo que ¨¦l mismo decida y los diferentes partidos har¨¢n lo que determinen sus ejecutivas, pero es muy importante insistir en que la obligaci¨®n institucional de Rajoy es presentar la dimisi¨®n, porque el sistema pol¨ªtico democr¨¢tico lo exige as¨ª. Y no deber¨ªamos contribuir entre todos a su fragilidad, aceptando que el debate discurra por otras sendas ni permitiendo que se enmara?e el asunto principal. Los hechos probados en la sentencia implican al PP en la creaci¨®n de redes de corrupci¨®n pol¨ªtica y ponen en duda la verosimilitud del testimonio prestado ante el tribunal por quien ocupa la presidencia del Gobierno. La ¨²nica respuesta admisible por el sistema es la dimisi¨®n y solo despu¨¦s de producirse los partidos podr¨ªan barajar las otras hip¨®tesis necesarias.

El presidente del Gobierno deber¨ªa comprender lo que est¨¢ poniendo en juego. Ning¨²n gobierno puede ejercer su trabajo en esas condiciones, porque carece de legitimidad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la ley, su primera obligaci¨®n institucional. No se puede recomponer la situaci¨®n ni restaurar la integridad del sistema sin que se produzca la dimisi¨®n, que es un hecho pol¨ªtico. La justicia ha hecho su trabajo y debe seguir haci¨¦ndolo, pero no debe recaer sobre ella la responsabilidad de reconstruir el sistema pol¨ªtico. Eso pasa por la pol¨ªtica. Crear una mara?a de discusiones y enfrentamientos sobre este asunto puede terminar suponiendo una imprudencia. Dejen en paz la estructura b¨¢sica de un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico. Exijan el hecho pol¨ªtico esencial: la renuncia inmediata de quien no est¨¢ en condiciones de ejercer ese cargo.

La moci¨®n de censura presentada por el PSOE, afirman sus responsables, no es incompatible con esa exigencia, sino que es consecuencia de la misma. La moci¨®n decaer¨ªa en el mismo momento en que el presidente presentara su dimisi¨®n, porque est¨¢ concebida constitucionalmente como un instrumento contra un presidente concreto, alguien que est¨¢ en ese momento en el ejercicio del cargo. En ese sentido, puede interpretarse como que forma parte de la exigencia de dimisi¨®n (y de la convicci¨®n de que no va ser atendida por quien estar¨ªa obligado pol¨ªticamente a ello). La petici¨®n de una convocatoria de elecciones generales anticipadas, formulada por Ciudadanos, no servir¨ªa tan claramente para dejar en evidencia esa obligaci¨®n y restablecer la salud pol¨ªtica.

Es muy probable que Rajoy no sea personalmente, ni mucho menos, el ep¨ªtome, el compendio, de todos los abusos de corrupci¨®n cometidos por el PP. Es posible que haya heredado buena parte de ellos, pero el presidente del PP y del Gobierno tiene que asumir su responsabilidad pol¨ªtica, porque el partido en cuya direcci¨®n participa desde 1989, es decir desde hace casi 30 a?os, ha sido condenado por beneficiarse de esas redes y porque sus explicaciones no han sido consideradas veros¨ªmiles por un tribunal de justicia.

Rajoy es un pol¨ªtico y tiene que estar sometido a las reglas de la pol¨ªtica. Es cierto que se trata de un personaje especialmente reacio a cumplirlas: es el ¨²nico presidente del Gobierno de la historia reciente espa?ola (y seguramente europea) que se ha negado a intentar conformar una mayor¨ªa parlamentaria, rasgo ins¨®lito con el que inici¨® la legislatura. El primero que no ha prestado ninguna atenci¨®n a las costumbres y h¨¢bitos c¨ªvicos, que tanto importan en sociedades democr¨¢ticas. Aun as¨ª, este ¨²ltimo episodio es el m¨¢s inexcusable, porque afecta a la ra¨ªz de ese sistema de usos y costumbres democr¨¢ticas: la dimisi¨®n de un cargo p¨²blico que no puede ejercer su funci¨®n.