Legislar (con trampa) contra los m¨¢s vulnerables

Qu¨¦ necesidad ten¨ªa el PP, teniendo mayor¨ªa absoluta, de recurrir tantas veces como lo hizo al procedimiento de legislar mediante decreto ley por v¨ªa de urgencia? ?Tan apremiante era, por ejemplo, recortar las ayudas a los parados de larga duraci¨®n como para recurrir a una v¨ªa que impide presentar enmiendas y hurta el debate parlamentario? No, no hab¨ªa ninguna necesidad, por eso el Tribunal Constitucional acaba de anular aquella reforma alegando que el procedimiento utilizado, reservado para situaciones excepcionales, no estaba justificado. La sentencia atiende un recurso presentado por 50 diputados socialistas pero el veredicto, con ser positivo, deja un regusto amargo. El da?o ya est¨¢ hecho y todo el sufrimiento que esos recortes provocaron no se podr¨¢ ya reparar.

Lo ocurrido pone de manifiesto lo f¨¢cil que resulta, desde cierta concepci¨®n del ejercicio de poder, legislar contra los m¨¢s vulnerables, los que apenas tienen capacidad de respuesta y pensi¨®n, y lo dif¨ªcil que resulta despu¨¦s revertir los efectos. Las dos reformas del subsidio para parados de larga duraci¨®n fueron aprobadas en 2012 y 2013, en plena crisis econ¨®mica, y endurecieron de tal modo los requisitos, que miles de parados perdieron el derecho a recibir una prestaci¨®n.

Primero se elev¨® de 52 a 55 a?os la edad m¨ªnima para poder solicitar la ayuda. Despu¨¦s se estableci¨® la edad forzosa de jubilaci¨®n a los 61 a?os, cuando hasta entonces se pod¨ªa percibir la prestaci¨®n hasta los 65. Este cambio tuvo efectos catastr¨®ficos para miles de parados, pues mientras cobraban la prestaci¨®n segu¨ªan cotizando a la Seguridad Social. La reforma les oblig¨® a jubilarse cuatro a?os antes, con el correspondiente recorte en la cuant¨ªa de la pensi¨®n, que es lo que cobrar¨¢n el resto de su vida. Con ello se agravaba un historial de cotizaciones ya muy castigado por el hecho de perder el empleo y rebajar la cotizaci¨®n en una edad en la que es dif¨ªcil encontrar trabajo y todav¨ªa falta un trecho para la jubilaci¨®n.

El remate fue establecer que a partir de esa reforma, no se tendr¨ªan en cuenta los ingresos individuales del parado, sino de toda la unidad familiar. Este cambio descabalg¨® a muchos de los que hasta entonces ten¨ªan derecho al subsidio, pues sumadas todas las rentas familiares y divididas por el n¨²mero de miembros, el monto deb¨ªa ser inferior al 75% del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI). En 2013 el SMI era de 654,30 euros mensuales, lo que significa que un parado con una esposa empleada perd¨ªa el derecho al subsidio solo con que esta fuera mileurista, pues la renta total dividida entre dos no pod¨ªa exceder de 490 euros.

Estas son las dimensiones de las cuentas de los pobres, los que est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n. Desde la frialdad de un texto legislativo, pueden parecer entes abstractos, pero cada una de las modificaciones golpe¨® a miles de personas concretas, historias de vida que se vieron alteradas. Seg¨²n la ¨²ltima encuesta de poblaci¨®n activa, en estos momentos hay en Espa?a 539.000 parados de m¨¢s de 55 a?os, el 72% de ellos de larga duraci¨®n, pero solo perciben subsidio 270.000. El Constitucional ha declarado nulo el procedimiento de reforma de uno de esos decretos, el que impuso computar las rentas familiares, pero no tiene efecto retroactivo. Le toca ahora al Gobierno proteger a los parados m¨¢s vulnerables y retornarles, mediante nuevos cambios legislativos, lo que nunca debieron perder.