Arco minero del Orinoco: la crisis de la que pocos hablan en Venezuela

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Desde el a?o 2016 una decisi¨®n del gobierno de la Rep¨²blica Bolivariana de Venezuela ha dispuesto de la totalidad de 111.843 kil¨®metros cuadrados para la explotaci¨®n de minerales, decisi¨®n que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazon¨ªa venezolana y la vida de las comunidades ind¨ªgenas de la zona. Esta ¨¢rea es tan grande como la extensi¨®n total de pa¨ªses como Cuba, Corea del Sur, Austria, Rep¨²blica Checa o Suiza.

Venezuela ha vivido de la explotaci¨®n petrolera desde que la extracci¨®n de hidrocarburos super¨®, en la d¨¦cada de 1910, el cultivo y comercializaci¨®n de caf¨¦ y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energ¨¦tica. Ahora, en un contexto de profunda crisis econ¨®mica, el gobierno intenta diversificar sus pol¨ªticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos econ¨®micos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 se cre¨® la llamada Zona de Desarrollo Estrat¨¦gico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio nacional. Esta zona se encuentra en el margen sur del r¨ªo Orinoco, la principal fuente de agua del pa¨ªs, donde habitan 54.686 personas ind¨ªgenas, seg¨²n el ¨²ltimo censo del a?o 2011, y una gran biodiversidad ecol¨®gica que tras esta decisi¨®n se encuentra bajo amenaza.

Seg¨²n el decreto, el AMO busca la extracci¨®n y comercializaci¨®n por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, colt¨¢n, diamantes, oro, hierro, cobre, caol¨ªn y dolomita en toda la margen sur del r¨ªo Orinoco. Esto se ha promovido ignorando dos requisitos necesarios de acuerdo a la propia Constituci¨®n de Venezuela, aprobada en el a?o 1999.

El primero de ellos, art¨ªculo 129, la obligaci¨®n de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar da?os a los ecosistemas. Adicionalmente, art¨ªculo 120, la realizaci¨®n de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en h¨¢bitat ind¨ªgenas.

Son muchos los sectores que han criticado el proyecto, desde sectores ind¨ªgenas que han visto sus derechos afectados, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos quien han alzado su voz, intentando prevenir la afectaci¨®n de esta zona. En este sentido, las organizaciones Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Ind¨ªgenas de la Universidad de Los Andes y Laboratorio de Paz, denunciaron ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a derechos humanos en el marco de este proyecto, como la omisi¨®n de la realizaci¨®n del estudio de impacto ambiental as¨ª como del derecho a la consulta previa, libre e informada; impactos negativos en el proceso de demarcaci¨®n de los territorios ind¨ªgenas; vulneraciones del decreto para los derechos a la libertad de reuni¨®n y asociaci¨®n pac¨ªfica, as¨ª como en los derechos laborales y la militarizaci¨®n de la zona sin realizar consultas efectivas con las comunidades ind¨ªgenas.

En un contexto de profunda crisis econ¨®mica, el gobierno intenta diversificar sus pol¨ªticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos econ¨®micos a corto plazo.

Sin embargo, el gobierno de Nicol¨¢s Maduro no ha escuchado las diferentes cr¨ªticas realizadas contra este proyecto. Por el contrario, las diferentes iniciativas que por ejemplo, han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional p¨²blico de medios.

En un pa¨ªs sumido en una profunda crisis social, econ¨®mica y pol¨ªtica, es poca la atenci¨®n que se ha prestado a esta situaci¨®n y el proceso de movilizaci¨®n contra el proyecto, que incluye acad¨¦micos, activistas medioambientales y de derechos humanos, ind¨ªgenas, m¨²sicos y otros sectores se ha eclipsado. Esto, a pesar de las repercusiones de este proyecto que ya se empiezan a notar. En los ¨²ltimos a?os, la miner¨ªa ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades econ¨®micas inmediatas.

Esto ha tra¨ªdo como consecuencia la acentuaci¨®n de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo. En un pa¨ªs enfrentando una grave crisis humanitaria con una creciente escasez de medicinas, esto no es un mal menor. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el n¨²mero de muertes a consecuencia de estas enfermedades es significativo.

La crisis social, pol¨ªtica y econ¨®mica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el pa¨ªs, merecen la atenci¨®n de las organizaciones nacionales, as¨ª como de la comunidad internacional. Sin embargo, no podemos ignorar la grave situaci¨®n ambiental que puede derivar de la implementaci¨®n del proyecto del Arco Minero y la vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de las comunidades ind¨ªgenas de la zona.

En mayo de 2018, 24 pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe (ALC) adoptaron el Acuerdo de Escaz¨², que busca garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la informaci¨®n y el derecho de la poblaci¨®n a ser consultada en asuntos que puedan afectar su calidad de vida o el derecho a gozar de un ambiente sano.

El proceso de ratificaci¨®n del instrumento se abre en septiembre de 2018, y un compromiso indiscutible con la garant¨ªa de los derechos ambientales y la protecci¨®n de las personas defensoras del medio ambiente, ser¨ªa la inmediata ratificaci¨®n del mismo por parte de Venezuela y su efectiva implementaci¨®n.

Marianna Belalba Barreto es investigadora en CIVICUS, la Alianza Mundial para la Participaci¨®n Ciudadana.

Rafael Uzcategui es coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educaci¨®n-Acci¨®n en Derechos Humanos.

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