Rajoy no puede seguir

El 24 de mayo conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) sobre la trama G¨¹rtel. Adem¨¢s de las condenas por corrupci¨®n, en la sentencia se declara al Partido Popular participe a t¨ªtulo lucrativo, lo que significa que, sin conocer su origen, se benefici¨® de lo robado por la trama G¨¹rtel. Es cierto que la AN no ha condenado al PP, entre otras cosas porque el C¨®digo Penal aplicable en el momento de los hechos no preve¨ªa poder declarar penalmente responsable a un partido pol¨ªtico. Sin embargo, los magistrados de la AN declaran literalmente que el testimonio de Rajoy no parece lo ¡°suficiente veros¨ªmil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido¡±. La frase, en el contexto de una sentencia condenatoria de la mayor trama de corrupci¨®n ligada al partido del Gobierno, es demoledora.

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La sentencia de la AN pone la guinda a una situaci¨®n de corrupci¨®n en torno al partido del Gobierno y a su presidente, que hacen imposible que este contin¨²e en el cargo. Es el propio sistema el que obliga a Mariano Rajoy a dimitir. Su no dimisi¨®n como acto de asunci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas, que no jur¨ªdicas, suponen un grave golpe a nuestro sistema.

Desde que el PP est¨¢ en el Gobierno han sido varias las llamadas de atenci¨®n que Espa?a ha recibido de instituciones internacionales sobre el nivel de garant¨ªa de algunos derechos y libertades. As¨ª, los informes del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el trato a los inmigrantes, en relaci¨®n con las expulsiones masivas (2014), las devoluciones en caliente (varias veces en 2015) o la actuaci¨®n policial en las fronteras con Marruecos (2016). En 2013, el comisario alert¨® varias veces de que las medidas de austeridad adoptadas para luchar contra la crisis econ¨®mica no pod¨ªan suponer un debilitamiento en la protecci¨®n de derechos no solo sociales, sino civiles y pol¨ªticos.

Tambi¨¦n debe recordarse que especialmente en el ¨²ltimo informe GRECO de 2018, se conclu¨ªa que segu¨ªa sin cumplirse satisfactoriamente ninguna de las 11 medidas de prevenci¨®n y lucha contra la corrupci¨®n en relaci¨®n con los parlamentarios, el Poder Judicial y el ministerio fiscal. Como es de esperar en un sistema democr¨¢tico, muchas de ellas deb¨ªan ser impulsadas por el Gobierno del Estado o promovidas por la mayor¨ªa parlamentaria del PP.

Algunos ejemplos de que desde una perspectiva jur¨ªdico-constitucional, desde el punto de vista de la defensa de las instituciones del Estado, el Gobierno del PP ha sido nocivo. Su desprecio a las instituciones ha tenido su ¨²ltima prueba en las palabras de Mar¨ªa Dolores de Cospedal esta semana.

Esta herencia no es balad¨ª. De una parte, sigue sin aceptarse que la responsabilidad pol¨ªtica y la jur¨ªdica son distintas en sentido y alcance. La jur¨ªdica la determinan, principalmente, los tribunales. La pol¨ªtica supone rendir cuentas por los actos realizados, sin que medie una decisi¨®n judicial. Se trata de que la relaci¨®n de confianza que fundamenta el mandato representativo se mantenga. Cuando dicha confianza se quiebra, la responsabilidad pol¨ªtica exige la dimisi¨®n.

De otra parte, estamos inmersos en una crisis constitucional sin precedentes provocada por la ruptura con el sistema a manos del independentismo institucional en Catalu?a, y que ha supuesto la aplicaci¨®n in¨¦dita del art¨ªculo 155. En un contexto en que, a instancia del Gobierno del Estado, a trav¨¦s del ministerio fiscal, se ha judicializado un conflicto eminentemente pol¨ªtico. No reiterar¨¦ mis razones sobre la necesidad de exigir responsabilidades a los l¨ªderes independentistas por haber quebrantado el ordenamiento jur¨ªdico siendo plenamente conscientes de ello. Pero tampoco obviar¨¦ la apropiaci¨®n que el PP ha hecho de la Constituci¨®n y de sus m¨¢rgenes.

Este planteamiento me lleva a una conclusi¨®n: el independentismo institucional ha provocado una crisis constitucional sin precedentes. Sin embargo, ?en qu¨¦ legitimidad pol¨ªtica, en qu¨¦ posici¨®n ¨¦tica-pol¨ªtica se sustenta Rajoy para exigir respeto al sistema constitucional cuando su testimonio ha sido considerado inveros¨ªmil en un proceso penal de la envergadura de G¨¹rtel?

Por todo ello, m¨¢s all¨¢ de intereses electoralistas, hoy la prioridad es que Rajoy y los suyos dejen el Gobierno. Urge que los grupos parlamentarios leales al sistema constitucional pacten integrando a terceros partidos, porque lo que est¨¢ en juego es la credibilidad de nuestro sistema democr¨¢tico. Dejen de jugar con fuego y ejerzan su papel con responsabilidad y altura pol¨ªticas.

Argelia Queralt Jim¨¦nez es profesora de Derecho Constitucional de la UB.