Una comisi¨®n de la verdad sobre el franquismo

Despu¨¦s de una legislatura entera desterrada en el limbo, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez se ha propuesto reactivar la ¡°ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl¨ªan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci¨®n o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura¡±, m¨¢s conocida como Ley de Memoria Hist¨®rica. Con esta norma, el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero asum¨ªa la condena al franquismo que plasm¨® el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en Par¨ªs en 2006 en el que se denunciaban las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Espa?a entre 1936 y 1975.

La ley atend¨ªa las demandas de los muchos ciudadanos que aspiraban a conocer el paradero de sus familiares, en algunos casos enterrados en fosas comunes de cementerios, en cunetas o en parajes inh¨®spitos. ¡°C¨®mo ¨²ltima prueba de respeto¡± hacia las v¨ªctimas, las Administraciones p¨²blicas se compromet¨ªan a poner los medios para localizar e identificar a los desaparecidos. Pero lo cierto es que ha transcurrido una d¨¦cada y el Estado no ha asumido el amparo a las v¨ªctimas, como ha denunciado el relator de Derechos Humanos de la ONU.

El Gobierno del PP no aboli¨® la ley, pero realiz¨® una ruin acrobacia pol¨ªtica para desactivarla: redujo los fondos a cero euros, provocando la asfixia econ¨®mica que ha hecho pr¨¢cticamente imposible cumplirla. Solo la tenaz y voluntariosa acci¨®n de las asociaciones creadas para recuperar la memoria hist¨®rica, buscar la verdad, reparar los desgarros del franquismo y devolver la dignidad a las v¨ªctimas han permitido atender las solicitudes de familiares de represaliados y desaparecidos.

A esta tarea se sumar¨¢ de nuevo el Gobierno, como acaba de anunciar la ministra de Justicia, Dolores Delgado, convencida de que hablar de memoria es hablar de justicia. El plan pasa por elaborar un censo oficial de v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, con la colaboraci¨®n de arque¨®logos, m¨¦dicos forenses, juristas y asociaciones de v¨ªctimas. Como ha recordado la ministra, es inaceptable que Espa?a siga siendo el segundo pa¨ªs del mundo en desaparecidos, despu¨¦s de Camboya. Se calcula que a¨²n hay m¨¢s de 100.000 personas en el olvido.

Espa?a quiere tambi¨¦n crear una comisi¨®n de la verdad. Como ha ocurrido en pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, la verdad debe ser completa, oficial, p¨²blica e imparcial. Es un deber moral hacia las v¨ªctimas y sus familiares y una parte necesaria de la reparaci¨®n del da?o ocasionado. Como estableci¨® la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, as¨ª como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Con la reforma que se avecina, el Gobierno buscar¨¢ la manera de ilegalizar a las asociaciones que hagan apolog¨ªa del franquismo, dar¨¢ un nuevo significado al Valle de los Ca¨ªdos y retirar¨¢ toda la simbolog¨ªa que exalte la dictadura y al dictador. Tal vez as¨ª sea posible alcanzar la meta que marc¨® el escritor Primo Levi, superviviente del Holocausto: ¡°Toda sociedad democr¨¢tica necesita un acuerdo moral b¨¢sico entre generaciones¡±.