Falsa libertad

Ha hecho bien la directora general de Trabajo, Concepci¨®n Pascual, en presentar su dimisi¨®n y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en acept¨¢rsela por haber permitido la inscripci¨®n de un sindicato de trabajadoras del sexo sin haber obtenido la aquiescencia para una decisi¨®n pol¨ªtica de esa trascendencia. El Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® el pasado 4 agosto la inscripci¨®n administrativa del sindicato OTRAS, acr¨®nimo de Organizaci¨®n de Trabajadoras Sexuales, entidad constituida en Barcelona, sin que el asunto hubiera sido objeto de discusi¨®n previa. El Gobierno estudia ahora la forma de revertir esa autorizaci¨®n, pero es evidente que la direcci¨®n general que ha permitido el registro oficial ha actuado con precipitaci¨®n y sin el amparo pol¨ªtico necesario.

La regulaci¨®n de la prostituci¨®n ha sido y es objeto de fuerte controversia en la sociedad y tambi¨¦n dentro del partido del Gobierno. De hecho, la primera iniciativa legislativa para regular la protecci¨®n laboral de las prostitutas parti¨® del partido socialista en Catalu?a, cuando formaba parte del Gobierno de la Generalitat, y no prosper¨® precisamente por la oposici¨®n que suscit¨® en el propio partido y en el movimiento feminista. La directora general no pod¨ªa ignorar lo delicado de esa decisi¨®n y, por tanto, es muy razonable que haya dimitido de su cargo.

Legalizar un sindicato de prostitutas significa reconocer de alg¨²n modo a la prostituci¨®n como actividad laboral, pero la venta del cuerpo no puede considerarse nunca un trabajo. La prostituci¨®n no es ahora una actividad ilegal, pero tampoco legal, y admitir que pueda haber una relaci¨®n laboral implica dar cierta cobertura a una actividad que se nutre fundamentalmente de la explotaci¨®n forzosa de las mujeres.

Quienes defienden la regulaci¨®n apelan a la libertad de las mujeres para utilizar su cuerpo y sostienen que es mejor reconocerles determinados derechos sociales y laborales que dejarlas a la intemperie que supone la actual situaci¨®n de alegalidad. No dudamos de que puede haber mujeres que hayan decidido libremente prostituirse. Su decisi¨®n tiene que ser respetada, pero a la hora de otorgar cobertura laboral a su actividad deben tenerse en cuenta las consecuencias que una decisi¨®n de este tipo tendr¨ªa para todo el colectivo y para el conjunto de la sociedad.

El argumento del mal menor no puede ser aceptado en un asunto en el que est¨¢ en juego no solo la dignidad sino la libertad de las mujeres. Porque ciertamente puede haber algunas que ejercen la prostituci¨®n por decisi¨®n libre, pero son una minor¨ªa tan exigua que en absoluto pueden considerarse representativas. Estamos muy lejos de poder garantizar una verdadera libertad de elecci¨®n. La realidad es que la inmensa mayor¨ªa de las prostitutas ejercen forzadas, algunas porque no tienen una opci¨®n mejor para subsistir y muchas otras porque han sido sometidas por la fuerza y viven en condiciones de esclavitud. Reconocer la prostituci¨®n como una actividad econ¨®mica m¨¢s supondr¨ªa dar cobertura legal a una de las formas m¨¢s crueles y degradantes de violencia contra las mujeres.