El gobierno de los jueces

Ser¨¢n las pr¨®ximas elecciones en Brasil la consumaci¨®n de un golpe a la democracia? Esta pregunta se hac¨ªa el auditorio durante un coloquio celebrado en Madrid, en el que participaban entre otros el excanciller Amorim, el presidente Felipe Gonz¨¢lez y el juez Baltasar Garz¨®n. Ante la eventualidad de la victoria del neofascista Bolsonaro, los asistentes se sumaron de una u otra forma a las demandas de libertad para Lula da Silva, condenado a doce a?os de c¨¢rcel y en prisi¨®n desde abril. Despu¨¦s de que Dilma Rousseff fuera expulsada del poder mediante un impeachment torticero, el proceso pol¨ªtico brasile?o se ha visto envuelto en cantidad de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que afectan a l¨ªderes de todos los partidos, incluido el actual presidente Temer. Existen considerables indicios de que asistimos desde hace a?os a una conspiraci¨®n de los sectores m¨¢s reaccionarios del pa¨ªs para desalojar del poder al PT mediante la utilizaci¨®n de artima?as legales y la manipulaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica. Como consecuencia, Gonz¨¢lez desgran¨® la siguiente reflexi¨®n: cuando se judicializan los procesos pol¨ªticos, irremediablemente la justicia acaba politiz¨¢ndose. Es lo que se ha denominado ¡ªa?adi¨®¡ª el gobierno de los jueces.

Semejante aserto evoca necesariamente los sucesos de Catalu?a. La progresiva ausencia del Estado en la comunidad aut¨®noma y el pasmo del presidente Rajoy ante lo que all¨ª suced¨ªa, acabaron por situar a la judicatura en el centro del debate pol¨ªtico. Naturalmente la situaci¨®n brasile?a y la catalana nada tienen que ver entre s¨ª, pues en nuestro caso el golpe a la democracia lo intentaron dar los pol¨ªticos hoy encarcelados por presunta sedici¨®n o rebeli¨®n. De modo que los tribunales se vieron abocados a poner coto a la insurrecci¨®n contra el Estado, organizada y alimentada desde la Generalitat. Pero persiste la coincidencia de que fiscales y jueces, no diputados y gobernantes, hayan asumido el protagonismo en litigios que originariamente eran estrictamente pol¨ªticos. En cualquier circunstancia, la legislaci¨®n penal es el ¨²ltimo recurso al que acogerse para defender la legalidad, no el primero, como ha sucedido en la deriva del proc¨¦s catal¨¢n. De las inevitables consecuencias de su aplicaci¨®n pueden derivarse situaciones todav¨ªa m¨¢s complejas de las que ya padecemos. La responsabilidad seguir¨¢ siendo de los demagogos que han enardecido a los ciudadanos con mentiras y se?uelos, y de los dirigentes incapaces de gobernar la nave del Estado en momentos de dificultad. Pero no ha de faltar quien se preocupe, con raz¨®n, por los da?os colaterales que el gobierno de los jueces vaya a ocasionar.

La politizaci¨®n de la justicia no se produce por la acci¨®n de los tribunales, sino por la omisi¨®n de los pol¨ªticos y la tendencia del ejecutivo a interferir en las decisiones judiciales. D¨ªas atr¨¢s hemos escuchado un aluvi¨®n de declaraciones de ministros en el sentido de que les gustar¨ªa que los acusados de rebeli¨®n no estuvieran en prisi¨®n preventiva, e incluso sugiriendo promesas de indulto para quienes no han sido todav¨ªa ni juzgados ni condenados. Probablemente pretend¨ªan aplacar la presi¨®n independentista, pero lo ¨²nico que han conseguido es aumentar la polarizaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica, v¨ªctima ya de toda clase de palabrer¨ªas y mendacidades. La separaci¨®n de poderes y el respeto a la ley son base inexcusable del ejercicio democr¨¢tico. A quienes desde el poder traten de perpetrar la muerte de Montesquieu habr¨¢ que recordarles que esta equivale al fin de las libertades. Por supuesto, el m¨¢s aguerrido de los filibusteros que tratan de eliminar la independencia judicial, por la que ir¨®nicamente clama, es el presidente Torra. Una y otra vez exige al Gobierno de Madrid la retirada de cargos contra los sediciosos, como si Moncloa pudiera tomar decisi¨®n semejante. Y hoy se dispone a celebrar el primer aniversario de un refer¨¦ndum ilegal e ileg¨ªtimo, en permanente desaf¨ªo a la mitad de un pueblo sometido a su desgobierno y v¨ªctima del colapso de sus instituciones. Lo peor es que el deterioro amenaza tambi¨¦n al funcionamiento de las del Estado.

