La tregua y el consenso constitucional

Por m¨¢s que algunos se empe?en en mirar para otro lado, la crisis institucional espa?ola se hace cada vez m¨¢s espesa e intrincada. La clase pol¨ªtica y los medios se han felicitado por la especie de tregua vivida en Barcelona con motivo del aniversario del atentado terrorista, aprovechado en cambio hace un a?o por los independentistas para incitar a la revuelta contra el Estado. Pero, pese al alivio de la jornada del pasado viernes, los problemas de fondo siguen ah¨ª, y siguen peor, o al menos no mejoran. Las sonrisas oficiales y el nuevo ambiente generado tras el relevo gubernamental apenas servir¨¢n de nada si no se acometen las cuestiones pendientes.

Ahora la tensi¨®n tiene un calendario expl¨ªcito. La pr¨®xima fecha a escrutar es el 11 de septiembre, la Diada nacional catalana que conmemora la ca¨ªda de Barcelona hace tres siglos frente a las tropas borb¨®nicas. Despu¨¦s vendr¨¢ el 1 de octubre, cuando el simulacro de un refer¨¦ndum ilegal, sin garant¨ªas de ning¨²n g¨¦nero, se viene a considerar como otro hito hist¨®rico, aunque de hecho constituyera una nueva derrota. Y enseguida el 27 del mismo mes, d¨ªa en que el Senado aprob¨® la decisi¨®n del Gobierno de aplicar, tarde y mal, el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Luego ser¨¢ el juicio oral a los acusados de rebeli¨®n y la sentencia que sobre ellos recaiga en el entorno electoral de la primavera del a?o que viene. La reiteraci¨®n en la vulneraci¨®n de la legalidad por parte de los l¨ªderes del independentismo, pone de relieve una aberraci¨®n fundamental del proc¨¦s cuando pretenden p¨²blicamente que lo hacen en nombre de la libertad y la democracia e incumplen al tiempo las leyes. No hay democracia sin Estado de derecho. Todo el vocabulario pol¨ªtico utilizado por la demagogia independentista, al hablar de presos pol¨ªticos, atacar la independencia de los tribunales, o apropiarse para su exclusivo beneficio de un t¨¦rmino universal como la libertad, es de una falacia tan ruin que resultar¨ªa histri¨®nica si su empleo no amenazara la continuidad del m¨¢s largo y fruct¨ªfero periodo democr¨¢tico de la historia de Espa?a, y por lo tanto de Catalu?a.

Entre los muchos sofismas extendidos est¨¢ precisamente definir el proceso como un enfrentamiento entre estas dos nacionalidades, la espa?ola y la catalana, olvidando con astucia que en efecto podr¨ªa haber, te¨®ricamente, una Catalu?a aut¨®noma o independiente sin necesidad de estar unida a Espa?a; pero no es imaginable una Espa?a sin Catalu?a, pues esta forma parte de aquella desde que la propia Espa?a se fund¨®. Una naci¨®n o Estado que resultara de la amputaci¨®n del territorio catal¨¢n ser¨ªa cosa bien diferente y desde luego no deber¨ªa usurpar, en su caso, el nombre de la actual.

Nada de eso quiere decir que no existan diferencias sustanciales entre las identidades de los habitantes de los distintos territorios que conforman nuestro Estado unitario, que ha pervivido de una u otra forma durante cinco siglos. El reconocimiento de su diversidad reside en la base del sistema de las autonom¨ªas, que supone en muchos aspectos la existencia de un Estado federal, aunque con algunas malformaciones que ser¨ªa preciso corregir. A comenzar por la necesidad de clarificar las atribuciones y competencias exclusivas del Gobierno central. La insurrecci¨®n civil alentada por los Gobiernos de Puigdemont y Torra reclama sin embargo la instauraci¨®n de una Rep¨²blica catalana y tiene el objetivo expl¨ªcito de terminar con lo que el populismo de izquierda, o su infantilismo seg¨²n lo denominara Lenin, llama el r¨¦gimen del 78, al tiempo que tambi¨¦n clama por su desaparici¨®n. En la tormenta pol¨ªtica comienza a producirse adem¨¢s un contagio del proc¨¦s en las aspiraciones de los nacionalismos vasco, navarro o balear, contagio del que no se libran ya ni los asturianos, prestos a instaurar el bable como lengua oficial de su comunidad. Conviene a este respecto no olvidar que no existe ning¨²n Estado federal que no posea alg¨²n mecanismo que garantice la lealtad al marco constitucional por parte de los Estados o provincias federadas. En nuestro caso se llama art¨ªculo 155 y es copia casi literal de una disposici¨®n pareja de la Constituci¨®n alemana.

