Los rectores advierten de que la investigaci¨®n universitaria est¨¢ ¡°al borde del colapso¡±
Las universidades piden al Gobierno una moratoria en la aplicaci¨®n de la Ley de Contrataci¨®n P¨²blica
Los rectores de las universidades espa?olas han manifestado una "gran preocupaci¨®n" por los efectos que la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, en vigor desde el pasado marzo, est¨¢ teniendo en su actividad investigadora. "Estamos al borde del colapso administrativo en cuanto a la gesti¨®n de la investigaci¨®n", ha lamentado Roberto Fern¨¢ndez, presidente de la Crue, la conferencia de rectores. Las universidades piden al Gobierno una moratoria en la aplicaci¨®n de la ley y una soluci¨®n que tenga en cuenta "la singularidad" de la actividad de I+D+i que realizan.
Fern¨¢ndez, tambi¨¦n rector de la Universitat de Lleida, ha asegurado en rueda de prensa tras la Asamblea General de la Crue celebrada este viernes en C¨¢diz que las universidades est¨¢n de acuerdo con la filosof¨ªa de la ley, que busca m¨¢s transparencia en la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos y es una transposici¨®n de una directiva europea. Pide sin embargo al Ministerio de Ciencia y Universidades, con quien pedir¨¢ un encuentro con la mayor brevedad, una soluci¨®n para no sobrecargar con m¨¢s burocracia a los investigadores.
En la reuni¨®n que espera mantener con el ministro Pedro Duque para abordar un asunto que consideran de una "urgencia extrema" solicitar¨¢n tambi¨¦n un estudio comparativo de c¨®mo se ha aplicado la ley en las universidades de otros estados miembros de la Uni¨®n Europea.?Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, ha se?alado el modelo alem¨¢n, donde la investigaci¨®n universitaria est¨¢ exenta de la normativa.
Fern¨¢ndez cree que "no se debe desconfiar sobre la gesti¨®n de los recursos p¨²blicos" que hacen las universidades. "Merecemos el benepl¨¢cito de que somos alguien que administra bien y de forma transparente y correcta", ha insistido.
En la pr¨¢ctica, aunque el tema tiene muchas vertientes y detalles t¨¦cnicos, los investigadores se est¨¢n viendo afectados por una sobrecarga de burocracia. La ley marca tambi¨¦n, entre otras cuestiones, un l¨ªmite de gasto con un determinado proveedor, sin pasar por licitaci¨®n ni concurso p¨²blico, de 50.000 euros para toda la universidad. "Los investigadores tienen que estar pendientes de cu¨¢ndo se ha llegado al l¨ªmite, pero de la universidad en su conjunto, no de su proyecto, y esto dificulta mucho su trabajo; los investigadores no pueden estar en la gesti¨®n de ese tipo", ha explicado Aranda, nueva vicepresidenta de la Crue.
"Es un tema de una gran complejidad t¨¦cnica", ha reconocido el presidente del organismo que agrupa a 76 universidades, 50 p¨²blicas y 26 privadas. La soluci¨®n no implica solamente al Ministerio de Ciencia y Universidades, sino tambi¨¦n al de Hacienda.
M¨¢s universidad en la agenda del ministerio
Los rectores han hecho una valoraci¨®n muy positiva de la creaci¨®n del nuevo ministerio dedicado a ciencia y universidades, una reivindicaci¨®n hist¨®rica de los rectores. Fern¨¢ndez ha trasladado, no obstante "un puntito muy peque?o de preocupaci¨®n" porque se habla m¨¢s de ciencia que de universidades. "Las universidades hacen la mayor parte de la investigaci¨®n de este pa¨ªs", ha recordado, y ha hecho un llamamiento en nombre de la Crue para que "aparezcan m¨¢s en la agenda del ministerio".
Los rectores piden tambi¨¦n al Gobierno una nueva ley general de universidades, que se concrete en un pacto de Estado o una ley org¨¢nica. "Hemos concertado la aquiescencia de importantes agentes sociales", ha asegurado Fern¨¢ndez, que ha avanzado que en septiembre har¨¢n p¨²blico en el Congreso un comunicado consensuado con consejos sociales, c¨¢maras de comercio, patronal y sindicatos, CSIC y la coordinadora de estudiantes CREUP.
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