Una de las pocas que parec¨ªan librarse, precisamente la justicia, se ve sometida ahora a toda clase de insidias y descalificaciones, politizada como est¨¢ por la despolitizaci¨®n de los pol¨ªticos. No solo en el caso de los intentos secesionistas: tambi¨¦n en temas sobre violencia de g¨¦nero, corrupci¨®n administrativa e incluso sanciones a los plagiarios, la apelaci¨®n a la presi¨®n popular sobre el ejercicio de la justicia y la aplicaci¨®n de improvisados criterios sobre la moralidad del liderazgo distorsionan de nuevo el panorama. No citar¨¦ ejemplos, pero pedir la dimisi¨®n de nadie por haber dicho de otro en una conversaci¨®n privada que es un maric¨®n es en s¨ª misma una gilipollez, y me atrevo a decir que hasta una mariconada. Desde que Cela publicara su Diccionario secreto, los espa?oles nos hemos vuelto uno de los pueblos peor educados del mundo, con una enriquecedora variedad de palabras malsonantes en nuestro idioma que para s¨ª quisieran muchos otros. Tratar de disminuir su empleo ser¨ªa el anhelo de los redactores de un manual de buenas costumbres. Pero el puritanismo c¨ªnico de que hacen gala por criticar su uso senadores, diputados, tertulianos vocingleros y libelistas digitales no hace sino minar a¨²n m¨¢s los cimientos de la democracia representativa.

El debate pol¨ªtico se ha embrutecido y degradado. El Gobierno busca atajos y triqui?uelas para aprobar los presupuestos y la oposici¨®n se atrinchera en consideraciones leguleyas para impedirlo. Se nos hurta as¨ª una discusi¨®n ordenada sobre el contenido del mismo y las razones para apoyarlo o combatirlo. El debilitamiento de las instituciones, su progresivo deterioro, mucho tiene que ver con la suposici¨®n de que el fin justifica los medios, la m¨¢s antidemocr¨¢tica de cuantas puedan imaginarse. Convertir la responsabilidad pol¨ªtica en una mera lucha por el poder, sea para mantenerlo o para abatirlo, constituye una contribuci¨®n m¨¢s al desgaste del r¨¦gimen del 78. La polarizaci¨®n agitada por las redes sociales, vociferada al un¨ªsono en las Cortes y en las televisiones, acabar¨¢ por minar los cimientos de nuestra democracia representativa. La ausencia de reflexi¨®n intelectual entre quienes nos desgobiernan y quienes aspiran a desgobernarnos es por lo mismo lacerante.

Ojeando un estudio sobre la correspondencia privada de Andr¨¦s Saborit, bi¨®grafo de Besteiro, he espigado recientemente tres observaciones de eximios republicanos que padecieron persecuci¨®n y exilio. Clara Campoamor elogiaba en 1962 desde Lausanne la figura de don Juli¨¢n, de quien exaltaba sus principales caracter¨ªsticas: "Reciedumbre moral y elegancia espiritual". Luis Jim¨¦nez de As¨²a, el penalista m¨¢s reputado de cuantos han existido en la historia del derecho espa?ol, comentaba desde Buenos Aires en 1968 que en opini¨®n de Merceditas, su esposa cubana, "Espa?a no es Europa. Espa?a es Espa?a y nada m¨¢s". Claudio S¨¢nchez Albornoz, en 1973, tambi¨¦n desde Argentina, se lamentaba: "No puedo olvidar los errores y los disparates que hicimos los hombres de la Rep¨²blica. Que nuestro ejemplo sirva para quienes un d¨ªa lejano vuelvan a repetir nuestra aventura".

La Transici¨®n logr¨® desmentir las opiniones de Merceditas quiz¨¢ porque el ejemplo de don Claudio sirvi¨® de br¨²jula a quienes la llevaron a cabo. Debemos preguntarnos entonces donde est¨¢n en el hemiciclo la reciedumbre moral y la elegancia espiritual de Besteiro. Sin gentes como ¨¦l no tardar¨¢ en surgir de entre nosotros el Bolsonaro de turno. En Barcelona ya comienza a ense?ar la cabeza.