El nuevo ambiente tras el relevo gubernamental apenas servir¨¢ de nada si no se acometen las cuestiones pendientes

La actual inestabilidad procede tambi¨¦n de la falta de reconocimiento de la Corona, y de la Monarqu¨ªa como forma de Estado, por parte de amplios sectores de la izquierda, lo que configura un s¨ªndrome pol¨ªtico que antes o despu¨¦s pasar¨¢ factura. En ocasi¨®n de la abdicaci¨®n de don Juan Carlos tuve oportunidad de comentar c¨®mo la ¨²nica justificaci¨®n de las monarqu¨ªas en las democracias modernas reside en su utilidad, cuando efectivamente existe. Mi an¨¢lisis se basaba en una opini¨®n que hab¨ªa escuchado repetidas veces al propio Rey. La Monarqu¨ªa espa?ola de 1976, da?ada inicialmente por su ilegitimidad de origen, consagr¨® su legitimidad de ejercicio precisamente con la instauraci¨®n del r¨¦gimen del 78, que consisti¨® en la devoluci¨®n de la soberan¨ªa al pueblo espa?ol en su conjunto (y no a ninguna de sus partes en particular). Tambi¨¦n aport¨® un notable reconocimiento del pa¨ªs por parte de las potencias extranjeras. Fue ¨²til, en una palabra. La Monarqu¨ªa de Felipe VI debe serlo tambi¨¦n y tiene desde luego su desaf¨ªo fundamental en la Catalu?a soliviantada y dividida en dos por el fanatismo de algunos. El papel de Felipe VI no puede por eso ser el de un jefe de relaciones p¨²blicas, pues se trata del m¨¢s alto representante del Estado, s¨ªmbolo de su unidad y permanencia seg¨²n reza la propia ley de leyes. Posee por lo mismo funciones de arbitraje y moderaci¨®n en el funcionamiento regular de las instituciones. Ya casi nadie duda de que las instituciones espa?olas no funcionan regularmente y un fracaso en esa misi¨®n supondr¨ªa destruir la ¨²ltima pieza que garantiza el equilibrio de nuestra Constituci¨®n democr¨¢tica del 78.

Frente a los cr¨ªticos del sistema emanado de la misma habr¨ªa que recordar que su historia es la de un ¨¦xito. No solo por la recuperaci¨®n de la libertad de los ciudadanos y la soberan¨ªa popular. En sus a?os de vigencia el PIB per capita se ha multiplicado casi por diez; la esperanza media de vida ha aumentado m¨¢s de diez a?os; la asistencia sanitaria se ha convertido en universal; todos los indicadores educativos se?alan mejoras sustanciales; cosechamos ¨¦xitos en innovaci¨®n y ciencia; ha crecido enormemente el papel de Espa?a en el exterior; nos hemos convertido en la primera o segunda potencia tur¨ªstica del mundo; nuestra cultura se ha desarrollado en un mercado de 450 millones de hispanohablantes; y se cuentan por decenas las multinacionales espa?olas, cuando antes nuestras empresas constitu¨ªan casi un homenaje a la autarqu¨ªa so?ada por el franquismo. Estar¨ªa bien que el Gobierno y los partidos pol¨ªticos dijeran algo de esto en el 40? aniversario de un r¨¦gimen ahora tan injustamente vilipendiado. La desigualdad hoy creciente, el desempleo juvenil, los problemas innegables a los que nos enfrentamos, son lacerantes y exigen urgente respuesta, pero no hay sistema mejor que el de la democracia representativa para tratar de hacerles frente. Por eso, los principales l¨ªderes deber¨ªan abandonar disputas menores y buscar el consenso, cada d¨ªa m¨¢s necesario, que permita cuanto antes una reforma de la Constituci¨®n que ayude a su permanencia. A comenzar por la convocatoria de elecciones generales a fin de establecer el mapa pol¨ªtico sobre el que ese consenso debe dise?arse.

Ser¨ªa una desgracia que solo la amenaza y el dolor producido por los actos terroristas fueran el elemento de solidaridad capaz de unir a nuestros dirigentes en la b¨²squeda racional de un pa¨ªs mejor para todos.